21 de febrero 2022
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La estructuración de una red de 22 empresas, en las que participan cinco abogados y 18 allegados a la familia presidencial, que se nutren de establecer negocios con las instituciones públicas, revela a un “estado mafioso para acumular riqueza” de este grupo, considera el economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz.
El analista comentó los hallazgos de una investigación, realizada por CONFIDENCIAL, basada en documentos del Registro Mercantil y también en una base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que permite corroborar de primera mano la participación de los allegados de la familia presidencial en el grupo empresarial.
Además de la red ‘per se’, la investigación muestra el manejo irregular de las concesiones del Estado en el caso de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), Canal 6 y la concesión otorgada a la empresa Xinwei, propiedad del empresario chino Wang Jing, de la cual un abogado del mandatario, José María Enríquez Moncada, es socio del 30% de las acciones.
“Para poner testaferros necesitan gente de la más absoluta confianza”, valora Sáenz en entrevista con el director del programa Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, sobre los principales hallazgos del reportaje.
¿Por qué se da este esquema de ocultamiento?
En primer lugar (es) para tratar de mantener frente a su base la idea de que la familia en el poder sigue evocando los postulados de la revolución— para quienes todavía creen eso— e igual a nivel internacional. Pero evidentemente es un ejercicio sumamente difícil, porque yo reconozco el trabajo de investigación que han hecho (en CONFIDENCIAL) en unas condiciones en las que el Registro Público de la Propiedad —se llama así para que esté expuesto al conocimiento de la sociedad en Nicaragua— es un registro clandestino.
Pero hay representantes legales al frente de las empresas que aparecen como accionistas. Hay unas 18 personas y en particular un grupo de cinco que repite como socios en las empresas más importantes: Yadira Leets, José María Enríquez, José Mojica, Mayling Alegría, Eduardo Morales, ¿esta sería una directiva delegada en las empresas de los Ortega Murillo?
Para utilizar el lenguaje que los nicaragüenses entendemos: Eso se llama testaferros y para poner testaferros necesitan gente de la más absoluta confianza. Es decir, que no se les va ir con las propiedades como ha ocurrido en otras oportunidades.
Una de las empresas más importantes es DNP-Petronic, una red de gasolineras, que originalmente el Gobierno de Ortega propuso que se iba a recuperar para el Estado de Nicaragua, ¿cómo es que resulta ser adquirida con fondos de la cooperación estatal venezolana y ahora está bajo el control de la familia presidencial?
DNP es uno de los ejemplos emblemáticos de cómo la familia en el poder se ha apropiado de los instrumentos del Estado para acumular riquezas personales. Efectivamente es un misterio cómo (pasó eso con) una empresa pública. Recuerdo las declaraciones del Procurador de Justicia de la época, Hernán Estrada, haciendo alharaca que se había reivindicado parte del patrimonio público y que todos los nicaragüenses deberíamos sentirnos orgullosos, porque se había hecho una concesión a una empresa extranjera para que rentabilizara el negocio de DNP. En consecuencia, este es un ejemplo patente de cómo una empresa pública pasa impunemente a ser patrimonio privado. Por cierto, uno de los negocios más lucrativos de la familia en el poder.
El origen del capital con que se han formado estas 22 empresas y posiblemente otras que no están a la vista, pareciera tener dos vínculos: la cooperación estatal venezolana y el desvío de estos fondos, y el otro con contratos del Estado para financiar sus operaciones como ocurre con la mayoría de los canales de televisión, ¿Hay alguna salvaguarda en la ley para evitar que se produzca esta confusión entre lo público y lo privado?
Aquí estamos frente a un caso típico de lo que se conoce a nivel internacional como un Estado mafioso, es decir una mafia que se apodera de la totalidad de los instrumentos del Estado para beneficiarse. Esto tiene otro correlato, que es la impunidad, y esta no podría afianzarse si, por ejemplo, el Poder Judicial no tuviera clandestino el Registro de la Propiedad. No pudiera desarrollarse si la Contraloría cumpliera su función, si la Asamblea Nacional cumpliera su función de control político, si la Fiscalía General de la República cumpliera efectivamente su función. Entonces, todos estos órganos del Estado operan en función del enriquecimiento ilícito en primer lugar de la familia en el poder, pero también con el círculo de allegados. Independientemente de lo que diga la ley, quienes se encargan de aplicarla son los primeros en violentarla.
Uno de los hallazgos de esta investigación es que la empresa de telecomunicaciones Xinwei, que es una empresa china que opera en Nicaragua, aparece integrada en su base accionaria por el abogado José María Enríquez, quien está vinculado también a los canales (de televisión) privados de televisión de los Ortega Murillo, ¿qué se puede interpretar de la naturaleza de esta empresa china donde aparece un socio nicaragüense?
Este señor (Enríquez) ha sido mencionado reiteradamente, pero también se han mostrado documentos que (indican) es una de las personas de mayor confianza para este tipo de operaciones: primero como abogado, porque él aparece en algunas escrituras como el fedatario, en otras como un testaferro. Entiendo que hasta un hijo está involucrado en este tipo de operaciones. El cumple una misión, pero obviamente el propietario no es él —o los propietarios de ese 30% (de las acciones de Xinwei)—.
¿Se podría investigar si detrás de esa representación accionaria hay otro tipo de intereses? A Wang Jing se le otorgó la Ley 840 para el supuesto desarrollo del canal interoceánico, también se le dieron concesiones para Xinwei, y ahora aparece esta participación accionaria…
La cooperación petrolera venezolana es la raíz de todo este conglomerado. Cualquiera puede ver si lo busca en el sitio del Banco Central que lo apropiado —no fue un desvío— fue de más de 5000 millones de dólares. Y una suma gigantesca frente a una economía que es del tamaño de la nicaragüense tiene que rentabilizarse de algún modo. Una manera es la asociación con empresas internacionales y nacionales. Precisamente, parte de una investigación pendiente, tiene que ver con quién es el dueño del plantel de almacenamiento de hidrocarburos donde iba a ser la refinería el Supremo Sueño de Bolívar. De acuerdo con los datos del BCN, se invirtieron ahí más de 500 millones de dólares.
¿Quién es el dueño de la empresa que tiene la mayor capacidad de generación del país, de Alba Generación? Por ejemplo, del Banco Corporativo (BanCorp) aparecía metida debajo de la mesa, que, en concepto de unos contratos de fideicomiso, Caruna tenía el equivalente a 2500 millones de dólares en una auditoría de 2017. En otra auditoría de 2018, en una situación en que todas las empresas estaban en crisis, el monto de esos fideicomisos pasó a 2730 millones de dólares.
Es decir, ese capital está ahí, necesita rentabilizarse. Otra cosa es que en algún momento encontraremos denuncias sobre cómo ese capital está buscando cómo penetrar en empresas establecidas y cómo coaccionar a empresarios a que vendan sus acciones para formar parte de estas sociedades. Pero, bueno, eso está por venir. Lo que está en este momento es ese capital en el caso de BanCorp y Caruna; el caso de la refinería o esta planta de almacenamiento, y este tipo de operaciones.
Enrique Sáenz, economista y exdiputado. // Foto: Cortesía
Hay una empresa privada que se llama NEPISA que aparece relacionada con miembros de la familia presidencial y representa a una entidad estatal, el Canal 6, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
Esa es la otra cara que mencionaba de pasada. DNP es un tipo de operación. Una empresa pública que por un mecanismo mágico aparece como privada. Pero después están las compras del Estado del presupuesto público, las contrataciones, igualmente en este caso en el área de comunicación. También se conocen casos de la compra de medicinas, útiles escolares en el caso del Ministerio de Educación, grandes compras millonarias donde participan empresas ligadas a la familia en el poder para también desde ahí ordeñar el presupuesto público con licitaciones amañadas, y ahí vuelve otra vez el sistema. (Son) licitaciones que la Contraloría debería escudriñar (y) lo que hace es aprobar procedimientos simplificados para adjudicárselos a los mismos.
¿Se puede estimar el patrimonio que está reunido en torno a estas empresas y a sus operaciones?
Antes se decía que había una confusión entre los intereses familiares, el partido y el Estado. En realidad, el partido es una cuestión absolutamente inexistente. Es la familia y sus allegados, apropiados de los instrumentos del Estado. Un buen indicador son estas dos auditorías que se conocieron de BanCorp, en las cuales se refleja este capital encomendado en calidad de fideicomisos. No aparecía como depósito, sino en algo que se llamaba cuenta de orden. Por eso la Superintendencia de Bancos (Siboif) no lo reflejaba como depósito en el BanCorp. (Eso) nos da una idea del piso: el mínimo porque está expreso (en el documento): 2730 millones de dólares en 2018.
Si la Contraloría y la Fiscalía no van a hacer ninguna investigación sobre esta confusión de lo público y lo privado, ¿podría un gobierno democrático?
Para mí debería tener como imperativo una investigación. No hemos hablado tampoco de la electricidad. ¿Quiénes son los propietarios de Disnorte y Dissur (las distribuidoras de energía)? No solo por una cuestión de justicia y política, sino por una cuestión de viabilidad del país. Porque si vos tenés un grupo mafioso, apoderado de un sector estratégico como es el sector energético, del negocio de los hidrocarburos, si controlan las importaciones de medicinas y no entrás a revisar y a controlar eso, ¡pues vas a tener un puñal en la garganta de manera permanente! De tal manera que hacer esa investigación, dilucidar y enjuiciar cuando corresponda, sería una cuestión de viabilidad de un proceso de transición democrática.
