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Dictadura se ensaña con la mujer que se retractó en acusación contra sacerdote

Fiscalía la acusa por supuesto “falso testimonio”, delito que puede costarle entre tres y cinco años de cárcel a Martha Candelaria Hernández

La jueza María José Zapata Morales, del Juzgado Segundo Penal Local de Granada, ordenó prisión preventiva contra Martha Candelaria Hernández el 21 de junio pasado, cuatro días después que ella se retractó de su acusación contra el sacerdote Manuel Rodríguez García, párroco de la Iglesia Jesús Nazareno en Nandaime. 

Hernández fue acusada por “falso testimonio” por el Ministerio Público, representado en la audiencia preliminar por Annye Soogey Rodríguez. Según la legislación local, la acusada podría enfrentar cárcel con una pena que oscila entre tres y cinco años.

Según la información de la acusación, registrada en el sistema judicial bajo el número 0016-ORR1-2022-PN, la jueza Zapata ordenó que la prisión preventiva se cumpla en los centros penitenciarios del país, sin determinar un lugar en específico.

La jueza aclaró, sin embargo, que la misma medida debía cumplirse “en lugares absolutamente separados de aquellos que ocupen los que hayan sido condenados. El acusado será tratado en todo momento como inocente, teniendo en cuenta que se encuentra detenido para el solo efecto de asegurar su comparecencia en el proceso”, matizó.

Rodríguez García es el único religioso preso en medio de la persecución del Régimen de Ortega contra la Iglesia católica. Se encuentra detenido desde el dos de junio pasado cuando fue objeto de una campaña de difamación en los medios oficialistas.

Prisión para “no obstaculizar la verdad”

Según el acta de audiencia preliminar en el caso de Hernández, la Fiscalía pidió la prisión preventiva, argumentando que se trata de un hecho punible y con el ánimo de evitar “la obstaculización de la verdad”. 

A la acusada le nombraron a una defensora pública, Martha Mercado, al no contar con los recursos para contratar a un abogado. 

Hernández apareció en los medios oficialistas, señalando de agresión al sacerdote y afirmando que tenía una “amistad íntima” con el mismo, mientras la propaganda del régimen lo describió como violento y ebrio.

La acusada cambió su versión ante los tribunales de Granada y dijo que se trató de un accidente y negó, además, que fuese pareja del religioso.

La jueza Zapata citó para una nueva audiencia el próximo 27 de junio a las diez de la mañana, en la sala número seis del tribunal granadino. La persecución a la Iglesia católica ha sido objeto de un reciente estudio de la abogada Martha Patricia Molina, que cifró en 190 los ocurridos en los últimos cuatro años.

A finales de mayo, el obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, empezó un ayuno para demandar el fin de la persecución policial, y también el sacerdote Harvin Padilla, quien denunció que tenía la “parroquia por cárcel” en la ciudad de Masaya, víctima de la opresión de la dictadura.


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