11 de septiembre 2022
AA
Nicaragua se enfrenta al aumento de la violencia machista sin una estrategia “articulada”, en un contexto de impunidad y la acelerada desarticulación de más de 80 organizaciones defensoras de las mujeres, un conjunto de factores que propicia un escenario peligroso para las mujeres, advierten activistas feministas consultadas.
El asesinato e intento de violación de dos niñas de 10 y 7 años de edad, ocurrido en Ciudad Belén, el viernes 2 de septiembre, ha conmocionado a la población. El régimen orteguista, como ha pasado con otros femicidios, aseguró que los culpables pagarán. “El compromiso de no impunidad y de avanzar trabajando duro para impedir estos crímenes horrorosos que nos avergüenzan a todos", expresó la vicepresidenta Rosario Murillo el pasado miércoles 7 de septiembre.
Este viernes 9 de septiembre, la Fiscalía acusó a Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años; Ángel Elías Salgado Rugama, de 16 años y Alison Yahosca Salgado Rugama, de 18 años, de ser los supuestos responsables del crimen de las menores. Durante los ocho meses de 2022, el organismo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) registra a nueve menores de edad víctimas de la violencia machista, cinco adolescentes y cuatro niñas.
Desde la perspectiva de la integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, a quien llamaremos “Luisa” por seguridad, en Nicaragua “se mantiene la alerta roja de los femicidios”. Durante los ocho meses de 2022, se contabilizan 42 femicidios y 110 frustrados, asegura CDD.
La socióloga y feminista, María Teresa Blandón, sostiene que no se conoce un documento que explique cuál es la propuesta del Estado para enfrentar la violencia machista. En todo caso, señaló que una estrategia requiere de acciones sostenidas en el tiempo, que permitan la adopción de medidas que eviten que casos como el de las niñas asesinadas en Ciudad Belén, se repitan. Lo que cada vez se evidencia es que la violencia ciudadana, y particularmente contra las mujeres, sigue incrementándose, alertó.
Cadena perpetua, cartilla y más comisarías de la mujer
Desde el 19 de enero de 2021 en Nicaragua existe la cadena perpetua. El orteguismo señaló la necesidad de “instaurar una política criminal rigurosa para ciertos hechos delictivos de gravedad excepcionales, que se requiere de intensificación de la pena, como respuesta inmediata por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar los crímenes crueles, degradantes e inhumanos y de odio”, se lee en el texto presentado por los diputados sandinistas.
Sin embargo, la instauración de la cadena perpetua “no ha tenido ningún impacto positivo” en cuanto a reducir el número de femicidios, señala la defensora “Luisa”. Desde que se conoció la iniciativa, diferentes organizaciones de mujeres alertaron que una ley de esa naturaleza no solucionaba la violencia contra las mujeres, porque este un problema de varias dimensiones.
En efecto, Nicaragua registra un incremento sostenido de femicidios consumados y frustrados desde 2020. Hasta agosto de 2022, 184 mujeres han sido asesinadas y 365 son sobrevivientes, según un monitoreo de CONFIDENCIAL, basado en reportes mensuales de Católicas por el Derecho a Decidir.
Cartilla del régimen: "Un instrumento demagógico
Ante la escalada de más violencia contra la mujer, la respuesta gubernamental ha sido dispersa. En julio lanzaron la cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de denuncia para la prevención del femicidio, que hasta el 20 de agosto había sido compartida con más de 682 600 familias, según medios gubernamentales.
Para Blandón, dicha cartilla es un instrumento de información, y para que tenga razón de ser debe informar sobre las políticas de prevención, atención a las víctimas, y acceso a la justicia, pero nada de eso hay en Nicaragua, señaló.
“Es una cartilla que no tiene respaldo, que no tiene fundamento. Es un instrumento más bien demagógico”, expresó. Agregó que en el documento les dicen a las mujeres dónde denunciar, pero en realidad, no hay donde hacerlo. Una de las recurrentes barreras para la prevención de femicidios, según defensoras, es que la Policía desestima las denuncias interpuestas por las víctimas, quienes en muchos casos terminan asesinadas por sus agresores.
“Nosotros no necesitamos una Policía solo para que vaya a recoger cadáveres. Necesitamos una Policía para que atienda las denuncias y para que actúe con celeridad”, reclamó Blandón. “Luisa” asegura con base a un sondeo realizado con mujeres, que la cartilla no está funcionando porque, en la práctica, al llegar a las comisarías, las víctimas no encuentran funcionarios conscientes del problema de la violencia machista.
La vicepresidenta Rosario Murillo se ha encargado de destacar la creación de cada nueva comisaría de la mujer, niñez y adolescencia, de las cuales existen 144 -según datos de la Policía- en el país, para garantizar la seguridad de las mujeres.
Dicho argumento es rebatido por las defensoras como Blandón, quien señala que una comisaría “no es un escritorio con oficial uniformado”, sino que requieren de personal calificado, oficiales formados en derechos humanos, que comprendan la violencia machista y tengan sensibilidad para atender a las víctimas, y cuenten con un presupuesto destinado.
La Policía necesita tener mecanismos claros de coordinación con la Fiscalía para desarrollar investigaciones oportunas, al igual que con el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación. “Si no tenemos una estrategia que incluya mecanismos, que incluya recursos financieros, que incluya personal calificado y capacitado, entonces no tenemos una estrategia”, expresó Blandón.
La barrida de organizaciones feministas
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos contabiliza más de 80 organizaciones y colectivos feministas cerradas por el régimen de Daniel Ortega desde finales de 2018 a la fecha; sin embargo, Blandón asegura que el número es mucho mayor a 170. Todas incluían en su trabajo el acompañamiento a víctimas de la violencia machista y mantenían campañas sistemáticas de sensibilización para prevenir la violencia machista.
A la vez, demandaban al Estado una respuesta apropiada a la gravedad del problema en consonancia con la Constitución Política y la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, ley 779, y se encargaban de brindar refugio a las mujeres que estaban en situación de riesgo. Al ser obligadas a cerrar, el Estado, dice Blandón “incrementa deliberadamente la desprotección y la vulnerabilidad de las víctimas de la violencia machista”.
