13 de agosto 2022
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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma legislativa para que las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), pasen del control del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), y del Conaderfi, al del Ministerio de Gobernación (Migob), lo que incluye poder cerrarlas sin tener que pasar por el Parlamento.
“Esto genera un estrés innecesario en nuestras organizaciones”, porque despierta la sospecha entre los empresarios, de que quieren cerrar las cámaras, así como al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) mismo. “Para efectos de control, el control ya existe… esto más bien afecta el clima de negocios”, dijo a CONFIDENCIAL, bajo promesa de anonimato, el administrador de una cámara del sector agroalimentario que integra la cúpula gremial.
Los cambios aprobados afectarán a las cámaras, federaciones y confederaciones gremiales empresariales, así como a organizaciones de tipo religioso, deportivo, recreativo, caritativo, social, cultural, educativo, y hasta a las organizaciones de cronometristas deportivos.
La reacción de los empresarios fue de extrema cautela. Representantes de ocho cámaras adscritas al Cosep, que hablaron con CONFIDENCIAL a condición de mantener su anonimato, más Lucy Valenti, exmiembro del Consejo Directivo de esa entidad, revelaron que el sector privado está analizando la nueva situación surgida, aunque es poco probable que hagan alguna declaración pública.
“Obviamente, están preocupados con este cambio pues lo que se deduce es que van a mantener un control más estricto sobre los gremios. [También] se sienten amenazados con la posibilidad de que cierren cualquier cámara que no se ajuste a sus instrucciones”, detalló Valenti.
El presidente de una cámara cuyo gremio comercializa productos importados, explicó el mutismo observado entre sus colegas, al admitir que “hay miedo de que cierren cámaras, y comiencen una persecución en contra de los empresarios, al punto que nadie va a decir ‘esta boca es mía’. Al menos, no en voz alta” porque, para efectos prácticos “ya nadie tiene boca”.
“Lo complejo es que ahora las cámaras deben ser consideradas ‘agentes extranjeros’. Al ser sin fines de lucro, aplica la otra ley”, explicó el directivo de otra gremial, reconociendo que algunas de las cámaras más fuertes reciben fondos externos para organizar sus actividades de promoción y capacitación, por ejemplo.
“Esto está generando incertidumbre y preocupación, pero las cámaras van a tener que irse a reinscribir, y entender que las reglas del juego cambian, que habrá nuevas exigencias, como la de convertirse en agente extranjeros, y someterse a esa ley, que es más estricta y burocrática”, dijo el gerente de otra cámara gremial.
Esta decisión conlleva un proceso de “centralizar la información, como una forma de luchar contra el lavado de activos. Lamentablemente, se da en un contexto muy político y de mucha sensibilidad, y por eso se le da una lectura política, pero se tendría que haber hecho aún si no hubiera una crisis política. También es cierto que le da [al Gobierno] un poder extraordinario, hasta para hacer política”, complementó.
“Se están analizando las posibles afectaciones, pero pensamos que si presentamos la información en tiempo y forma, no debería haber problemas”, dijo de forma optimista el presidente de otra cámara, mientras las lideresas de otras dos cámaras, explicaban que “solo sé que nuestra Junta Directiva estaba buscando apoyo de asesoría legal”, y que “estamos analizando, para decidir cómo vamos a actuar”.
FSLN: estamos ‘modernizando’ la ley
La reforma aprobada cambia hasta la fecha en que las cámaras del sector privado han de festejar su Día. En la reforma a la Ley 1115 o de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, se establece el 12 de octubre de cada año, como el Día de las Cámaras, Federaciones y Confederaciones gremiales de Nicaragua. El Cosep instauró el 8 de septiembre como “Día del Empresario”, para conmemorar el asesinato del que fuera su presidente, Jorge Salazar, en 1980.
“Eso no va a prosperar. El día del sector privado lo festeja el sector privado. Lo demás es demagogia”, añadió el administrador de la cámara del sector agroalimentario citado antes.
El nuevo texto legal reforma la Ley 1115, aprobada en marzo pasado, así como la Ley 522 o General del Deporte, Educación Física y Recreación Física, en vigor desde 2005; además de derogar la Ley 849 o Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales, activa desde 2013.
Los cambios ordenados, además de ampliar el abanico de organizaciones a las que pasa a regular el Migob, también le otorgan “la facultad para la autorización, regulación, funcionamiento, disolución, liquidación y cancelación de las OSFL, nacionales y de otras nacionalidades, mediante (un simple) Acuerdo Ministerial”.
Al tratar de justificar su actuación, el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada parlamentaria del Frente Sandinista dentro del hemiciclo, dijo que en América Latina, los controles de los OSFL están concentrados en una sola institución, citando como ejemplos a México, Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, El Salvador, o España.
“En ninguno de esos países, (aprobar o cancelar personerías jurídicas), es facultad del Poder Legislativo. Estamos entrando en la lógica de las legislaciones latinoamericanas… actuando de acuerdo a la corriente hispanoamericana de control de organismos sin fines de lucro”, aseguró.
Porras justifica ley guillotina
La política de ‘tierra arrasada’ que practica el Gobierno que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha cancelado hasta ahora, a 1406 oenegés, utilizando a la Asamblea Nacional, presidida por Porras, como la guillotina encargada de ‘extinguir’ a la sociedad civil… pero ya no más.
El diputado Gustavo Porras, titular de ese poder del Estado, argumentó que la reforma “es necesaria en términos… del quehacer político. Esta Asamblea ha pasado por procesos donde otorgaba personalidades jurídicas a OSFL, cámaras empresariales, asociaciones, universidades, y después, la Asamblea se desentendía y entregaba la tutela y el seguimiento a esos organismos, a otras instituciones”, como el Migob, el Mific, o el Conaderfi.
El legislador dijo que “no es la Asamblea Nacional, la que iba a dar seguimiento [para comprobar] si un grupo de personas… estaban usando esa personalidad jurídica para cometer delitos”, y cómo, después que el Ministerio de Gobernación decretaba la muerte civil de determinada entidad, “el caso regresaba a la Asamblea, para que cancelara la personalidad jurídica otorgada”.
Con el rostro compungido, Porras dijo que “no me parece racional que estemos aquí, cancelando personalidades jurídicas de organismos que tienen diez años de no cumplir con lo que la ley manda”, obviando que, en algunos casos, a muchas oenegés que ellos identifican como ‘opositoras’, el Migob simplemente dejó de recibirles la documentación, para hacerlos caer en un incumplimiento que justifique la decisión preconcebida de enviarlos a la ilegalidad.
“Después se tragan el cuento… de que son cancelaciones de orden político. Probablemente no investigan los anexos, donde sale quiénes son miembros de esas juntas directivas”, dijo, añadiendo que algunos diputados (también acólitos del Frente Sandinista) integran algunas de las organizaciones ilegalizadas.
Todo es político
“Esto no es una sorpresa”, dijo el administrador de la cámara del sector agroalimentario. “Esto confirma un sistema de Gobierno donde lo que interesa no es el bienestar general, sino alcanzar el control más absoluto de todo, eliminando toda forma de organización, pero está probado que ese sistema no funciona”.
La suma preocupación en que se han visto sumidos, ha llevado a una parte del liderazgo gremial a generar varias “interpretaciones: que van desde ‘quieren desaparecernos a todos, comenzando por el Cosep y aquellas que han sido más beligerantes’, hasta la tesis de que ‘quieren volvernos entidades mercantiles’”, mencionó.
Su criterio es que, en realidad, lo que evidencia esta propuesta de ley es que “hay un grado de desconfianza (en el Mific), o que el sistema institucional no está tan cohesionado como ellos quisieran, o como pretenden hacer creer. Por querer fortalecer un control, lo que hacen es evidenciar lo contrario”.
Recuerda que “la Ley 849 fue emitida en 2013, lo que dice que fue pensada bajo la lógica de este Gobierno. Hacer ahora estos cambios demuestra inconsistencia, ausencia de visión de largo plazo, además de falta de cohesión en el sistema gubernamental, siendo que, ya desde 2013, mostraban su interés por fortalecer un control base”.
Explica que, al hablar de “desconfianza”, se refiere al Mific, institución estatal que, al final, sí entregó las cartas de cumplimiento a las entidades gremiales. “Aunque en su fachada haya banderas rojinegras, a lo interno, el Mific sigue siendo una entidad técnica muy responsable, y como tal, se apega a derecho, lo que a veces los pone en conflicto, cuando les mandan a violar o manipular la ley, aunque eso no llega a hacerse público”.
“¿Por qué quitar atribuciones al Mific, si es del mismo Estado, y si vos mismo sos el que se las diste?”, pregunta. “Eso sugiere que necesitan centralizar estas funciones”, añade.
La razón por la que el control de las organizaciones gremiales migró del Migob al Mific, es porque a este último le corresponde el fomento empresarial, pero “con este cambio están diciendo que el manejo se vuelve político, y es inconsistente con la tesis oficial de poner lo político aparte de lo empresarial. Con esto, el Gobierno confirma que toda acción social, política o económica están interrelacionadas, lo que es correcto cuando es para el bien común, no para beneficiar a quien esté en el poder”, definió.
La fuente reiteró su certeza de que esto afectará al Mific, “porque hay un intento de subordinación política”, y que también afectará a las cámaras porque “con este cambio, nos harán pasar por el mismo filtro con el que están cerrando algunas OSFL, lo que es una señal de que puedan cerrar a algunas, comenzando por el Cosep, opción que están temiendo todas las cámaras”, compartió.
