17 de noviembre 2022
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Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó Nicaragua entre el 7 y el 15 de noviembre, señaló en un comunicado una serie de razones (la mayoría de tipo externo), por las que se frenó la caída de la economía nacional, y dio inicio al periodo de recuperación observado a partir de 2021. También se anunció que en noviembre, el Gobierno publicará informes de auditoría externa sobre el uso de los fondos covid-19.
Al presentar sus recomendaciones en materia de transparencia fiscal, los expertos del Fondo anuncian el compromiso gubernamental “de publicar los informes de auditoría externa sobre el uso de todos los fondos covid-19”. Una primera publicación con datos cortados a mayo de 2021, debería ver la luz a finales de este mes, aunque hasta ahora, el régimen se ha resistido a cumplir sus compromisos previos en materia de transparencia sobre este y otros temas.
Al señalar los riesgos para nuestra economía en los siguientes años, los expertos indican al Gobierno que mantenga sus políticas “prudentes” y las decisiones que le permitieron salir de la “lista gris” del GAFI. Además, mantener las medidas que garanticen la salud del sistema bancario; y enumera las decisiones que supuestamente implementó la Contraloría General de la República (CGR), para cumplir su papel fiscalizador.
Basado en el Artículo Cuarto de su Pacto Constitutivo, una misión del Fondo visita los países cada año, para evaluar los aspectos más importantes de su situación macro. El grupo de expertos, este año dirigido por Alina Carare, sostuvo reuniones virtuales los días 3 y 4 de noviembre. En Managua, se reunió con el ministro de Hacienda, Iván Acosta; el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y “altos funcionarios y representantes del sector privado, los bancos y la comunidad internacional”, dijo el ente financiero.
Al asegurar que el PIB creció 10.3% en 2021, y se espera que crezca 4% en 2022, el Fondo detalla que esto se debe al consumo privado, a los altos precios de nuestros productos de exportación; al crecimiento de las remesas, de la inversión extranjera directa, y a la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) en agosto de 2021.
Todo ello permitió acumular reservas internacionales brutas por unos US$ 4200 millones, (unos seis meses de importaciones, excluyendo maquila), para finales de septiembre de 2022. Del mismo modo, señalan cómo a pesar de las medidas para mitigar el impacto del aumento de los precios del petróleo, del trigo y de los fertilizantes, la inflación llegó a 12% en octubre de 2022, impulsada principalmente por los precios de importación.
Empresarios privados han denunciado a CONFIDENCIAL, que el régimen maniobró en la Dirección General de Servicios Aduaneros, para mantener altos los impuestos que cobra a los fertilizantes, lo que impide que baje el precio de esa materia prima.
Recomiendan a Ortega seguir siendo “prudente”
De cara al futuro cercano, los expertos del Fondo esperan que el crecimiento del PIB sea de 3% en 2023, “debido a una demanda externa más débil y unas condiciones financieras externas más restrictivas”, y que a mediano plazo, “el crecimiento del PIB real converja a su potencial de alrededor del 3.5%, dada la cautelosa recuperación de la inversión y el crédito al sector privado, y una menor participación en la fuerza laboral”.
Adicionalmente, advierten que una recesión mundial más severa, un mayor endurecimiento externo de las condiciones monetarias, y precios de importación más altos de lo esperado, “podrían resultar en un PIB real más bajo y menor crecimiento de las remesas; mayor inflación; menor acceso a los alimentos y mayor déficit fiscal”.
Con todo, tratando de conjurar esas posibilidades, recomiendan continuar con las políticas monetarias, fiscales y financieras “prudentes”, para “crear resiliencia y lograr un crecimiento sostenido a mediano plazo”.
Según el Fondo, el Gobierno realiza esfuerzos para “sostener el crecimiento a mediano plazo mediante la inversión en infraestructura, reduciendo los costos de energía y mejorando el capital humano”, acción que apoyan, recomendando sostener los esfuerzos para “mejorar el clima de negocios” e implementar reformas estructurales para aumentar el empleo formal, lo que ayudaría a frenar la migración y fortalecer las cuentas del seguro social”.
En realidad, la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene pocos incentivos para frenar la migración, siendo que la continua salida de nicaragüenses disminuye el desempleo en el país, funciona como válvula de escape para las presiones de una sociedad insatisfecha con su modelo de Gobierno y, más importante aún, representa un aumento sin igual de las remesas, que este año podrían superar la barrera de los USD 3000 millones.
Los expertos de la entidad multilateral advierten que los saldos fiscales, la actividad económica y los resultados sociales “podrían verse afectados por desastres naturales, dada la alta exposición de Nicaragua al cambio climático y la dependencia económica de sectores sensibles al clima”, pero también que “un deterioro del clima de negocios y sanciones internacionales más estrictas, afectarían las corrientes comerciales y financieras”.
El FMI también espera que la política fiscal ayude a reducir la deuda pública, que ronda el 57% del PIB; apoya los esfuerzos para tratar los desequilibrios estructurales de las empresas estatales y mejorar las cuentas del seguro social; pide recordar la vulnerabilidad ante los desastres naturales, y prevenir una mayor rigidez de las condiciones financieras mundiales, recomendando focalizar mejor los subsidios y reasignar el gasto corriente para “mantener los niveles de gasto social, reducir la pobreza y apoyar el crecimiento”.
Los bancos y la Contraloría
En referencia a los bancos locales, indican que si bien estos “están bien capitalizados y son líquidos”, su resistencia podría fortalecerse aún más. Mientras crecen los depósitos bancarios en córdobas -al punto que ya superan los niveles precrisis- el crédito al sector privado repunta, pero “se mantiene por debajo de los niveles anteriores a la crisis”.
Los datos también muestran que “los préstamos dudosos se han reducido a la mitad en los últimos dos años” (1.9% en septiembre de 2022) y que el nivel de activos en dificultades (en referencia a los préstamos dudosos, forados, reestructurados y refinanciados, así como activos embargados) sigue disminuyendo pero aún es significativo: 12.1% en septiembre de 2022.
Por todo eso, recomiendan “aumentar el nivel de provisiones para activos en dificultades”, y destacan la necesidad de garantizar que se conserven prácticas crediticias sólidas, aplicando las mejores prácticas internacionales, ampliando el perímetro de supervisión prudencial para superar las ‘lagunas de datos’ de las cooperativas de ahorro y crédito, priorizando las más grandes, además de seguir vigilando el riesgo cambiario, dado el alto grado de dolarización.
Siempre en materia financiera, recuerdan que el “conjunto integral de reformas legales” que implementó el país para alinear el marco legal nacional con los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, permitió que el GAFI nos excluyera de su “lista gris”, recomendando la aplicación adecuada de ese marco legal.
En referencia a la Contraloría General de la República (CGR), dicen que esta “ha tomado medidas para fortalecer la supervisión del uso de fondos públicos, [pero] se necesitan mayores esfuerzos para garantizar auditorías basadas en el riesgo y la publicación de informes de auditoría”.
Sin especificar a cuáles se refiere, el informe del FMI asegura que “el Estado ha tomado medidas para mejorar la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción, pero se necesitan más esfuerzos para fortalecer esos marcos y su aplicación efectiva”.
Luego, añaden que la CGR “introdujo una plataforma para recoger declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos”, y le recomiendan asegurar que el público tenga acceso a esas declaraciones, que las publique digitalmente, y que priorice las reseñas de personas políticamente expuestas.
Finalmente, recuerdan que para mejorar el clima de negocios y crecer más, hay que “fortalecer la capacidad de detectar y enjuiciar posibles actos de corrupción en todos los niveles de Gobierno”; cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública; garantizar la protección de los denunciantes, así como la imparcialidad y el acceso a la justicia; y respetar los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos y la protección de las inversiones.
