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Estudio revela 190 ataques contra la Iglesia católica en los últimos cuatro años

Las agresiones contra sacerdotes, obispos y religiosas representan el 37% de las hostilidades contra la Iglesia católica

En los últimos cuatro años -hasta mayo 2022- se han registrado 190 casos de agresiones contra la Iglesia católica en Nicaragua, según el estudio Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, que sistematiza los diferentes tipos de ataques que ha padecido la institución religiosa desde 2018, cuando abrieron sus templos para proteger a la ciudadanía de la represión gubernamental y denunciaron la masacre que dejó 355 asesinados en el contexto de las protestas cívicas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el informe elaborado por la abogada Martha Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, las agresiones fueron clasificadas en siete categorías: pintas en las paredes y mensajes anónimos en templos católicos; agresiones, amenazas y exilios a sacerdotes, obispos y laicos católicos; obstáculos a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) de la Iglesia católica; mensajes agresivos contra sacerdotes y religiosos por parte del presidente Daniel Ortega y vicepresidente Rosario Murillo; profanaciones de templos; robos y otros.

Las agresiones contra sacerdotes, obispos y religiosas representan el 37% de las hostilidades contra la Iglesia católica, seguido de las profanaciones a los templos, que abarcan un 19% de las hechos sistematizados a través de publicaciones periodísticas con base en las denuncias realizadas por curas o autoridades de las Diócesis, explicó la investigadora Molina.

Molina aclara en el texto que no se puede afirmar que todas las agresiones compiladas en el estudio fueron planeadas y ejecutadas por seguidores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero tampoco se puede descartar, principalmente, porque “el lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hicieron cada vez más evidentes y frecuentes; y las acciones de algunas instituciones públicas en contra del trabajo caritativo de la Iglesia incrementaron”.

La cruzada del régimen orteguista contra la Iglesia católica fue subiendo de tono desde 2018. El mismo Ortega y  Murillo han calificado a los obispos como “terroristas”, “golpistas” “hijos del demonio” y desde su maquinaria de propaganda, han diseñado campañas difamatorias contra sacerdotes aclamados por el pueblo por su voz profética, como el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, exiliado desde 2019, por su propia seguridad.

“Lo que estamos observando después de 2018 es que todo lo que se está haciendo es con saña, con odio, con el fin de destruir todo lo que significa religiosidad o el catolicismo en el país, y porqué lo hacen, por la simple y sencilla razón, que los obispos y sacerdotes han decidido abrir los templos de sus parroquias para albergar a todas aquellas personas que han sido de una u otra manera afectadas por el actual régimen”, explica Molina.

Diriamba
Julio 2018. Momento del ataque a los obispos y sacerdotes en la Basílica Menor de San Sebastián, en Diriamba. Carlos Herrera | Confidencial

2019: el año más nefasto para la Iglesia

El año con mayor registro de agresiones fue 2019, con un 48% de los casos, seguido por 2018 con un 46%; 2020 con 40% y 2021 con 35%. Sin embargo, Molina no descarta que 2022 pueda superar la cantidad de ataques ocurridos el año pasado.

En 2019 la Policía sitió por más de una semana la iglesia San Miguel con el párroco Edwing Román y madres de presos políticos dentro, sin acceso a alimentos y bajo amenazas. Ese mismo año, fanáticos orteguistas intentaron profanar el templo San Juan Bautista, en Masaya, mientras el sacerdote Harving Padilla celebraba misa. Los feligreses se encargaron de luchar contra la horda de orteguistas y aseguraron las puertas de la iglesia con las bancas mientras vivían momentos de terror.

El estudio también reveló que la Arquidiócesis de Managua, que incluye además de la capital, a Masaya y Carazo, fue la más atacada, seguido de la Diócesis de Matagalpa y Estelí, y en menor cantidad, la Diócesis de León.

Entre las figuras más atacadas se encuentran el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez; monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí; monseñor Juan Abelardo Mata, quien hasta 2021 estaba a cargo de la diócesis de Estelí y el sacerdote Vicente Martínez, párroco de la iglesia Santa Lucía en Ciudad Darío, Matagalpa.

Molina señala que el nivel de hostilidad contra los sacerdotes y obispos que está ocurriendo actualmente no se había visto antes, y no descarta que la escalada continúe.

Turbas en despedida a Ernesto Cardenal
El Gobierno Ortega Murillo envió turbas en 2020 a asediar la misa de cuerpo presente de Ernesto Cardenal, que agredieron a asistentes y periodistas. // Foto: Carlos Herrera

La amenaza de cárcel

El arresto del sacerdote Manuel Salvador García fue el último acto de la persecución contra la Iglesia en semanas recientes, que antes habían obligado a monseñor Álvarez, resguardarse en un templo de Managua, donde estuvo cercado durante tres días por retenes policiales. Mientras en Masaya, el padre Harving Padilla, permanecía bajo “parroquia por cárcel” debido al dispositivo policial instalado en torno a la iglesia San Juan Bautista. Ambos sacerdotes fueron evacuados de las iglesias con apoyo de otros religiosos.

El caso del padre García se conoció a través de medios afines al Gobierno que iniciaron una campaña difamatoria. Una mujer identificada como Martha Candelaria Rivas Hernández, de 44 años y habitante de Diriá, Granada, acusó -sin pruebas- al sacerdote de golpearla la noche del 30 de mayo.

“Ya lo veníamos diciendo desde el momento en que se firmó aquel documento en la Asamblea Nacional, hace algunas semanas que era la antesala para juzgar y procesar a los sacerdotes y obispos”, alerta Molina.

La investigadora se refiere a un informe aprobado por los diputados orteguistas que abre la puerta a la criminalización de los sacerdotes, por lo que advierte que casos como el del cura García pueden repetirse. Molina destaca que después de 2018, “se perdió todo tipo de respeto” y “consideración” para los sacerdotes y ciudadanos.


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