19 de agosto 2022
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El régimen de Daniel Ortega deportó al corista Henry Corvera a El Salvador, de donde es originario, este jueves 18 de agosto. Corvera y el camarógrafo Flavio Castro salieron este martes de la Curia Episcopal en Matagalpa, donde aún permanecen "secuestrados" el obispo de la Diócesis matagalpina y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez y ocho personas más, confirmaron dos fuentes a CONFIDENCIAL.
Corvera -quien tocaba el piano- junto a Sujin Membreño eran los coristas que durante varios días se encargaron de acompañar la cantada y las eucaristías a cargo del prelado dentro de la Curia, desde que fueron cercados por decenas de antimotines, el pasado 4 de agosto, y obligados a encerrarse en el edificio.
El joven de nacionalidad salvadoreña tenía algunos años viviendo con su familia en Matagalpa. Tanto su salida de la Curia como su deportación han sido bajo total discrecionalidad. Lo único que se conoce es que la Policía visitó a su familia antes que le permitieran salir del edificio.
Castro permanece con su familia en Matagalpa, que también fue convocada por la Policía previo a su evacuación de la Curia. Durante 16 días de encierro de los religiosos, la Policía del régimen orteguista apostada en torno a los cuatro costados del edificio, solamente ha permitido la salida de tres laicos: los dos coristas y el camarógrafo. Insisten en bloquear el abastecimiento de alimentos y medicinas para las nueve personas que se mantienen en el interior del inmueble.
Además de monseñor Álvarez, los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral San Pedro, respectivamente; Óscar Escoto, párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; y Raúl González. Los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas le acompañan.
Sobre la salida de Membreño, el 8 de agosto, fuentes consultadas dijeron que la gestión fue directamente con su familia, principalmente, con su hermana, Bianka Hernández, que se identifica como integrante de la Juventud Sandinista según sus publicaciones en Facebook.
Desde el jueves 4 de agosto la Policía del régimen impuso un cerco policial a monseñor Álvarez, impidiéndole salir para realizar sus actividades pastorales. Ese día el obispo, reconocido por su voz profética y crítica del régimen, salió de la Curia y arrodillado con Jesús Sacramentado en sus manos oró por el cese del asedio policial. La respuesta de la institución, señalada por cometer múltiples violaciones de derechos humanos apareció la tarde del viernes.
En una nota de prensa, la Policía Nacional informó que el obispo quedaba bajo arresto domiciliario y es investigado por supuestamente “organizar grupos violentos” y “ejecutar actos de odio”. “Las personas investigadas se mantendrán en sus casas”, afirmó la institución policial.
La respuesta del religioso ante lo que la opinión nacional e internacional ha calificado como otro ataque de la dictadura a la Iglesia católica ha sido orar y encomendarse a Dios. "Estoy siendo investigado, bien, no sé de qué, pero, pues, ellos estarán haciendo sus propias conjeturas y, segundo, que formalmente han dicho que tenemos casa por cárcel”, indicó el religioso el sábado 6 de agosto.
Mientras la Policía mantiene secuestrado el obispo ha desatado una ola de intimidación contra otros sacerdotes, cuyas parroquias son parte de la Diócesis de Matagalpa. El pasado domingo capturaron al sacerdote Óscar Benavidez Dávila. La Fiscalía solicitó 90 días de encierro para el religioso para investigarlo por un delito que hasta ahora no se conoce. Sin embargo, aseguraron que el Estado se considera “víctima y ofendido”.
Él es el tercer sacerdote encarcelado por el régimen. El cura Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno —también conocida como El Calvario—, de Nandaime, Granada, fue el primer religioso que enfrentó la justicia del régimen, siendo condenado el 22 de junio pasado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14 116 córdobas o 200 días multa.
Monseñor Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de julio pasado, a la espera de ser juzgado por la supuesta violación de una adolescente de 14 años.
Persecución contra la Iglesia católica
En los últimos dos meses el régimen de Ortega y Murillo emprendió una escalada represiva contra la Iglesia católica que ha dejado hasta el momento: tres sacerdotes encarcelados, 18 religiosas expulsadas del país, al menos cinco sacerdotes asediados, uno de ellos ahora en casa por cárcel y el cierre de una decena de medios religiosos.
El 6 de julio pasado, 18 misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas del país siendo trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica, por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía.
El sacerdote Uriel Vallejos y un grupo de feligreses permanecieron sitiados por la Policía durante casi tres días en la casa cural de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco.
Además, entre el 1 y 2 de agosto el régimen clausuró 14 medios de comunicación: once emisoras, diez pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa y la independiente Radio Vos, además sacó del aire varios canales de televisión por cable y sacó del aire al canal local RB3 “El Canal de la Zona Láctea”, cuya programación era transmitida a través de televisión por suscripción.
