12 de noviembre 2022
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La advertencia de Daniel Ortega, de que “habrá que revisar” el régimen impositivo de las empresas de telecomunicaciones que “se han beneficiado de las privatizaciones”, amenaza a grandes capitales extranjeros que han invertido en Nicaragua, como las multinacionales América Móvil y Millicom y, dueñas de las marcas Claro y Tigo, respectivamente, que han invertido centenares de millones de dólares para proveer conexión a Internet, y telefonía celular, en todos los municipios del país.
América Móvil es propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim. Millicom, que tiene sede en Luxemburgo, y una oficina corporativa en Florida, se originó de la fusión de capitales suecos y estadounidenses, principalmente, y recientemente compró las operaciones en Centroamérica, de la empresa española Telefónica, dueña de la marca Movistar.
Se calcula que esa industria generará ingresos por USD 667.1 millones este año. En el país existen alrededor de seis millones de líneas móviles, segmento en el que Claro tiene alrededor del 55% de participación y Tigo tiene casi todo lo demás. El 100% de los municipios tiene cobertura celular, (y por consiguiente, acceso a Internet móvil), lo que cubre al 85% de la población. El 45% de los municipios cuenta con la tecnología LTE.
El pasado 8 de noviembre, al participar en un congreso de la Juventud Sandinista, acto que aprovechó para tratar de justificar la comisión de un nuevo fraude electoral, Ortega dijo que las empresas de telecomunicaciones obtienen “buenas ganancias”, pero que los pagos de impuestos que hacen “no eran justos” en comparación con los beneficios económicos que obtienen.
Además de Claro y Tigo, hay capitales nicaragüenses y de otros países que operan empresas medianas y pequeñas como Ideay, IBW, Metronet, Yota, Cablenet, Ufinet, ALFA, Casavisión, SBA, Alliance y Torrecom, que conforman la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones (Canitel).
Pese a que el sector es clave para el desarrollo económico, estos ataques degradan la imagen del país como sitio para atraer inversión extranjera.
Como titular del Poder Ejecutivo, Ortega ha tenido la posibilidad de modificar el régimen impositivo que cubre a las empresas de telecomunicaciones, pero es solo hasta ahora, en su décimo sexto año de mandato consecutivo, después que se rompió el ‘Modelo de Diálogo y Consensos’ con el sector privado, que usa estos argumentos.
El interés del régimen en controlar las empresas de telecomunicaciones ha estado vinculado a sus alianzas económicas con grupos empresariales de Rusia y China. Investigaciones periodísticas lo señalan como uno de los dueños de Yota, una empresa de capital y tecnología rusa que ofrece acceso a Internet, así como de Xinwei, propiedad de Wang Jing, que nunca logró establecerse en el mercado, pese a todo el impulso gubernamental que recibió.
“Esto no es de ahora. A partir de 2018 comenzó una ‘cacería’ de impuestos, tratando de sacarle más dinero a las empresas que prestan el servicio de telecomunicaciones. Inclusive cuando Tigo compró a Telefónica, la gente del Gobierno buscó la manera de subir los impuestos que querían cobrar por esa transacción”, dijo a CONFIDENCIAL, solicitando el anonimato, un profesional que presta servicios a una empresa del sector.
La fuente advirtió que “una buena parte de cualquier nuevo impuesto que se le imponga a estas empresas, al final será pagado por los consumidores”, advirtiendo que un efecto posible de un aumento en la carga impositiva de estas empresas, es que ellas lo trasladen –en todo, o en parte– a sus clientes, y que estos reaccionen reduciendo su consumo.
“Si pasa eso, puede terminar afectando el empleo de los trabajadores directos de esas empresas, así como los puestos de trabajo que generan sus proveedores”, alertó.
Daniel Ortega durante la clausura del Congreso de la Juventud Sandinista.
Foto: Confidencial | Tomada del 19 Digital.
El viejo intento de controlarlos
Según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de agosto pasado, que elabora el Banco Central de Nicaragua, el sector tuvo un crecimiento de 10.6% en los servicios de comunicaciones, comparado con agosto de 2021.
Entre los intentos de Ortega por controlar al sector, se recuerda que, el 20 de marzo de 2013, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), emitió el acuerdo administrativo 005 – 2013, en el que ordenaba a las empresas del sector, “someter a la aprobación de esta Autoridad Reguladora el nombramiento de sus directores y/o gerentes generales, directores y/o gerentes o jefes de informática o de sistemas, y directores y/o gerentes o jefes de seguridad”.
Aún cuando eran los tiempos del cogobierno entre Ortega y los empresarios del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tuvo que interponer una decena de recursos de revisión administrativa, y utilizar su capacidad para negociar con el mandatario, para hacer que el Gobierno desistiera de esa idea.
Dos años después, en abril de 2015, las empresas afiliadas a la Cámara conocieron el anteproyecto de ‘Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha’, misma que rechazaron por considerarla “contraproducente”, al sentir que “desincentiva la inversión privada”, y “crea una distorsión en el mercado y competencia desleal”, proyecto que quedó ‘dormido’.
Luego, en enero de 2017, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel), conformaron una empresa privada, lo que alarmó a las empresas del sector, que vieron en esa iniciativa conjunta una nueva forma de competencia desleal, por considerar que siempre es posible que los órganos reguladores de ambos países –o los mismos gobiernos– favorezcan a ‘su’ empresa.
La empresa tiene un sitio web activo, en el que ofrece servicios corporativos, empresariales y residenciales, entre los cuales destacan que tienen presencia nacional, y ofrecen televisión digital, Internet, y circuito cerrado de cámaras de televisión, para seguridad.
Más recientemente, en mayo de 2020, Canitel informaba que “el Acuerdo Administrativo 004-2020 de Telcor, es una reforma parcial al Acuerdo Administrativo 006-2013, emitido por el ente regulador y vigente desde abril del 2013. Este Acuerdo dispone la obligación de notificar a Telcor sobre designación de cargos gerenciales”.
