18 de agosto 2022
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El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, fue enviado a su casa para seguir cumpliendo en arresto domiciliario, la condena de trece años de prisión que le impuso un juez del régimen que gobierna Nicaragua.
Aguerri fue detenido en junio de 2021, casi al inicio de la cacería de opositores ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que suma casi 190 personas reas de conciencia, y llevó a llenar las cárceles con connotados líderes del sector privado, entre ellos Luis Rivas Anduray, en ese momento CEO del Grupo Promerica.
Una fuente del Cosep dijo a CONFIDENCIAL, siempre bajo condición de anonimato, que la cúpula gremial ha abogado por todos los presos políticos todo el tiempo, especialmente por sus líderes, y que, aunque esperaban verlos libres, esta noticia los tomó por sorpresa.
“Solo puedo decirte que está deteriorado físicamente. Es como si hubieran pasado cinco años por él”, relató. “Nuestra esperanza ahora, es que este sea el inicio de una flexibilización de las condiciones para todos ellos”, para que puedan -por lo menos- seguir cumpliendo esta ‘condena’ desde sus casas, agregó.
En su momento, la detención de Aguerri, y de otros líderes como su sucesor en el cargo, Michael Healy y su vicepresidente Álvaro Vargas, generó una ola de solidaridad de parte del sector privado centroamericano, que reclamó la liberación, en ese momento, de Aguerri y los precandidatos presidenciales, y continental después, cuando el número de capturas injustas, y los juicios espurios que le siguieron, afectó a otros líderes gremiales.
La situación de los presos políticos es tan grave que, desde el extranjero, organizaciones de exiliados nicaragüenses, o de derechos humanos en general, mantienen campañas activas para que los liberen.
