8 de febrero 2023
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La Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto “iglesia por cárcel” a las imágenes de varios santos patronos en Nicaragua. En lo que va de 2023, las procesiones de Jesús Sacramentado, el Señor de los Milagros, la Virgen de Candelaria, San Sebastián, San Silvestre y Santo Domingo fueron prohibidas y las figuras permanecieron recluidas en los templos. Esta situación, que transgrede la libertad religiosa, es una forma de “castigo” a la Iglesia católica por negarse a legitimar al régimen, según los religiosos.
“Esteban”, un sacerdote nicaragüense que accedió a hablar bajo condición de anonimato, valora que esta prohibición de procesiones y otras celebraciones religiosas es parte del “odio visceral” contra la Iglesia católica “por denunciar las injusticias”, una expresión del “miedo” a las manifestaciones populares y parte de la “paranoia” que se vive dentro del Gobierno.
“La familia gobernante (Ortega-Murillo) desconfía hasta de su propia sombra”, apunta el sacerdote, quien señala que, con esta situación, “se está ofendiendo al pueblo, que es creyente y una de las formas que tiene de manifestar la fe son las procesiones de los santos”.
La réplica de Santo Domingo de Guzmán conocida como “El Mocito”, en Managua, es la última imagen que se quedó encerrada en el templo y no pudo salir en peregrinación, ya que la Policía prohibió esta semana a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de las Sierritas realizar la tradicional procesión y determinó que hasta finales de julio —que inician las fiestas en honor al Santo Patrono de Managua— tendrán permiso para realizar un “recorrido especial”.
San Sebastián es el protagonista de las fiestas religiosas en Monimbó, el barrio indígena de Masaya. Su celebración fue interrumpida el 10 de enero pasado, después de la bajada de la imagen, cuando el comisionado general Juan Valle Valle, jefe policial de este departamento, cerró las puertas de la parroquia Santa María Magdalena —apoyado en la presencia de decenas de antimotines— cuando los devotos intentaban sacar el santo a la calle.
Frente al cerco policial “¿Qué podemos hacer? Nada, nada más que obedecer”, lamenta “Nidia”, quien pertenece a una comunidad religiosa de la parroquia Santa María Magdalena. Pero “siempre queda esa impotencia de la gente devota del santo y de las congregaciones que ven interrumpidas sus actividades”, apunta la pobladora.
En esa misma línea, “Esteban” lamenta no poder hacer nada. “Ya no podemos celebrar con fervor, me duele ver a la gente que me dice ‘ay padre tenía la ilusión de hacer esto’. Me duele porque se sienten impotentes ante los caprichos del Gobierno”.
La tradición religiosa de Monimbó comprende procesiones en las calles y el rezo de la novena en el interior del templo, que culminó el 20 de enero. Este año, sin embargo, se vio empañada por la imposición del jefe policial y la presencia de las fuerzas policiales. Situación que forma parte de una espiral de persecución contra la Iglesia católica de Nicaragua.
La Policía impidió que saliera San Sebastián, en el barrio Monimbó de Masaya. Foto/Captura tomada de video de la página Patronos Masaya en Facebook
La investigación Nicaragua: una iglesia perseguida, de la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, registró 190 ataques contra la Iglesia católica entre abril de 2018 y mayo de 2022. Sin embargo, la progresividad del fenómeno obligó a la autora, cinco meses después, a publicar una actualización del estudio en el cual elevó el dato a 396 ataques.
Molina describe hechos como la expulsión del territorio nacional del nuncio apostólico, Waldemar Stalislaw Sommertag; la deportación de 18 monjas misioneras de la orden de Madre Teresa de Calcuta y la confiscación de sus bienes; el incendio provocado en la catedral de Managua y la profanación de templos.
La dictadura mantiene retenido desde hace cinco meses, bajo la figura de “casa por cárcel”, al obispo de Matagalpa, monseñor Rolado Álvarez, contra quien inició un juicio espurio por la supuesta comisión de los delitos de “conspiración y propagación de noticias falsas”. El obispo fue presentado sin su vestimenta religiosa en la audiencia inicial, celebrada en el Complejo Judicial de Managua, el pasado 10 de enero.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, acusa al religioso de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
La justicia orteguista también condenó a diez años de cárcel a seis religiosos y un laico, que en agosto de 2022 estuvieron secuestrados en la Curia Episcopal de Matagalpa por 15 días junto al obispo Álvarez. Dos sacerdotes han sido condenados por delitos comunes y otro sacerdote de Managua y dos periodistas de la diócesis de Matagalpa están siendo procesados en causas separadas.
A pesar de esta persecución a la Iglesia, los feligreses de Masaya continúan congregándose en la parroquia Santa María Magdalena. “Todo eso de las procesiones, de salir a la calle, ya fue suspendido para todo el año. Ya nos dijeron que no va a haber viacrucis ni nada”, enfatiza “Nidia”.
El sacerdote valora que “al pueblo le ha dolido mucho esto, y se ha identificado más con la Iglesia”. Con esta embestida del régimen, además de violar la libertad religiosa, afecta tradiciones de más de 200 años.
“Me duele ver a mi pueblo queriendo hacer lo que hemos hecho por años y años, que heredamos de nuestros antepasados y no podemos hacerlo por un capricho”, lamenta “Esteban”.
Prohibición no aplica para todos
La prohibición de festividades religiosas en Nicaragua fue más visible a partir del último cuatrimestre de 2022, cuando el régimen impidió la procesión de despedida de la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, que estuvo en Nicaragua durante dos años y medio. La procesión fue suspendida en Managua, Siuna, Telpaneca y varios municipios de Matagalpa, ya que la Policía Nacional argumentó “motivos de seguridad interna”.
La suspensión de actividades religiosas por “motivos de seguridad” continuó en Masaya, donde el régimen restringió las celebraciones de San Jerónimo, San Miguel Arcángel y el tradicional recorrido de La Santa Cruz, actividades que tienen más de 200 años de tradición. Otras de las celebraciones restringidas fueron la procesión de la Virgen de la Merced, patrona de la Diócesis de Matagalpa, y la tradicional procesión de la Virgen María en el municipio de Ciudad Darío, también en Matagalpa.
En ese momento la prohibición de las procesiones no se aplicó en todos los departamentos del país. Paradójicamente, mientras en Matagalpa la imagen de la Virgen de la Merced no pudo salir de la catedral de San Pedro, en León —donde también es patrona— la imagen recorrió la ciudad durante 24 horas. En ese departamento, la Policía no solo permitió la procesión sino que custodió la imagen hasta su regreso al templo la noche del 24 de septiembre.
En León tampoco hubo restricción para la celebración de San Jerónimo como sí ocurrió en Masaya. Tal situación se debe a que la Diócesis de occidente, dirigida por el obispo René Sándigo, ha callado ante la represión de la dictadura contra la Iglesia católica y la persecución contra sacerdotes y obispos. A monseñor Sándigo —inclusive— se le critica por su cercanía con las autoridades del régimen.
La socióloga e investigadora, Elvira Cuadra, apunta que esta prohibición tiene su origen en la posición crítica que asumió, una buena parte de la Iglesia católica, frente a los desmanes y violencia de la pareja gobernante durante las protestas cívicas de 2018. Desde entonces, la hostilidad del régimen hacia la Iglesia ha ido en aumento.
“El año más crítico fue 2022, cuando vimos un ataque abierto en contra de la Iglesia católica, particularmente a la diócesis de Matagalpa, el obispo Álvarez y una serie de sacerdotes que de alguna manera tenían un vínculo bastante cercano con la gente y algunas posiciones críticas en relación con el Gobierno”, comenta.
“A partir de ese momento también se da la prohibición para la realización de actividades religiosas de diferentes tipos, incluidas las procesiones, que son parte pues de las tradiciones y de los rituales religiosos en Nicaragua”, precisó Cuadra.
Actualmente, dichas restricciones se han ampliado a celebraciones religiosas más locales, lo que ha llevado a la investigadora y abogada, Martha Patricia Molina, a valorar que 2023 “inició extremadamente agresivo”, y proyecta “que va a ser un año nefasto para la Iglesia católica”.
Justo el primer día del año fueron suspendidas la tradicional procesión de Jesús Sacramentado, en Managua, y la procesión de San Silvestre, en Catarina, en Masaya. Ese día el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el obispo Carlos Enrique Herrera, argumentó en una declaración pública que se debió a “motivos ajenos a nuestra voluntad”.
Otras procesiones prohibidas fueron la de San Sebastián, en Masaya; Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Diriomo, en Granada; y el Señor de los Milagros, este último en los municipios de Villanueva y El Viejo, en Chinandega; en la comunidad Mancotal, en Jinotega; y Tipitapa, en Managua.
El Señor de los Milagros, llamado “el Cristo Negro de Esquipulas”, también es el santo patrono de los municipios de El Sauce, Chontales, Esquipulas, Jinotega, La Conquista, y Tipitapa, pero en estas localidades su celebración transcurrió con normalidad.
Los sacerdotes, por su parte, prefieren callar sobre las visitas policiales informándoles que no pueden sacar a los santos en procesión. Ellos se limitan a anunciar en los programas de fiestas patronales que las imágenes no saldrán, pero no explican las razones por prudencia.
Ante este silencio “uno siente que necesita que el santo padre (Francisco) nos diga algo o que el cardenal (Leopoldo Brenes) diga que todas las iglesias a nivel nacional nos vamos a poner en oración, en ayuno, en algo, pero nada”, explica “Nidia”, que agrega “nos sentimos como solos”.
Sin embargo, “Esteban” señala que la iglesia atraviesa por un tiempo de “penitencia y oración”. Recuerda que “Dios tiene sus tiempos” y que “en los momentos de crisis es cuando se conocen a los verdaderos amigos”.
La razón de los ataques
La prohibición de procesiones y celebraciones religiosas públicas también forma parte de un contexto de “institucionalización de un estado policial”, advierte la socióloga.
El régimen mantiene una vigilancia permanente a ciudadanos que considera adversarios políticos, ha desterrado a miles de nicaragüenses y mantiene más de 235 presos políticos, entre ellos sacerdotes, defensores de derechos humanos, periodistas, aspirantes presidenciales y miembros de la sociedad civil.
“La razón por la cual el régimen de los Ortega-Murillo ha dirigido esas acciones en contra de la Iglesia es porque no ha podido conseguir legitimidad de parte de la jerarquía católica para su continuidad en el poder, luego de las últimas elecciones presidenciales”, en las que Ortega y Murillo se reeligieron sin competencia política, señala Cuadra.
Ante esta falta de legitimidad, el régimen esperaba un voto de confianza por parte de la jerarquía católica o de la cúpula empresarial, pero “no lo ha logrado”, advierte la socióloga.
“Mientras el obispo Álvarez esté preso y enjuiciado y mientras los otros religiosos estén también prisioneros y enjuiciados, se vuelve mucho más difícil, más improbable, que la jerarquía católica o que la Iglesia en general le otorgue esa legitimidad a Ortega”, subraya.
La socióloga y el sacerdote enfatizan que “la Iglesia no es solo la jerarquía religiosa sino que también está integrada por los creyentes”. Valoran que todo lo sucedido en los últimos cuatro años constituyen “un agravio mayor” a la fe y a la religiosidad de los nicaragüenses.
Las celebraciones católicas del régimen
Por otro lado, las restricciones para realizar estas procesiones de santos patronos y otras solemnidades católicas, se han realizado mientras el régimen intenta sostener su discurso de “Gobierno cristiano” con celebraciones propias, exhibiciones de santos y la celebración y puesta de altares de la Purísima Concepción de María, en la avenida Hugo Chávez, en Managua.
Para Cuadra, el régimen mantiene ese discurso “seudorreligioso” como parte de “un juego retórico y demagógico” que busca sostener frente a la ciudadanía, pero particularmente frente a su simpatizante, “los argumentos para responsabilizar al otro —sea la jerarquía católica o sea el resto de la ciudadanía— de las dificultades de solución de la crisis, en vez de aceptar que esa responsabilidad recae directamente sobre ellos”.
Esta situación, además, deja claro que las posibilidades de un diálogo entre la Iglesia católica y los Ortega-Murillo, si es que existen, “están en su nivel más bajo”, señala la investigadora, “la distancia que hay entre los dos actores es sumamente grande”.
