26 de julio 2022
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La expulsión de dieciocho religiosas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por Madre Teresa de Calcuta y dedicada a labores altruistas y ayuda a los pobres en Nicaragua, ha sido uno de los eventos más emblemáticos en la cacería de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra organizaciones y asociaciones que asisten a los sectores sociales vulnerables del país.
La dictadura ha cancelado más de un millar de organizaciones en lo que va de 2022, y de ellas un 50% estaban enfocadas en proyectos y programas sociales y desarrollo humano. La saña de esta cacería abre interrogantes sobre los objetivos del régimen que se autodefine como “cristiano, socialista y solidario”.
Sociólogos y activistas consultados por CONFIDENCIAL valoran que la dictadura pretende “monopolizar la solidaridad” en el país. El objetivo, advierten, es que Ortega y Murillo quieren “borregos y vasallos”, en lugar de ciudadanos empoderados de sus derechos y responsabilidades sociales.
Hostilidad contra oenegés
La llegada al poder del orteguismo, en 2007, estuvo acompañada de una política de hostilidad en contra de los organismos de la sociedad civil, que incluso se tradujo en agresiones en contra de sus miembros, recuerda la socióloga Elvira Cuadra, quien ha trabajado en diversas oenegés y ha analizado las distintas etapas de la represión orteguista que a ella misma la obligó al exilio.
Antes del estallido social de 2018, el orteguismo mantenía una agresiva política de represión y hostigamiento en contra de cualquier actividad de trabajo social o ayuda solidaria de parte de organismos y asociaciones.
Esto se evidencia, inclusive, cuando ocurren desastres naturales o situaciones de emergencia social, como hambrunas. Ante la solidaridad autoconvocada, la respuesta del régimen ha sido el bloqueo y hostigamiento de las iniciativas, sin reparar en el desamparo de las comunidades afectadas.
“Su intención siempre ha sido limitar el trabajo de los organismos civiles y cerrar el acceso a fondos de apoyo de la cooperación. Esta política hostil se agudizó a partir de 2018 con su narrativa de ‘golpe de Estado’, pues culpa a las organizaciones sociales del estallido social que se produjo”, destaca Cuadra.
Prohibición de la solidaridad
El estallido social de 2018 dejó completamente al descubierto la naturaleza represiva del orteguismo. Las agresiones se volvieron más violentas, con la participación de paramilitares y la radicalización de la Policía.
“La primera reacción fue cancelar las personerías jurídicas de varias oenegés y centros de pensamiento en diciembre de 2018. En 2020, durante el período más crítico de la pandemia y la emergencia por los huracanes Eta e Iota, impidió que organizaciones ciudadanas auxiliaran a la población y, ahora, ha emprendido una nueva escalada de persecución que ha significado la cancelación de más de mil organizaciones”, resume la socióloga.
El impacto de los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020, fue uno de los episodios más tensos en relación al bloqueo de la solidaridad ciudadana. La Policía impidió la recolección de víveres y otros insumos en Managua y en las alcaldías administradas por partidos liberales, algunas enclavadas en las zonas que directamente fueron afectadas por los huracanes.
Incluso, golpearon al activista, exaspirante presidencial y actual preso político del régimen, Félix Maradiaga, para impedir que viajará a Bilwi, en el Caribe Norte, para llevar ayuda a los damnificados.
Ortega y Murillo, “los salvadores”
La investigadora social y defensora de los derechos humanos, Haydée Castillo, opina que detrás de estos actos represivos hay un obsesivo interés por resaltar las figuras de Ortega y Murillo ante los sectores sociales vulnerables.
“Lo que ellos buscan es hacer parecer a Daniel Ortega como una especie de Jesucristo y a Rosario Murillo como la Virgen María, los salvadores de Nicaragua. En momentos de mayor dificultad, lo que hacen es limitar la solidaridad. Evitarla a todas luces para aparecer ellos como los salvadores de esas poblaciones”, resalta la activista que también estuvo a cargo de una de las oenegés canceladas y también tuvo que exiliarse ante la amenaza de cárcel.
“Sin embargo –añade Castillo– por mucha propaganda que hagan, por mucho control del discurso y la narrativa con sus medios, la realidad se impone. Una realidad en la que cada hogar necesita dos salarios y medio para poder comprar una parte de la canasta básica. Familias que tienen dos o tres personas en el exilio político o migrando en busca de mejores condiciones de vida para mandar dinero a Nicaragua”.
Sin capacidad ni voluntad
Cuadra explica que la gran fisura de esta política agresiva contra las organizaciones solidarias y de ayuda social es que el Estado no cuenta con la capacidad para apoyar a las comunidades, poblaciones y sectores tradicionalmente cubiertos por estas organizaciones.
“El efecto de estas cancelaciones es fuerte, especialmente para poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pues durante décadas las organizaciones han llenado un vacío que el Estado nunca ha asumido, aunque es su responsabilidad. Los más afectados son sectores de la niñez y adolescencia, mujeres, poblaciones indígenas y en condiciones de alta pobreza; sin embargo, el impacto se extiende a otras poblaciones”, apunta.
Para completar sus objetivos, la propaganda del régimen divulga las iniciativas oficialistas que supuestamente suplen las necesidades de los sectores vulnerables. Sin embargo, Cuadra valora que esto no pasa de ser mera propaganda.
La Promotoría Solidaria fue creada como un brazo de apoyo y propaganda del régimen. // Foto: Tomada del Gobierno
“El Estado en Nicaragua no tiene la capacidad ni la voluntad de atender esas necesidades. Toda vez que esto se conecta con el control que ejerce sobre las municipalidades, que son la forma de Gobierno más cercana a la población. De manera que, a pesar de los discursos y la propaganda oficial, el incremento de las condiciones de vulnerabilidad que van a experimentar estas poblaciones solamente va a alimentar el descontento que ya existe”, advierte.
Cuadra no coincide en que el objetivo del régimen sea monopolizar la solidaridad, sino sostener la pobreza y vulnerabilidad para capitalizar el clientelismo entre la población. “No creo que quieran tener el monopolio de la solidaridad, porque no tienen recursos para el clientelismo ni voluntad. Es su naturaleza autoritaria”, valora.
Millones desperdiciados
Castillo añade que la falta de voluntad del régimen por brindar soluciones integrales y de largo plazo también se evidenció con las prioridades establecidas por el régimen durante la bonanza del acuerdo petrolero con Venezuela.
“Está demostrado que este régimen ha sido el Gobierno que más plata ha tenido en sus manos. Bien pudo cambiar toda la matriz económica y productiva de Nicaragua y convertirlo en un país desarrollado con los millones que se malversaron de la cooperación venezolana. Sin embargo, lo que hizo fue llenar sus bolsas y la de sus allegados”, crítica.
Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela, calculada en 5000 millones de dólares entre 2007 y 2016, fue la base para la creación de una red de 22 negocios manejados por miembros de la familia Ortega Murillo y allegados.
“Nunca ha estado entre sus planes satisfacer las necesidades de los sectores más empobrecidos del país, sino en aplicar una política clientelista en la que se reparten migajas como láminas de zinc, cerdos, gallinas o paquetes de comida. Eso no empodera a nadie, no crea capacidad. Lo que crea es una dependencia de los sectores más vulnerables hacia esta dictadura”, denuncia Castillo.
Borregos y vasallos, en vez de ciudadanos
La dirigente social es una afectada directa por las políticas represivas del régimen en contra de los organismos civiles. Castillo era directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias, con sede en el municipio de Mozonte. Este Instituto fue una de las primeras organizaciones ilegalizadas en 2018.
Actualmente, sus instalaciones están usurpadas por una filial de la UNAN Managua, un centro de educación superior bajo control del orteguismo. Castillo resalta que organismos como el que dirigía representan un escollo para la visión absolutista que tienen sistemas como el orteguista.
“No existe una relación normal de la ciudadanía con sus gobernantes. Se han ensañado con las organizaciones de sociedad civil que daban apoyo a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables, porque estos sectores son a los que ellos consideran su clientela. Ellos han visto en las personas más pobres y vulnerables un caldo de cultivo para que su política de clientelismo prospere”, opina la activista, ahora parte de la organización Nicaragüenses en el Mundo.
“Al haber organizaciones de la sociedad civil empoderando, fortaleciendo capacidades, disminuyendo vulnerabilidades, esto lo ven como una amenaza política. Es quitarle el poder a la ciudadanía. El poder está concentrado en una familia y el pueblo ha perdido su poder”, agrega.
Castillo resalta que todas estas iniciativas de acoso, represión y cancelaciones, tienen como objetivo la destrucción de la ciudadanía como un agente social crítico e independiente. “La antítesis de la vulnerabilidad es la capacidad. Y este régimen no ha creado capacidades en la ciudadanía. No está en sus planes. Lo que ellos quieren es reproducir borregos y vasallos para sus desfiles, pero no ciudadanos”, afirma.
El propósito detrás de la irracionalidad
El catedrático Ernesto Medina, también obligado al exilio, destaca que en medio de la irracionalidad de los actos del régimen en contra de organizaciones que combaten la pobreza, hay un propósito definido en estos actos.
“Me aventuraría a proponer varias razones. La primera es la debacle política ideológica del Frente Sandinista, que se ha venido desgastando en los últimos años, debido a la imposición de un régimen autoritario alrededor de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto ha socavado la base política e ideológica del Frente Sandinista”, explica.
“Antes está debacle, el régimen quiere sustituir este vacío con acciones paternalistas y de beneficencia. Como no tienen una oferta política atractiva que hacerle al pueblo, ese vacío lo quieren llenar con esta imagen de un gobierno caritativo preocupado por los más pobres. Y como en toda obra de este tipo, lograr una relación de dependencia material y sentimental, de agradecimiento con el Gobierno”, estima.
Medina resalta que la sola presencia de estas organizaciones en labores de combate a la pobreza era una crítica real y vigente sobre el fracaso de las políticas del régimen para revertir las carencias sociales y económicas de los nicaragüenses.
“El trabajo de estas organizaciones que apoyaban a los sectores frágiles es interpretado por el régimen como una crítica a su fracaso como gestor del país. Es evidente que si había organizaciones trabajando con sectores de la población que viven situaciones difíciles y que el Gobierno no hacía nada por ellos, pues este trabajo ponía en evidencia la ausencia de políticas sociales del Gobierno. Eran sin querer o pretender –valora– una crítica hacia la falsedad de ese país maravilloso que quiere vendernos todos los días Rosario Murillo”.
Dictadura monopoliza la solidaridad en Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloquea, decomisa e incluso agrede a ciudadanos y activistas para evitar muestras de solidaridad o ayuda humanitaria en Nicaragua, incluso en situaciones de emergencia o desastres naturales. En cambio, distribuye una ayuda clientelista, cargada de propaganda y sesgo partidario que enaltece “la solidaridad del comandante Daniel y la compañera Rosario”.
2015
27 de diciembre
Rosario Murillo anunció el envío de 44 mil “paquetes de alimentos solidarios” para los territorios afectados por la hambruna del Corredor Seco del país.
30 de diciembre
La Policía impidió la entrega de víveres y raciones de alimentos para familias campesinas afectadas por la severa sequía en el denominado Corredor Seco del país. La ayuda fue preparada por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía, la principal organización que encaró al régimen por el fallido proyecto del canal interoceánico.
2019
18 de octubre
La Policía obstaculizó las entradas a varias parroquias en las que se recogían donaciones para los presos políticos, una actividad organizada por familiares de los reos de conciencia.
2020
4 de noviembre
La Policía bloqueó una recolecta de medicinas y víveres organizada por la Unidad Médica Nicaragüense para ayudar a los afectados por el huracán Eta. Estos operativos policiales se extendieron a las alcaldías en manos de partidos políticos opositores que realizaron actividades similares.
13 de noviembre
El régimen anunció el envío a las comunidades afectadas por el paso del huracán Eta de 88 toneladas de alimentos y 30 toneladas de aceite para “garantizar la seguridad alimentaria de las familias”. La propaganda del régimen minimizó que esta ayuda fue acopiada en realidad por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
23 de noviembre
El régimen reportó que enviaba una caravana de “20 camiones y rastras” con ayuda para los damnificados del huracán Iota. La caravana fue custodiada por efectivos de la Policía.
17 de diciembre
Agentes de la Policía golpearon al activista y excandidato presidencial Félix Maradiaga para impedir que viajará a Bilwi para entregar ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Iota.
2022
1 de julio
El régimen anunció que desplegó efectivos del Ejército para que estos brindaran ayuda humanitaria a los afectados de la tormenta tropical Bonnie trasladados a los albergues por las alcaldías orteguistas y el Sinapred.
6 de julio
Agentes de la Policía detuvieron un camión con víveres acopiados por la ex Miss Nicaragua Berenice Quezada, quien era la candidata a la vicepresidencia por el partido Ciudadanos por la Libertad antes de ser anulado por el régimen, destinados para los afectados por la tormenta tropical Bonnie.
