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Sube a 1280 la lista de oenegés canceladas por el orteguismo en Nicaragua

Asamblea Nacional eliminó 200 oenegés en esta semana y sigue su cruzada de desarticulación de la sociedad civil

La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, eliminó este jueves 28 de julio cien organizaciones sumando en esta semana 200 organizaciones cerradas, cuyas cancelaciones fueron solicitadas mediante dos decretos.

Con esta nueva ronda de ilegalizaciones, el régimen orteguista acumula 1280 oenegés anuladas desde diciembre de 2018 a la fecha. El 94% de estas ilegalizaciones ocurrieron en los casi siete meses de 2022, cuando Daniel Ortega arreció la desarticulación de la sociedad civil.

Parte de las asociaciones y fundaciones que serán eliminadas este jueves 28 de julio incluye a la Asociación Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi), que asesoraba a los pueblos indígenas rama y a las comunidades afrodescendientes que conforman el Territorio Rama y Kriol en el Caribe del país. También serán afectadas Fundación Pawanka, Asociación de Cafetaleros de San Albino, Asociación Pro-Desarrollo Integral Nacional, Asociación Sobrevivientes del Casita, Asociación Nicaragüense de Maranón, entre otras.

Entre las nuevas oenegés canceladas el pasado miércoles se encuentran: Asociación Unión Nacional de Micros, Pequeñas y Medianas Industrias, Servicios y Artesanías; Asociación de Confiscados y Afectados Argues Sequeira Mangas, Fundación para el Desarrollo Rural, Asociación Centro Sandino, Asociación de Profesionales del Derecho, Centro de Investigación y Estudios de Centro América, Asociación Centro de Estudios Empresariales, Asociación de Atención y Ayuda a los Enfermos de Cáncer Sor María Romero Meneses, entre otras.

El Ministerio de Gobernación (Migob) acusa a las organizaciones ilegalizadas de incumplir tres leyes: la Ley 1115; de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro; la Ley 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y la Ley 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros.

Señalan a las asociaciones de no presentar los estados financieros, “conforme a los períodos fiscales con desglose detallado de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”; tampoco reportaron quiénes integran sus juntas directivas -en algunos casos están acéfalas, según el Migob-, las donaciones previas provenientes del exterior, documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y no cumplieron con la inscripción como Agentes Extranjeros.

En la avalancha de organizaciones cerradas, el régimen orteguista no ha discriminado ningún tipo de oenegé. Ha anulado desde asociaciones caritativas, como las obras de beneficencias de las Misioneras de la Caridad, -a quienes expulsó del país- hasta instancias de gran impacto social y de desarrollo económico como la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica), la semana pasada, que provocó la cancelación inesperada de su feria anual -programada para el 21 -30 de julio- y que convocaba a empresarios centroamericanos y de otros países.

Las pérdidas son millonarias. Según un reporte de CONFIDENCIAL, la inversión en la feria ronda los 400 000 dólares, 600 000 invertidos en cuido de ganado, y créditos preaprobados por cinco millones de dólares.

El régimen orteguista ha eliminado organizaciones ambientalistas, de derechos de la mujer, derechos indígenas, derechos de la niñez, educación, cultural, humanitarias, de desarrollo productivo y social.

Más de 50 000 niños, niñas y adolescentes de Nicaragua han sido afectados por el cierre masivo de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), estimó la semana pasada, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que valora el acto orteguista como “muestra su frialdad hacia los más vulnerables”.

La posibilidad de reclamo de parte de las organizaciones con su personería jurídica cancelada es inexistente. Los decretos son presentados por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, quien es el promotor de las ilegalizaciones. Luego, son aprobados por la aplanadora orteguista.


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