18 de julio 2021
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A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU) pronosticó que el régimen de Daniel Ortega se encontrará cada vez más aislado globalmente, mientras se resista a abordar “las preocupaciones de la comunidad internacional sobre las violaciones de derechos humanos y libertades políticas”.
El Ejecutivo enfrenta una mayor supervisión del financiamiento de los organismos multilaterales tras el enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos— el mayor socio comercial— lo que ha acentuado su dependencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el análisis, publicado este 16 de julio, el control de Ortega no cambiará. Se prevé un continuismo—sea con él o con Rosario Murillo como candidata—, a consecuencia de un proceso electoral bajo control del oficialismo y con unas “reglas amañadas contra la oposición”, pero también advierte que aunque “la lealtad de las fuerzas de seguridad (hacia Ortega) está actualmente asegurada, existe un alto riesgo de fracturas dentro del régimen si las condiciones económicas o políticas empeoran radicalmente”, se lee en el informe.
El análisis de EIU hace referencia a la escalada represiva del Gobierno, que ha dejado 26 opositores detenidos, entre ellos seis posibles competidores de Ortega en los meses previos a las votaciones.
“Una de las principales vulnerabilidades del régimen es su exposición a las medidas punitivas de Estados Unidos”, dice la publicación especializada, que recuerda que se han aplicado sanciones a 31 altos funcionarios nicaragüenses, incluida Murillo. Este castigo económico se ha dado tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos surgidas desde 2018, cuando la represión estatal dejó al menos 328 personas asesinadas, de acuerdo con organismos de derechos humanos internacionales.
La Unidad de Inteligencia de The Economist explica que, aunque no esperan que esas sanciones económicas tengan un impacto en el Gobierno de Ortega, existe el riesgo de que Estados Unidos aumente las presiones a través de “sanciones a toda la economía”, lo que eventualmente podría debilitar la posición del Ejecutivo.
Se refieren a la posibilidad de que Nicaragua sea suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA), la que valoran como un riesgo creciente, luego de la reciente condena de 26 de 33 países. También están los efectos de la ley Renacer, aprobada recientemente en el Senado de Estados Unidos, en la que se planteó la posibilidad de sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU.
En este caso, la revista explica que se requerirá de la presentación de varios informes de la administración Biden sobre Nicaragua en un plazo de 90 días desde la aprobación de la ley, mientras la salida del gobierno del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos generaría complicaciones a los otros países miembros.
“No esperamos que la letanía de medidas adoptadas hasta ahora por la comunidad internacional desestabilice la economía de Nicaragua. Sin embargo, las amenazas en este frente están creciendo claramente”, agregan.
Las vulnerabilidades del régimen Ortega Murillo
El análisis dice que, aunque el Gobierno de Ortega seguirá una política expansiva este año por razones electorales, en 2022 se verá obligado a consolidar sus cuentas, a medida que se vayan disminuyendo las fuentes de financiamiento externo.
“Los conflictos políticos recurrentes y la poca confianza en el Estado de Derecho frenarán las perspectivas de crecimiento, a pesar de las lucrativas oportunidades en minería, energía y manufactura. Por eso, Nicaragua seguirá siendo uno de los países más pobres del hemisferio occidental”, advierten.
También sostienen que puede haber riesgo de intervencionismo estatal en algunas áreas, destinado a socavar a oponentes del régimen Ortega Murillo, sin embargo, pronostican que Ortega mantendrá una política ortodoxa, con el sector privado impulsando ganancias modestas de productividad entre 2021 y 2025.
Sin ofrecer mayores detalles, se plantea como una posibilidad alta que ocurra una pérdida repentina de reservas internacionales, lo que puede provocar que se tomen medidas de control de capital. El informe también menciona la posibilidad de que una política tributaria agresiva empeore el ambiente de negocios.
En el relato de la situación de Nicaragua, la publicación dice que “cualquier signo de disensión es ahora sofocado rápidamente, manteniendo a la oposición contenida”, en referencia al Estado de policial de facto que el Ejecutivo ha impuesto desde septiembre de 2018 y que ha conllevado al asedio y encarcelamiento de líderes opositores.
Además de sus líderes encarcelados, la oposición enfrenta otros problemas como el de acceder al financiamiento para su campaña. La sección especializada de la revista dice que, aunque considera que pueden darse expresiones del malestar de parte de la oposición en el contexto electoral, las mismas serán esporádicas dada la amenaza de represión violenta del Estado.
Para el informe del EIU, el Ejecutivo tomará decisiones a corto plazo, las cuales dependen de consideraciones políticas, dado el contexto electoral.
Si se ha dado una mejoría temporal del financiamiento externo a partir de julio de 2020 fue por cambios en el manejo de la pandemia, lo que conllevó una inyección de 400 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), sumado a 700 millones de dólares del BCIE en préstamos y donaciones, los que, en parte, son préstamos para la reconstrucción de infraestructura, tras los daños provocados por los huracanes Iota y Eta, a finales de ese mismo año.
“No obstante, dado que la financiación de emergencia de las organizaciones multilaterales se reduce a mediano plazo, el Gobierno se verá obligado a realizar ajustes para consolidar las finanzas públicas”, afirmaron.
