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Democionan a la magistrada Ileana Pérez de la CSJ, por “órdenes del FSLN”

Le quitaron el control de Rivas y Granada. La alta funcionaria judicial se niega a comentar sobre el cuarto golpe en la CSJ

La magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue democionada  por “órdenes superiores” de la Secretaría del FSLN que mantiene el control de esta institución, confiaron fuentes del Poder Judicial.

Pérez dejó de tener a su cargo la circunscripción del sur, que comprende los departamentos de Rivas y Granada, donde el sistema de justicia administra litigios de valiosas propiedades costeras y casos vinculados al narcotráfico.

“Ahorita estoy ocupada, señor, estoy en el gimnasio, no lo puedo atender”, dijo Pérez vía telefónica al cierre de la edición la noche del miércoles. Este 20 de octubre, la CSJ publicó momentáneamente una nota sobre un taller metodológico, presidido por la magistrada, sobre la especialidad de la prueba en el proceso civil con perspectiva de género, pero luego la retiraron del sitio del Poder Judicial. 

La actividad se realizó en el salón del Consejo Nacional de Administración de Justicia y Carrera Judicial, en la CSJ, en la que ella se refirió sólo al tema del evento. 

Salida de Ileana Pérez, cuarto golpe en la CSJ

La magistrada se convierte en la funcionaria de primer nivel del máximo tribunal de justicia en ser apartada de una parte de sus funciones por la intervención de la Secretaría del FSLN que en los últimos días ordenó la destitución de la directora de Protocolo, la de Relaciones Internacionales, y el arresto sorpresivo del vocero judicial, Roberto Larios Meléndez.

Estas decisiones se manejaron con hermetismo, después que fueron tomadas por orientaciones superiores, canalizadas a través de la cadena de mando del FSLN en la CSJ, encabezada por el asesor presidencial Néstor Moncada Lau y el magistrado Marvin Aguilar García, secretario político y vicepresidente de la institución.

Las fuentes explicaron que estas medidas tomadas con estos funcionarios obedecen a dos razones fundamentales: pugnas internas del FSLN o que los funcionarios defenestrados estén involucrados en actos de corrupción, lo que consideran la hipótesis menos probable, dado el nivel de deshonestidad reinante en los tribunales de justicia. 

El cuatro de febrero pasado, la misma Pérez fue interrogada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, la oficina de investigación de la Policía. Le preguntaron entonces sobre la propiedad de un narcotraficante, que fue decomisada y posteriormente asignada a Emilio Chan López, un hermano de la alta funcionaria judicial, quien ocupaba el cargo de juez de lo civil en Rivas. 

Durante el allanamiento de ese bien inmueble, la Policía incautó una cifra superior a los 200 000 dólares en efectivo. Sin embargo, pese al escándalo, el juez Chan López fue trasladado al norte de Nicaragua y se mantiene en un cargo sin ningún protagonismo. Ni él ni la magistrada Pérez se pronunciaron sobre estos hallazgos y siguieron en sus tareas judiciales.

Según las fuentes de la institución, la democión de la magistrada es un “coletazo” de los viejos casos de corrupción en los que estuvo supuestamente involucrada, los cuales han sido manejados con reserva por el FSLN y las autoridades judiciales. 

La democión de la magistrada va en contravía a la votación de sus colegas en la Corte Plena que decidieron en junio pasado la reelección de Alba Luz Ramos y Aguilar, como presidenta y vicepresidente de la CSJ respectivamente, además de ratificar en su cargo a los otros magistrados, entre ellos a Pérez. 

Investigan a su círculo cercano

Yader Morazán, exfuncionario judicial de Nicaragua, dijo que el círculo cercano de Pérez fue llevado a El Chipote—como se conoce a las cárceles de la DAJ— para ser objeto de interrogatorio, mientras a la magistrada le quitaron las funciones en la circunscripción sur, un rol administrativo que tiene también un alcance político en la actual estructura de la CSJ, integrada por 11 magistrados, la mayoría del partido de gobierno.

“En todo lo que tiene que ver con esa asignación administrativa (la de la circunscripción sur) había un rol político: dar informes, actividades y decisiones políticas. Y ahora que ha cambiado la naturaleza, ponerse de acuerdo con los secretarios políticos de esa circunscripción para hacer el trabajo”, explicó Morazán.

Las últimas actividades públicas antes de la aparición sorpresiva este jueves 20 de octubre, reportadas sobre Pérez precisamente por la CSJ, fueron giras de trabajo en Granada y Rivas durante el mes pasado, en las que se reunió con distintos miembros del Poder Judicial como jueces, forenses y defensores públicos.

Pérez fue elegida como magistrada con una mayoría de votos del FSLN en la Asamblea Nacional el 25 de noviembre de 2014, para ocupar el cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de la magistrada sandinista Ligia Molina. 

Pérez es oriunda de Santo Domingo, Chontales, un pueblo vecino de La Libertad, donde nació Ortega. Empezó su carrera como jueza local único del municipio de Camoapa, en Boaco, en 1993. Es recordada en todo caso  por subordinar sus decisiones judiciales al FSLN.

La cacería en la CSJ

A inicios de octubre, en un ambiente de creciente presión contra los trabajadores del Poder Judicial, las autoridades de la CSJ comunicaron la decisión de destituir a la hija del exvicecanciller Valdrack Jaentschke, Katia, quien se desempeñaba como directora de relaciones internacionales desde septiembre de 2019.

La destitución causó sorpresa entre los funcionarios de la institución, debido a que la orden fue emanada desde El Carmen y fue ejecutada sin titubeos, a pesar que Jaentschke cumplía las funciones de su cargo y también cumplía como militante del FSLN. Ni siquiera le permitieron recoger sus pertenencias personales, según las fuentes consultadas.

También fue destituida Ruth Tapia Roa como directora de protocolo de la CSJ. La funcionaria se desempeñó como secretaria de Defensa, representante de Nicaragua ante Francia, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y una defensora del régimen frente a los cuestionamientos realizados en la comunidad internacional por los graves abusos de derechos humanos cometidos por el Estado.

El vocero de la CSJ, Roberto Larios, considerado un abogado leal al partido de gobierno, fue detenido el sábado 16 de octubre en su residencia en El Viejo, Chinandega, al occidente del país. También fueron allanadas sus oficinas en Managua, sin que se conozcan mayores detalles hasta ahora.

Con una pañoleta rojinegra, el vocero de la CSJ, Roberto Larios, participa en la celebración del 42 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, junto a Berman Martínez, secretario general administrativo de la CSJ. Foto/Tomada de las redes sociales

El diario La Prensa y 100% Noticias informaron que Larios fue llevado el martes 18 de octubre pasado con esposas y vestido de azul, como la dictadura hace escarnio con los presos políticos. La audiencia se realizó en los juzgados de Managua y él fue acusado bajo supuestos cargos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Sin embargo, en el sistema electrónico judicial no se ha publicado hasta ahora ninguna información al respecto.

“Hay un montón de casos, más allá de los que se conocen. Gente de menor rango, de mayor (…) Estos son los frutos de una cultura que han sembrado que es una cultura del canibalismo, donde se sostiene en el cargo a través del servilismo. Todos obedecen a los intereses delincuenciales de los Ortega-Murillo”, agregó Morazán.

El programa televisivo Esta Semana y CONFIDENCIAL publicaron el 9 y 11 de octubre pasado una entrevista con “Sergio”, un trabajador del Poder Judicial, quien confirmó los abusos cometidos  por la Dictadura contra los empleados estatales. Uno de los más notables es la vigilancia política ejercida por el FSLN y las presiones ejercidas contra quienes piensan distinto.

Para el exdiputado opositor Enrique Sáenz, todo lo que está ocurriendo en la CSJ refleja el control totalitario que ejerce la dictadura sobre esa institución, así como el proceso de descomposición interno que tiene como consecuencia un mayor temor.

“Uno de los mecanismos de cohesión que la dictadura pretende afirmar sobre sus seguidores es el miedo más que la adhesión. Los funcionarios que están cayendo bajo la garra represiva, a pesar de su fidelidad reconocida, previsiblemente pecaron por su exceso de confianza”, afirmó Sáenz.


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