29 de agosto 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 190 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, y al menos 34 de ellas están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, donde violenta los derechos más básicos que tiene toda persona privada de libertad, sostienen defensores de derechos humanos.
Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés), y Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señalaron que todas estas violaciones que sufren los reos de conciencia se dan, justamente, porque en Nicaragua “no hay Estado de derecho” y los sistemas penal y carcelario del país se usan de forma “antojadiza”.
“En Nicaragua no hay Estado de derecho y el sistema penal y carcelario se está usando al antojo del régimen y eso es lo que pasa cuando no hay ningún tipo de freno o contrapeso, cuando no hay ninguna institución independiente que le pueda poner freno a los excesos de la intolerancia de los regímenes”, apuntó Taraciuk en entrevista con el programa Esta Semana.
Resaltó que las presas políticas Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Tamara Dávila –integrantes del movimiento opositor Unamos– tienen más de 400 días en celdas de confinamiento solitario en El Chipote y valoró que sus casos son “emblemáticos de los abusos que estamos viendo contra críticos y opositores al régimen, que van en contra de cualquier estándar mínimo internacional de derechos humanos”.
El abogado Gonzalo Carrión señaló que en Nicaragua se usa de forma “arbitraria” y “a discreción” el sistema penitenciario, recordando que hay más de una docena de personas adultas mayores encarceladas que, pese a cumplir con requisitos de edad y condición de salud, siguen bajo regímenes carcelarios que atentan contra sus vidas.
CONFIDENCIAL contabilizó, con investigación hemerográfica y datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que el régimen Ortega-Murillo mantiene encarceladas por motivos políticos a 27 personas mayores 60 años, de los cuales once tienen “casa por cárcel”, otros once están en los diferentes prisiones de los sistemas penitenciarios del país y cinco están en celdas de El Chipote, señalada como centro de interrogatorios, torturas sicológicas, maltrato y aislamiento contra los reos de conciencia.
“El sistema procesal de Nicaragua establece que las personas en razón de la edad y su condición valetudinaria deben tener una consideración, que no son concesiones ni favores, sino atendiendo la dignidad humana, conceden que estas personas sean sometidas a procesos o condenas estando en libertad aunque sea relativa”, resaltó Carrión.
“Casa por cárcel”
Los defensores rescataron que, aunque el régimen tenga a 13 personas bajo “arresto domiciliar” –de ellas, once mayores de 60 años– las condiciones que sufren en sus hogares siguen siendo violatorias de sus derechos, ya que continúan aislados, incomunicados, con faltas de acceso a atención médica especializada y oportuna y con escasas horas de sol. Además, son vigilados dentro y fuera de sus viviendas, tanto ellos como sus familiares.
“Los estándares más básicos de las Naciones Unidas, que se llaman las Reglas Mandela, dicen dos cosas: uno, es que en ninguna circunstancia el castigo puede equivaler a una tortura, a tratos crueles, inhumanos y obviamente a un aislamiento indefinido, prolongado, en condiciones que incluyan sitios oscuros, nunca está permitido con los estándares internacionales; y otro de los puntos de estos estándares es pedir que los detenidos se comuniquen periódicamente con familias, con los abogados. No se puede detener a alguien de forma indefinida en aislamiento, que es lo que estamos viendo, tanto en El Chipote como en estos casos de detención domiciliaria”, explicó Taraciuk.
Carrión denunció que el sufrimiento de los presos políticos es “extensivo a las familias”, sobre todo en derechos que comparten y que se les violenta gravemente, entre estos: el acceso a encuentros o comunicación con sus hijos y visitas periódicas y programadas.
El 18 de agosto pasado, el régimen autorizó por primera vez que los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila tuvieran un encuentro con sus hijos, luego de 14 meses de restricción y de que ambos iniciaran huelgas de hambre, exigiendo el derecho de ver a sus hijos.
Carrión recordó que, aunque Dávila y Mora ya pudieron ver a sus hijos, gracias a la presión que ejercieron con su protesta, otros siguen sin ser autorizados.
CONFIDENCIAL confirmó, con información de familiares y defensores de derechos humanos, que 18 menores de edad, hijos de diez reos de conciencia de El Chipote, siguen sin poder ver o tener algún tipo de comunicación con sus padres detenidos y condenados por la justicia orteguista.
“Nosotros nos sumamos a exigir que inmediatamente todos los que tengan hijos, que tienen más de un año de estar incomunicados, puedan tener estas visitas, es su derecho”, refirió Carrión.
Los familiares de los presos políticos de El Chipote también sufren por no tener visitas periódicas y programadas. En quince meses de cárcel solamente han tenido diez visitas, con un promedio de cuarenta días entre una y otro encuentro.
Taraciuk valoró que estas acciones del régimen muestran “el nivel de arbitrariedad que están empleando las autoridades”, que “sienten que pueden actuar con total impunidad y tienen a las personas pidiendo por favor cuestiones que son derechos a los que deberían tener acceso”.
Una lucha a largo plazo
Aseguró que las organizaciones y organismos internacionales defensores de derechos humanos tienen un “desafío enorme” al tratar de influir en un régimen represivo como el de Daniel Ortega, y que esa es “una lucha a largo plazo”.
“A veces las batallas cuesta ganarlas, pero la documentación de cada uno de estos casos de violaciones de derechos humanos sigue siendo tremendamente importante porque es lo que junta la evidencia para que, eventualmente, y si no es en Nicaragua será fuera, se pueda hacer justicia para los familiares y víctimas”, resaltó.
Añadió que es importante “mantener la alerta y la presión internacional a través de distintas estrategias”, resaltando que hechos represivos recientes, como la detención de sacerdotes de Iglesia católica, dejan en evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar Ortega, pero también “pone sobre la mesa la oportunidad para que haya otro tipo de reacciones a nivel internacional, tratando de influir en el régimen para mejorar la situación de todos los presos políticos, lograr su liberación y, sobre todo, adoptar ciertas medidas que sean camino hacia el largo camino de la transición, al regreso a la democracia”.
“Tenemos que seguir juntando esa evidencia y buscando puntos de presión efectivos, ya sea a través del Vaticano, a través de restringir la financiación, manteniendo la atención internacional a través de, por ejemplo, el grupo de expertos independientes que creó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tienen el reto de investigar los graves abusos que se están cometiendo en Nicaragua, con el propósito de establecer responsabilidades y cadenas de mando, para poder seguir gradualmente armando este expediente criminal en contra de lo que está ocurriendo en Nicaragua”, insistió.
El 31 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, a través de la resolución “Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua”, la integración del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presidido por el alemán, Jan-Michael Simon, con el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago.
Documentar para acceder a justicia
El abogado Carrión destacó que las organizaciones nicaragüenses defensoras de derechos humanos, desde el exilio, han seguido documentando “centenares de historias personales y familiares, testimonios que retratan el dolor de ese estado de terror impuesto por el régimen en Nicaragua”.
Detalló que como Colectivo tienen 150 testimonios sobre el sistema de torturas y violaciones a derechos humanos cometidos por el orteguismo, que tienen en total disposición para cuando sea solicitado por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas.
“Entendemos que van a hacer visitas en Costa Rica y como Colectivo estamos prestos, ya listos, a acercar a las víctimas a ese proceso de documentación del Grupo de Expertos de la ONU, conscientes de que el régimen de Nicaragua está cerrado a la comunidad internacional”, apuntó.
Agregó que como defensores nicaragüenses tienen la “confianza” en todo el trabajo de documentación que se hace desde las diferentes organizaciones y organismos, a lo que ahora se suma el Grupo creado por el Consejo de la ONU, ya que “la documentación es vital porque el tiempo de la justicia va a llegar”.
