18 de agosto 2022
AA
El Ministerio Público pidió un plazo de hasta 90 días de prisión para ampliar la supuesta “investigación” contra el sacerdote Óscar Benavidez. El Estado se considera “víctima y ofendido” de las actuaciones del religioso, pero en el expediente judicial no especifica el delito que supuestamente cometió.
La solicitud para una audiencia especial de garantías constitucionales está en “trámite”. Fue realizada el lunes 15 de agosto a las 2:09 p. m. por el fiscal Manuel de Jesús Rugama, un expolicía fiel al partido de gobierno y destacado en la fabricación de casos contra reos de conciencia.
La petición se basa en una reforma al Código Penal, realizada por la Asamblea Nacional el tres de febrero del año pasado, que permitió a los diputados sandinistas ampliar de 48 horas a tres meses la detención para la indagación de sospechosos de comisión de delitos.
Benavidez fue secuestrado por agentes policiales el domingo 14 de agosto a las 5:50 de la tarde, casi dos horas después de terminar su última misa en la capilla Inmaculada Concepción en Mulukukú. Este pueblo está ubicado en el lejano Caribe Norte de Nicaragua, donde este hombre de 50 años es reconocido por su carisma. Tomó posesión de la parroquia Espíritu Santo el 25 de mayo pasado.
Después de su captura, cuando los pobladores desconcertados se acercaron a la Policía para saber el paradero del párroco, los oficiales les informaron de su traslado a “Managua” sin especificar si lo llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”, un lugar denunciado como un centro de torturas por organismos de derechos humanos. Fuentes eclesiales afirman que se encuentra recluido ahí, aunque las autoridades policiales no se han pronunciado.
Según el expediente número 0817-ORM4-2022-PN, la jueza a cargo del proceso es Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Penal de Audiencia en Managua, otra de las judiciales que han actuado contra los presos políticos como parte de una red de funcionarios que han subordinado sus decisiones judiciales a la voluntad del partido de gobierno.
El expediente judicial abierto contra el religioso.
El día de su captura, Benavidez se convirtió en el tercer sacerdote arrestado por el régimen de Daniel Ortega desde junio pasado. Esta acción es parte de la escalada represiva contra la Iglesia católica que se ha traducido en el cierre de siete emisoras en la Diócesis de Matagalpa, la profanación de la parroquia de Sébaco, el encierro a la fuerza del obispo Rolando Álvarez en la Curia Episcopal de este departamento del norte nicaragüense, donde aún lo acompañan ocho colaboradores y el asedio policial reciente en Ciudad Darío.
Feligreses entrevistados por CONFIDENCIAL dijeron que el sacerdote Benavidez es reconocido por su carisma. Antes de llegar a Mulukukú, donde tiene a cargo la parroquia Espíritu Santo, se desempeñó como exasesor de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Matagalpa, según los datos publicados en las redes sociales de esa comunidad católica en 2016.
Los otros dos sacerdotes arrestados fueron Manuel García de Nandaime y monseñor Leonardo Urbina. El primero fue acusado por una supuesta agresión contra una mujer. El otro por la violación a una menor, sin embargo, los juristas independientes cuestionan que se ha fallado al debido proceso en ambos juicios.
Una foto del sacerdote Óscar Benavidez en una actividad religiosa. Foto: Cortesía
La represión contra la Iglesia católica se ha recrudecido. El martes 16 de agosto, una patrulla de antimotines preguntó por el sacerdote Vicente Martínez, crítico de Ortega, en la iglesia de Santa Lucía en Ciudad Darío. La presencia de los oficiales obligó al vicario Sebastián López, de la iglesia Santa Lucía, a celebrar la misa desde el atrio. Mientras los oficiales se encontraban en una esquina cercana observando, los fieles acompañaron al religioso y le dieron ánimos en medio del ambiente de persecución.
Según registros periodísticos, el fiscal Manuel Rugama tuvo un papel destacado en la persecución de periodistas en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dos conductores del diario La Prensa detenidos por la cobertura periodística de la expulsión de 18 monjas de la orden de Madre Teresa de Calcuta, entre otros. La jueza Saavedra Corrales inhibió por su parte en 2021 a la excandidata a vicepresidente por Ciudadanos por la Libertad (CxL), Berenice Quezada.
