25 de octubre 2022
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La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aceptó este martes 25 de octubre de 2022 la renuncia de la magistrada Ileana Pérez, quien se desempeñaba como presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego que la funcionaria se vio envuelta en varios escándalos de corrupción y una pugna de poder entre Daniel Ortega, Rosario Murillo y el partido gobernante.
La carta de renuncia de la magistrada, fechada el viernes 21 de octubre, fue leída por la primera secretaría de la Asamblea Nacional, la diputada Loria Raquel Dixon. En la misma Pérez argumentó “motivos de salud” para dimitir a un cargo que asumió en 2014 con el respaldo del régimen de Daniel Ortega, tras el fallecimiento entonces de la magistrada sandinista Ligia Molina.
“Me dirijo a ustedes a fin de presentar mi renuncia al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia por motivos de salud y que requiere de atenciones, poniendo a su disposición el cargo”, escribió Pérez, quien la semana pasada fue democionada por la cúpula del partido de gobierno.
La renuncia de la magistrada Pérez fue aceptada por unanimidad, con el voto favorable de 88 diputados presentes y no ameritó ninguna discusión en el Parlamento.
En días pasados, el régimen le había quitado la circunscripción de Rivas y Granada, donde el sistema de justicia suele administrar casos de valiosas propiedades costeras y narcotráfico. Según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL, la democión fue consecuencia de coletazos de viejos casos de corrupción, en los cuales estuvo supuestamente involucrada.
Pérez es el cuarto funcionario de la CSJ que cae en desgracia, producto de la intervención del FSLN en el Poder Judicial, con lo que reafirman el control partidario en la institución, caracterizada por ser el brazo represivo de la dictadura. Además de la magistrada Ileana Pérez, el vocero de la CSJ, Roberto Larios fue arrestado, y antes destituyeron a la directora de relaciones internacionales, Katia Jaentschke Acevedo, y a la de protocolo, Ruth Tapia Roa.
El jueves 20 de octubre, en medio de versiones internas de la CSJ sobre un supuesto nuevo traslado a la cárcel policial El Chipote para ser investigada, el Poder Judicial publicó una nota de prensa en la que informaron sobre la participación de la magistrada Pérez en un taller sobre la especialidad de la prueba en el proceso civil con perspectiva de género.
Sin embargo, posteriormente, esta nota de prensa fue retirada del sitio digital del Poder Judicial. Pérez, el día de la supuesta cita a El Chipote, contestó una llamada telefónica y se negó a comentar su caso, argumentando que se encontraba “ocupada” en el gimnasio. El sábado 22 de octubre, ni siquiera respondió y el buzón de su móvil estaba lleno.
Fuentes indicaron entonces a CONFIDENCIAL que Pérez se encuentra en su casa bajo custodia policial en lo que representa la estrepitosa caída de una de las magistradas más leales a Ortega en la CSJ. En ese sentido, comentaron, que el dictador la sostuvo a pesar de la recomendación de “salir de ella” por un cúmulo de denuncias de corrupción y arbitrariedades, entre ellos abusos contra sus subordinados en los departamentos de Rivas y Granada.
La caída en desgracia de Pérez inició el cuatro de febrero pasado cuando fue llevada a la prisión policial El Chipote. Entonces la interrogaron por el caso de la propiedad de un narcotraficante, que fue decomisada y asignada en su territorio a su hermano Emilio Chan López, quien ocupaba el cargo de juez civil en Rivas y luego fue enviado al norte a seguir impartiendo justicia. Ella continuó en su cargo sin mencionar ninguna palabra al respecto hasta el pasado 21 de octubre.
