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Régimen cerró todas las oenegés ambientales independientes en Nicaragua

60 asociaciones y fundaciones ambientales eliminadas en 2022. “Hay una preocupación de que Nicaragua se quede sin bosques como Haití”, alertan

Con el cierre masivo de oenegés, el régimen de Daniel Ortega habría acabado con casi todas las organizaciones ambientalistas de Nicaragua que trabajaban de forma independiente, señala el activista ambiental Amaru Ruiz, director de la cancelada Fundación del Río.

“No queda ninguna organización ambiental que sea independiente en el país. Las que aún operan son organizaciones nacionales e internacionales que han sido cooptadas por el régimen, como el caso de Flora y Fauna Internacional”, denuncia.

Según explica, los organismos internacionales que han decidido continuar su trabajo en Nicaragua han sido intervenidos. “Cambiaron prácticamente todo su personal y se alinearon a las políticas del régimen. Por eso, recientemente murieron un sinnúmero de tortugas y Flora y Fauna Internacional, siendo su principal actividad la protección de las tortugas marinas, no dijo absolutamente nada. Eso te demuestra que hay un silencio en los nuevos procesos de intervención de las organizaciones internacionales ambientales que quedan”.

Mientras, las organizaciones nacionales han optado por no opinar sobre el deterioro ambiental por temor a la persecución que ocurre hacia los organismos que cuestionan al régimen, opina Ruiz.

En los primeros ocho meses del 2022, el régimen de Daniel Ortega eliminó la personería jurídica de 60 fundaciones y asociaciones sin fines de lucro que trabajaban en pro del medioambiente. Esta cifra se puede elevar hasta 70, según una proyección hecha por Ruíz. El cierre de estos espacios ocurre en paralelo a la suscripción de acuerdos y convenios en materia ecológica que le servirán a Ortega para acceder a “fondos verdes”.

Régimen “pasa la cuenta” a organismos ambientales

Un análisis de datos hecho por CONFIDENCIAL revela que desde el 29 de noviembre de 2018 al siete de septiembre de 2022, el régimen de Ortega ha eliminado el registro de operación y personería jurídica de 1881 organizaciones de la sociedad civil.

De esta cifra, solo en los primeros nueve meses de 2022 fueron eliminadas 60 oenegés ambientales, 39 de estas tenían entre 21 y 30 años de desarrollar proyectos en Nicaragua, 17 tenían entre once y veinte años, tres tenían menos de una década y dos entre 31 y 40 años.

Estas desarrollaban iniciativas de políticas ambientales, preservación de reservas naturales, programas de tratamientos de agua, reforestación, programas de agricultura sostenible y también asociaciones de agroforestales, de rescate forestal y zoológicas en diferentes partes del país.

El ambientalista opina que con el cierre de estos espacios, el régimen intenta silenciar al sector ambientalista que denuncia el mal manejo de los recursos y se opuso a proyectos como el Canal Interoceánico. “De alguna manera es un castigo a las organizaciones ambientales y académicas que también se opusieron, como la Academia de Ciencias de Nicaragua que también se opuso a mega proyectos como estos y al deterioro de los recursos naturales ambientales del país”, señala.

El mes en que más cierre de oenegés ambientales hubo fue junio, en total se reportan 21 cancelaciones de personerías jurídicas que incluyen la Fundación para el Desarrollo de las Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua, de 20 años de trayectoria; la Fundación Cordillera Verde, de 19 años; la Fundación para la Defensa del Agua, de 26 años; entre otras.

El segundo mes que más cancelaciones de organismos medioambientales fue agosto. Se reportan hasta 16 oenegés eliminadas: Movimiento Pro Defensa del Medioambiente, fundado en 1996; la Asociación de Guardaparques Comunales de Mahogany, de 2001; el Movimiento Ambientalista Nicaragüense, de 1990; la Fundación Nicaragüense para el desarrollo ambiental responsable, 1997; la Asociación de Forestales de Nicaragua, 1991 y la Asociación Unida de Productores Forestales de San José de Cusmapa, de 1993.

También la Fundación Civil Vivero Comunal de Puerto Cabezas, la Fundación Amigos para la Protección Ecológica de la Laguna de Apoyo, la Asociación Comunal para el Desarrollo de Proyectos de Agua Potable de La Poma, la Asociación para el Desarrollo de la Reserva Esperanza Verde , entre otras.

En julio de 2022 hubo 13 asociaciones ambientales eliminadas, en mayo nueve y en marzo una. Entre estás la Asociación de Campesinos Protectores de Bosawas, la Fundación para la Restauración Forestal de la Región Autónoma Atlántico Sur, Fundación Cosigüina, Asociación de Amigos de la Vida del Lago de Apanás y Bosawas, Fundación para la Defensa del Agua, Fundación para la Restauración y Sostenibilidad del Medio Ambiente, entre otras.

Una de las organizaciones ambientales que más impacto tuvo fue el Centro Humboldt, que en abril pasado cumpliría 32 años de funcionamiento. Durante este tiempo trabajó en conjunto con 190 comunidades. Solo en trece de estas benefició a 3581 personas con la perforación de seis pozos y la rehabilitación de siete, según el informe anual de 2020.

Temen que se repita situación de Haití

Ante el contexto de silencio y represión que ha impuesto el régimen, el experto alerta que hay temor de que Nicaragua se quede sin bosques como sucedió en Haití, ante el aumento de pobreza y destrucción de recursos naturales.

“Al quedar la gente sin otra alternativa, donde han cancelado la personería jurídica de más de 1800 organizaciones -que generaban un proceso de desarrollo comunitario, que atendían a grupos vulnerables y quedaban respuesta a las condiciones de pobreza que vive la población- genere un aumento en la destrucción de los recursos naturales como ya hemos visto en Haití que no tiene bosque”, alerta.

Esta destrucción de recursos generaría una reacción en cadena, pues al destruir los recursos se afectarán varios servicios ecosistémicos como el acceso al agua potable.

“Si vas deteriorando cada vez más tus reservas forestales vas a tener mayores niveles de estrés hídrico, esto ya se está presentando tanto en la zona de Nueva Segovia como en el Pacififico del país, entonces si hay repercusiones sustanciales a los medios de vida que son generados a través de los servicios”, explica.

Régimen señalado como “el mayor depredador” del medio ambiente

Un reporte de Fundación del Río, publicado en julio pasado, reveló que el Gobierno de Ortega ha sido el más depredador del medio ambiente. Durante los últimos 16 años, que ha gobernado consecutivamente ha cedido a la minería 782 628 hectáreas, que representan el 6.5% del territorio nacional.

Nicaragua ya es el país de Centroamérica que tiene la mayor cantidad de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes.

Una investigación periodística del Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló en 2021 cómo la corrupción del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo alimenta la deforestación en el país otorgando permisos forestales a empresas políticamente conectadas; mientras las comunidades indígenas han sido marginadas.

Pese a esto, el régimen orteguista suscribe acuerdos y convenios para acceder a los millonarios recursos establecidos en los denominados “fondos verdes”, destinados para naciones emergentes sin capacidad para financiar políticas amigables con el medio ambiente.


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