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Cenidh: Ortega y Murillo han impuesto un “estado de terror permanente en Nicaragua”

Destacan que el Poder Judicial se convirtió en 2022 en "el mayor instrumento de represión del régimen"

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) concluyó, en su informe anual 2022, que en Nicaragua se vive bajo “un estado de terror permanente”, consolidado por las “farsas electorales” de 2021 y 2022 y “las numerosas estrategias represivas” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desarrollado para permanecer en el poder.

El régimen también se ha ensañado contra los más de 235 presos políticos “violándoles todos sus derechos humanos, tratándoles como ‘no personas’, negándoles lo más básico para poder vivir, como el agua, la comida, la salud, y con el claro objetivo de destruirles física y mentalmente junto a sus familias”, se lee en el informe del Cenidh.

Valoran que en 2022 el Poder Judicial fue “el mayor instrumento de represión del régimen Ortega-Murillo”, del cual se ha valido “para encarcelar y enjuiciar inocentes en los denominados juicios nulos, la acción más aberrante y violatoria de derechos humanos, registrada en la historia más reciente de Nicaragua”.

Destacan que la Policía, turbas y fanáticos del régimen “están organizados” para mantener constante vigilancia, hostigar, agredir y amenazar a personas consideradas opositoras; excarcelados políticos, familiares de personas presas políticas, activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, “en un afán de intimidar y recordar quién tiene el poder”.

“Las detenciones arbitrarias de personas opositoras (nuevas detenciones o recapturas) han sido una de las prácticas criminales más usadas en 2022 por el régimen Ortega-Murillo, lo que refleja su incapacidad para gobernar y su falta de voluntad por respetar las leyes nacionales y convenios internacionales de derechos humanos”, enfatiza el organismo.

Una sociedad fracturada

El régimen también implementó en el último año “un patrón represivo sin antecedente en Nicaragua”, advierte el Cenidh. Este patrón consistió en “apresar a familiares de personas opositoras a las que no ha logrado capturar, exigiéndoles que se entreguen para que sus parientes sean liberados. Una práctica utilizada solo por las mafias o las peores dictaduras del mundo”, subraya el informe en sus conclusiones.

Ante este panorama hostil, el organismo valora que el régimen Ortega-Murillo ha ocasionado la desarticulación de las familias nicaragüenses, obligándolas al exilio forzado. “El núcleo de la sociedad está fracturado por la incesante represión y estado de terror, leyes represivas, por la pobreza, el hambre, falta de empleos… y toda una gama de problemáticas que hacen imposible la vida, el desarrollo económico y de todo tipo”, enfatizan.

“En Nicaragua ya no existe libertad de expresión y prensa”, apunta el informe del Cenidh. El régimen no solo ha optado por acallar las voces de críticos y periodistas independientes, también “ha usurpado instalaciones y bienes de medios de comunicación” como 100% Noticias, La Prensa y CONFIDENCIAL. Advierten que solo en 2022 unos 93 periodistas nicaragüenses se exiliaron.

La libertad de conciencia y religión” también es causa de hostigamiento, agresiones incluso detención arbitraria y procesamiento” de una decena de sacerdotes, incluido el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. A todos ellos, el régimen les ha señalado como “sus enemigos” y está enfocado en destruirles “la honra y la reputación”, frente al “silencio o respuestas tímidas” de los altos dirigentes de la Iglesia católica.

Además, en 2022 el régimen prácticamente acabó con el tejido social al cancelar las personerías jurídicas a más de 3000 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), sin importar “el impacto que estas acciones represivas han causado en los sectores más indefensos y pobres de la población nicaragüense”, enfatiza el organismo.


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