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Nicaragua sufre grave retroceso en libertad académica y autonomía universitaria

El Estado no garantiza la autonomía universitaria ni la libertad de expresión y de pensamiento de su cuerpo docente y estudiantes

La violencia política y represiva de parte del Estado ha provocado grandes retrocesos en materia educativa, de libertad académica, de expresión y autonomía universitaria que afecta el desarrollo del país, opinan especialistas en educación durante el foro “Libertad Académica, Democracia y Derechos Humanos de Nicaragua, de la crisis a reconstrucción” organizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.

“El derecho de la educación es un catalizador de la garantía de otros derechos humanos y este mismo derecho no estaba siendo respetado en Nicaragua, de acuerdo con los estándares internacionales”, señaló Soledad García Muñoz, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La relatora agrega que hace unos años hicieron un llamado al Estado de Nicaragua para que investigara las denuncias de estudiantes sobre instigación de parte de las autoridades de la universidad y de dirigentes sandinistas. Asimismo, pidieron que garantizara la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento de sus docentes y estudiantes, pero no ha habido respuesta.

Ahora con la cancelación de universidades se observa como “el derecho a la educación en general se está viendo afectado por el contexto y la crisis de derechos humanos del país”, agrega la relatora durante un foro realizado por el Día Internacional de la Educación.

Por su parte, la investigadora doctoral del Instituto GIGA, Alina María Ripplinger, señaló que “Nicaragua ya se considera como un país con espacios cívicos cerrados”, es decir que ya no hay espacios para acciones cívicas ni tampoco para la academia.

Ripplinger explica que a diferencia de otros países con regímenes autoritarios, la academia ha logrado resurgir a través de otros espacios, pero en el caso de Nicaragua se ha visto que la represión es dirigida hacia personas en específico, a voces que son consideradas opositoras.

“En Venezuela vemos una situación más persistente, hay más afectaciones distintas en los centros educativos y universidades, pero a la vez la represión no ha sido tan restrictiva (…) algunos centros educativos han podido mantener su independencia. Es decir, la situación en general es mucho más compleja, pero menos enfocada en sujetos en específico como vemos en Nicaragua”, ejemplifica la investigadora.

La relatora de la CIDH agrega que esta situación de vulnerabilidad al derecho educativo y de libertad académica ha provocado que el país pierda mucho talento humano, ya sea porque ha sido encarcelado o porque ha tenido que irse del país. Asimismo, agrega que la represión del régimen ya no está solo en las universidades, ahora se extendió a la educación básica.

Estudiantes pierden acceso a educación diferenciada

La represión en temas educativos también afecta a los estudiantes, añade Ripplinger, porque estos no tienen acceso a un tipo de educación diferenciada e independiente que les permita tener una posición crítica. El cuerpo docente no puede brindarles este tipo de educación porque temen ser expulsados, sufrir intimidaciones o afectar su seguridad personal.

“Allí vemos una interrelación de la libertad de expresión de los profesores, en su trabajo como académicos al educar a los estudiantes y el derecho de los estudiantes de recibir una educación diferencial independiente”, señala.

La crisis educativa se ha agudizado en Nicaragua desde las protestas de abril de 2018. Estas fueron iniciadas por universitarios ante la represión del Gobierno a ancianos y luego se extendieron a todo el país. Los estudiantes de universidades públicas que se involucraron en las protestas y toma de universidades fueron sancionados con expulsiones. Tras esto, el Gobierno agudizó la represión dentro de las universidades y castigó a quienes considera un riesgo para su dictadura.

En 2022 agudizó el cierre de Organizaciones Sin Fin de Lucro (OSFL), entre las más de 3000 asociaciones que perdieron su personería jurídica ese año, hubo más de un centenar que tenían una labor educativa. Entre los organismos eliminados se encuentra el Centro Nicaragüense de Escritores, la Academia de Ciencias de Nicaragua, el Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos y varias universidades privadas que luego pasaron a ser estatales.

El control del Consejo Superior de Universidades (CNU) hacia las universidades también ha incrementado. Desde agosto de 2020 obliga a las casas de estudios superiores que forman parte de él a informar sobre movimientos migratorios de su personal docente y administrativo. Mientras, en las escuelas públicas también persiste la vigilancia y el control.


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