17 de noviembre 2022
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Un nuevo estudio sobre la persecución a la Iglesia católica en Nicaragua reveló el testimonio bajo condición de anonimato de un sacerdote, a quien le dijeron al salir del país, que agradeciera a Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque, si fuera por el mensajero, saldría “de aquí en bolsa negra”.
El relato es parte de un minucioso estudio, elaborado por la abogada Martha Patricia Molina, que ha puesto números a la saña de la dictadura de Nicaragua contra los religiosos tras un arduo proceso de sistematización que incluye entrevistas y pronunciamientos oficiales.
El sacerdote agregó: “Luego de eso me dijo: toma tu pasaporte. Abrió la puerta y lo lanzó al suelo. Yo lo recogí. Entonces, me gritó: cuando regreses, si es que sucede, ya sabés que de aquí salís de dos formas: o en una bolsa o directo a la cárcel”.
Según los datos recopilados, entre abril de 2018 y octubre de 2022, la Iglesia fue objeto de 396 ataques, de acuerdo con la segunda entrega del informe Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?”, en que se ha establecido que las agresiones aumentaron durante 2022.
La información indica que se registraron 127 ataques en 2022, mientras fueron 54 en 2021. El incremento es notable: el año de la represión de 2018 fueron 81 agresiones, 2019 cerró con 76 y 58 se contabilizaron en 2020.
Datos tomados del Estudio sobre la persecución a la Iglesia en Nicaragua.
“Es evidente que la persecución indiscriminada de la dictadura Ortega Murillo se debe al mensaje, la difusión de la verdad y palabra del evangelio que están realizando sacerdotes y obispos”, comentó Molina tras presentar de manera virtual su investigación, prologada por el sociólogo nicaragüense Humberto Belli.
La Iglesia católica es objeto de una campaña de desprestigio y odio de parte de la dictadura. Es acusada de ser “golpista” por el régimen de Ortega, después que en 2018 alzó su voz denunciando al Estado por los abusos de los derechos humanos, mientras recibía a decenas de víctimas en las parroquias y a nivel público apostaba por un diálogo que alcanzó acuerdos que la cúpula del FSLN no cumplió, entre ellos el cese de la agresión a la ciudadanía.
Ese cuestionamiento al poder político por sus abusos causó molestia en el régimen de Ortega, cuyos operadores reaccionaron de diversas maneras como muestran las estadísticas recopiladas en el informe.
Diferentes tipos de violencia
De los 396 ataques, 104 casos corresponden a los templos, 30 a organismos sin fines de lucro, medios de comunicación y proyectos relacionados con la Iglesia, 133 ataques a religiosos, 53 pintas y mensajes de odio, 14 procesos penales sin garantías y 62 casos cuyo objetivo de la represión resultaron ser los laicos.
En relación a los 14 procesos penales contra religiosos, Molina se refirió a siete sacerdotes encarcelados o condenados, dos seminaristas presos, un diácono encarcelado y el obispo Rolando Álvarez, quien cumplió este miércoles 104 días secuestrado por las autoridades, aunque el próximo 19 de noviembre es que oficialmente cumple 90 días de casa por cárcel, en un proceso sin ninguna legalidad, forzado a estar en su residencia en Managua, mientras las autoridades realizan una supuesta “investigación”. Inicialmente estuvo asediado y recluido en la Curia Episcopal de Matagalpa desde el cuatro de agosto hasta que el viernes 19 fue trasladado violentamente a la capital.
Los sacerdotes condenados, por delitos comunes, son Manuel García de Nandaime y Leonardo Urbina de Boaco, en los que para ella como para todos los casos se violaron sus garantías.
“A todos los detenidos se les ha vulnerado sus garantías constitucionales, las leyes internas de Nicaragua, los tratados internacionales a favor de los derechos humanos, libertad religiosa, respeto al proceso y garantías constitucionales”, explicó la jurista.
La dictadura también cerró ocho radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa, profanó parroquias, mandó a 11 sacerdotes al exilio, expulsó al Nuncio Apostólico, a un sacerdote le prohibieron salir del país y a ocho les impidieron entrar, enviándolos al destierro. 18 monjas de la orden de la Caridad fueron expulsadas en julio pasado.
No obstante, pese a la intensificación de la represión, ha sido notable el silencio de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
Preocupa silencio de la CEN
Molina dijo que el silencio de los sacerdotes, objeto de asedio, es fruto de la prudencia, pero en el de los obispos de Nicaragua es “preocupante”. “Los mismos hechos (de hostigamiento) los vivieron en los ochenta y la CEN se pronunció. Ahora hacen silencio”, afirmó.
También: Orteguistas graban y asedian a sacerdotes “fichados” en Nicaragua
La jurista enumeró 28 tipos penales cometidos en contra de la Iglesia Católica, entre ellos terrorismo, incendio, discriminación, abuso de autoridad o funciones, falso testimonio, agresiones, disparos de armas de fuego, las pintas, entre otros.
La abogada Martha Patricia Molina. Foto/Confidencial
Aunque el estudio incluye un prólogo del sociólogo Belli, el mismo inicia con una frase de Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, quien debió salir al exilio en 2019 por recomendación del Papa Francisco, luego que fue objeto de amenazas de fanáticos orteguistas.
“La Iglesia navega entre las aguas agitadas de poderes humanos que la atacan porque no toleran la verdad que ella anuncia, al mismo tiempo avanza resistiendo a vientos contrarios que la amenazan e intimidan para callar su voz”, afirmó Báez.
Belli: “Una medalla por la fidelidad a su fundador”
Según Belli, las persecuciones que ha sufrido la Iglesia católica son una “medalla de honor, un testimonio de fidelidad a su fundador”. La razón sigue siendo la misma: un amor profundamente humanista a la verdad y el hombre, mientras califica la sistematización de Molina como un ejemplo reciente de una historia que reseña desde la colonia, que describe también lo ocurrido en los años ochenta del siglo pasado.
“Tiranos, poderes e ideologías de distinto signo, bajo el impulso de la ambición, el odio y una inocultable cristianofobia, no han soportado su denuncia profética de la injusticia y las acciones contrarias a la dignidad del ser humano. Por eso han hecho pagar a la Iglesia un precio muy alto”, afirmó Belli.
Molina destacó el mensaje de odio de la pareja presidencial y los diputados contra los sacerdotes. Ortega y Murillo han acusado de “golpistas” a los religiosos, que denunciaron las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en 2018, e incluso el tirano en septiembre pasado dijo que la Iglesia era la “dictadura perfecta”, mientras acusaba a los sacerdotes de instigar su asesinato hace cuatro años, sin ofrecer ninguna prueba.
La radicalización de la dictadura contra la religión y la sociedad civil en general fue cuestionada en una sesión virtual de la comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), en que el politólogo nicaragüense Manuel Orozco denunció a Ortega de convertir a Nicaragua en un “Estado canalla”, en que se impone el miedo, la violencia y el clientelismo.
Según la abogada Molina, al menos 13 sacerdotes fueron amenazados con armas de fuego y recordó, basado en las declaraciones de un obispo hondureño, que al menos 50 religiosos nicaragüenses están “con la idea de salir ante el acoso que viven diariamente”.
La investigadora lamentó que en este momento reine la impunidad en el país y advirtió que nada bueno le espera en los próximos meses a los religiosos si se toma en cuenta el crecimiento documentado de las agresiones que refleja su estudio.
Molina es experta en temas de Estado de derecho y de corrupción. Es autora también del estudio “38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes utilizados en las cárceles de Nicaragua” que denuncia también las acciones de la dictadura.
