8 de marzo 2022
AA
El contador público Alexis Peralta Espinoza cenaba una enchilada junto con su mamá, en la acera de su vivienda en Condega, Estelí, cuando por sorpresa dos oficiales lo agarraron por los hombros y una oficial le hizo una llave en el cuello. Lo arrastraron y apalearon hasta tirarlo en la tina de una patrulla policial. “Mátenme a mí, pero no maten a mí hijo”, les imploró Zoyla Espinoza Rivas, de 88 años, quien fue empujada y golpeada en su intento de protegerlo.
La detención ocurrió la noche del 6 de noviembre de 2021, en víspera de las elecciones generales en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se aseguraron —sin competencia política— un periodo más en la Presidencia de Nicaragua.
El pasado 9 de febrero, Peralta, de 48 años, fue juzgado y declarado culpable de los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”, y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”. Ambos cargos contemplados en las Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, utilizadas por el régimen para criminalizar la libertad de expresión.
El preso político fue condenado a once años de cárcel: seis años por la supuesta “conspiración” y cinco años por presuntamente propagar noticias falsas. Además, le impusieron una multa de 32 000 córdobas.
El acta del juicio, a la que tuvo acceso CONFIDENCIAL, detalla que el caso contra Peralta se basó en una denuncia hecha por el ciudadano Alejandro Sevilla Blandón. Sin embargo, el Ministerio Público no llamó a este testigo clave a declarar en el juicio, y tampoco el juez Erick Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, requirió su presencia.
Un familiar de Peralta, que solicitó omitir su nombre por temor a represalias, comentó que la defensa del preso político “pidió” que Sevilla Blandón fuera llamado a declarar, pero este no acudió al juicio. “Se supone que es el testigo principal, pero simplemente no llegó. Y no pasó nada”.
Denuncia de Alejandro Sevilla
Según el acta de juicio, el subcomisionado Gary Alexander Kirkland Moreno, de la delegación de Estelí, recibió la denuncia de Sevilla Blandón, quien supuestamente tiene más de diez años de vivir en Condega. Tras escuchar al ciudadano, el jefe policial acusó a Peralta y ordenó su detención.
En el juicio, Kirkland declaró que el denunciante le aseguró que Peralta, desde 2018, llamaba a que se impusieran sanciones internacionales contra las instituciones del Estado, para que “el Gobierno entregara el poder”.
Además, dijo que el contador público, “abiertamente” llamaba a los pobladores de Condega, a desconocer las pasadas votaciones.
El jefe policial reconoció —ante preguntas de la defensa de Peralta— que no sabe a qué se dedica Sevilla Blandón o si se mantiene en la estación de Policía de Condega.
“Mi denuncia se limitó a la información que me dio Alejandro Sevilla”, afirmó Kirkland.
En la denuncia policial, en la acusación de la Fiscalía y en el acta de juicio no se especifica ni el número de cédula de Sevilla Blandón, su ocupación o dirección exacta en Condega.
“Ellos (Policía) refieren que (Sevilla) conoce desde hace años a Alexis, pero es falso, porque él no lo conoce, ni siquiera vive en el municipio de Condega. Nunca ha vivido aquí”, subraya el familiar de Peralta, quien añade: “Esa persona tenemos conocimiento que vive en Estelí y que es un policía voluntario”.
“Dicen (los policías) que (Sevilla) vive del estadio (de béisbol) 200 metros, pero ahí no hay ninguna casa”, puntualiza. Un equipo de CONFIDENCIAL visitó esa supuesta dirección de Sevilla, pero no existe ninguna vivienda. En un costado hay un predio baldío y en el otro un templo evángelico.
“(Sevilla) no existe en Condega, mucho menos conoce Alexis, y no le consta que él (Peralta) haya dicho ninguna de las cosas que ellos (policías) aseguran”, menciona el pariente del preso político.
Testigos policías y de otros casos
Todos los testimonios contra Peralta fueron de policías. Además del subcomisionado Kirkland, la fiscal Auxiliadora Sequeira Suazo presentó como testigo al suboficial mayor Elder Centeno Borge, de inteligencia policial; al suboficial Francisco Antonio Gutiérrez Valverde; el teniente Santos Leonel Lira Montalván; y el oficial Robín Ariel Niño Zambrana.
El subcomisionado Kirkland, el suboficial Centeno, el detective Lira y el perito Niño asistieron también como testigos en el juicio contra el campesino Santos Camilo Bellorín Lira, el pasado 11 de febrero. En el que Sequeira Suazo fungió también como fiscal.
Igualmente, el suboficial Gutiérrez testificó como perito en el juicio contra el auditor Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, el pasado 27 de enero.
Peralta, Cerros y Bellorín fueron arrestados el 6 de noviembre y están detenidos en el sistema penitenciario de Estelí. Los tres fueron declarados culpables y condenados bajo la “Ley Mordaza”, y la “Ley de Soberanía”, aprobadas por el orteguismo en un paquete de legislaciones represivas usadas para dirigir su cacería política en 2021.
La “Ley Mordaza” fue aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de octubre de 2020. Esta legislación establece hasta diez años de cárcel para los ciudadanos que, según el régimen, propaguen noticias falsas, a través de las redes sociales y los medios de comunicación.
La “Ley de Soberanía” fue aprobada el 21 de diciembre de 2020. La Fiscalía ha convertido esa legislación en una herramienta represiva, a través de la cual justifican los arrestos contra los opositores al régimen.
Cerros fue condenado a doce años de cárcel, mientras Bellorín fue sentenciado a once años.
El auditor fue detenido porque el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de Ocotal, Nueva Segovia, el subcomisionado Bayron Maradiaga Rubio, se enteró que Cerros supuestamente llamaba a no votar en las elecciones.
Juez Erick Laguna
Bellorín, de 56 años, fue acusado de usar las redes sociales para crear temor y zozobra en la población de Pueblo Nuevo, Estelí, aunque el campesino nunca en su vida ha tenido una cuenta en Facebook, Twitter, Instagram u otra red social.
Peralta y Bellorín fueron condenados por el juez Erick Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, quien en el pasado ha favorecido con penas mínimas a simpatizantes del régimen.
En 2012, impuso la pena mínima de tres años y medio de cárcel contra fanáticos orteguistas y policías, que un día después de las elecciones del 7 de noviembre de 2011, asesinaron a tiros a tres opositores en “la Masacre de El Carrizo”.
También, en noviembre de 2020, el juez Laguna ordenó la libertad del militante sandinista Abner Pineda Castellón, quien –el 19 de julio de ese mismo año– asesinó de un tiro a quemarropa al ciudadano Jorge Luis Rugama Rizo, después que la víctima gritara: “¡Viva Nicaragua libre!”.
Acosado desde 2018
El familiar de Peralta relata que, tras la protestas cívicas de 2018, el contador público fue acosado constantemente por la Policía Nacional y simpatizantes orteguistas, porque “conocían de sus pensamientos críticos hacia el Gobierno”.
“Alexis tuvo que poner cámaras afuera de su casa porque pasaban camionetas y le tiraban cosas, le dejaban cartas amenazantes con anónimos. Él preocupado por su seguridad y la de sus hijas decidió retirarse de todo, incluso cerró su Facebook”, explica.
Twitter era la única red social en que Alexis Peralta publicaba opiniones políticas o retuiteaba publicaciones de otras cuentas. Aunque, el preso político no tenía gran influencia, ya que solo tiene 18 seguidores.
La Fiscalía acusó a Peralta de utilizar las tecnologías de la información en el ciberespacio, para provocar “alarma, temor y zozobra” entre los pobladores de Condega.
Según el Ministerio Público, el ciudadano desestabilizó la paz social del municipio, al compartir noticias falsas en Facebook, Twitter y WhatsApp, sobre sanciones internacionales contra funcionarios públicos.
Zoyla Espinoza Rivas, de 88 años, muestra una fotografía de sus hijos, entre ellos el preso político Alexis Peralta. // Foto: Confidencial
“Hemos sido sandinistas para que lo voy a negar. Mis hijos mayores fueron guerrilleros, él (Alexis) no porque era chiquito cuando la guerra. Conozco toda Nicaragua porque caminaba detrás de mis hijos en el Servicio (Militar Patriótico)”, asegura la mamá de Peralta, Zoyla Espinoza Rivas.
“Nunca hemos sido opositores. A uno, ahora, solo le queda oír y callar”, agrega.
Según el familiar del preso político, Peralta ha sido un opositor al régimen, aunque no tiene una participación activa en partidos políticos o grupos de oposición. “Él no camina metido en nada, no es activista, no va a reuniones, no lo consideramos como un activista político”.
Abogados y especialistas en Derecho Penal han detallado a CONFIDENCIAL que “publicaciones de Twitter, retuits a mensajes de otras personas u organizaciones internacionales, entrevistas a medios de comunicación en las que piden sanciones individuales, entrevistas a policías que se contradicen, mensajes en sus celulares”, son algunas de las supuestas pruebas del Ministerio Público en los juicios políticos.
Al cuido de sus dos hijas
Entre 2007 y 2011, Peralta fue copropietario y director de noticias de un canal de televisión por cable “Canal 15 Condega TV”, que fue cerrado a inicios de 2011 por presiones políticas.
El preso político y Carlos Alberto Cerda, director del canal, denunciaron, en enero de 2011, que la empresa Telecable Condega los canceló las transmisiones tras sufrir meses de amenazas y sabotajes de simpatizantes del Frente Sandinista.
“Él iba a todas partes, como dicen, hay que dañarse los zapatos para recoger las informaciones. Él andaba buscando informaciones para traer aquí (Condega) y eso era lo que les caía mal (a los orteguistas)”, señala la mamá de Peralta.
Cerda y Peralta explicaron, en 2011, que funcionarios de instituciones locales les impidieron acceder a las fuentes de información, y les advirtieron que les cerrarían el canal “en caso de no alinearse a las directrices políticas del partido del Gobierno”.
“A partir de ahí comenzó un acoso, porque él (Peralta) trabaja en instituciones que tienen relaciones con el Estado, entonces presionaron para que él fuera despedido, por eso se dedicó a trabajar desde su casa en cosas privadas”, recuerda el familiar de Alexis.
Peralta estudiaba Derecho en la sede de Somoto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Dedicaba la mayoría de su tiempo a cuidar de sus dos hijas menores de edad, ya que la esposa emigró a España, por la situación socioeconómica del país. Además, se encargaba del cuidado diario de su mamá de 88 años, que vive sola, es hipertensa y padece del corazón.
“El día de la visita, llevé a su niña más pequeña. Ella le dijo: ‘Papito, ¿por qué no me echás en un balde, lo tapás y me quedo con vos?’. La niña chiquita sufre, está delgada, no come, igual que yo, que no como ni duermo”, relata la mamá de Peralta.
La señora narra que “nunca había ido a La Chácara —nombre popular de la prisión de Estelí— a ver un hijo, ni a una Policía, porque nunca han andado metidos en ninguna cosa. Si mi hijo (estuviera preso) por alguna cosa más vergonzosa, yo ni me afligiera porque dijera: ‘Está bueno; hizo lo malo, que lo castiguen, pero mi hijo no ha hecho nada’”.
