3 de octubre 2022
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“Alicia” es una profesional universitaria que ha trabajado en el Estado desde hace más de 20 años, y actualmente ocupa un cargo en el nivel de dirección de una institución estatal. Nos pidió que la llamemos “Alicia”, para mantener su identidad bajo reserva y protegerla de represalias.
“Alicia” es testigo del recrudecimiento de la vigilancia política que ejerce el Frente Sandinista contra los servidores públicos, civiles y militares, en todos los niveles. “Nos sentimos rehenes”, asegura, y describe un sistema de control, en el que no solamente existe temor a perder el trabajo, por disentir de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino “exponerse a que a una la echen presa o incluso, hasta que pierda la vida”.
Durante una conversación con el programa Esta Semana “Alicia” habló del rechazo que provoca entre los servidores públicos la persecución desatada contra la Iglesia católica, y la incertidumbre que generan los ataques contra representantes de la comunidad internacional, y la reciente expulsión de la embajadora de la Unión Europea.
Los trabajadores del Estado deben fotografiarse en las actividades políticas y enviarlas a sus grupos de trabajo para confirmar su participación.
Foto: Presidencia
Algunos funcionarios “ni renuncian para no exponerse a que se sepa y sufrir las eventuales represalias, sino que huyen y dejan tirada su liquidación, porque creen que es un mal menor”, explicó "Alicia", al referirse al clima laboral que se vive en las instituciones del Gobierno.
Este miércoles se cumplieron cuatro años en los que Nicaragua ha vivido bajo un estado policial con el derecho de reunión y el derecho de movilización prohibidos. Vos trabajas en una institución del Gobierno desde hace más de 20 años ¿Estas prohibiciones afectan de alguna manera a los empleados públicos?
Yo diría que nos afectan más a los empleados públicos porque a nosotros desde hace muchísimos años nos vienen vigilando; no solo a nosotras, nuestras redes sociales, nuestros familiares, nuestro círculo, qué decimos, qué hacemos, a donde vamos, con quién vamos. Esto inició desde mucho antes de 2018. Claro, se incrementó a partir de 2018.
Con la pandemia tuvimos una serie de restricciones, no podíamos decir que nos enfermamos, que un familiar estaba enfermo del covid. No podíamos ni siquiera protegernos al inicio de la pandemia, porque se veía mal en las instituciones y porque podíamos sufrir represalias. Muchos médicos y funcionarios fueron despedidos durante la pandemia.
¿Cómo se ejerce esta vigilancia? ¿Quién la hace? ¿Es el partido Frente Sandinista, las autoridades superiores del Gobierno?
Las estructuras políticas del Frente Sandinista en todas las instituciones. Antes eran los (Consejos del Poder Ciudadano) CPC, después (Comités de Liderazgo Sandinistas) CLS, ahora son las (Unidad de Victorias Electorales) UVE. Hay una serie de cuadros que son fanáticos y ellos están pendientes de uno, de todo lo que hace. También hay algunos funcionarios que tal vez no están en las estructuras orgánicamente, pero están pendientes. Estas personas suelen ser la minoría.
La mayoría de las funcionarias y funcionarios públicos no están en esta dinámica. Son un poquito de cuadros fanáticos, pero hacen bastante daño y obviamente esto viene instruido desde las más altas autoridades.
¿Cuánto apoyo tiene la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el Gobierno? Cuando uno ve las marchas en que participan empleados públicos, funcionarias del Gobierno o las expresiones en las que aparecen respaldando y agradeciendo las gestiones del Gobierno.
El apoyo es obligatorio porque te anotan en listas. Si vos no estás, si vos no vas, ya sos mal vista, podés sufrir represalias, podés no solo perder el empleo, la libertad, hasta la vida misma.
Una se siente coaccionada para participar, porque si no, tiene consecuencias. El apoyo real que tiene el régimen es mínimo. Yo hablo con otras compañeras, con otros compañeros y entre dientes, sabemos lo que sentimos. No estamos de acuerdo con nada de lo que está ocurriendo, pero no podemos decir nada y cada vez más con ese cerco represivo, una tiene más temor de hablar, de expresarse aún en los círculos más íntimos, porque no sabe quién puede filtrar alguna información y las repercusiones que eso podría tener, pero el apoyo que existe es mínimo, absolutamente mínimo.
Alicia es una alta funcionaria del Estado que relató la vigilancia e intimidación a la que se enfrentan los empleados públicos bajo el régimen orteguista. Foto: Confidencial | Reproducción.
Pero hay un sector que también apoya abiertamente al régimen. ¿Son cómplices los empleados públicos, o son rehenes, o indiferentes?
Hay unos elementos fanáticos que apoyan el régimen, justifican la represión, justifican las acciones que ellos toman, pero es un segmento minoritario, es ínfimo. La gran mayoría de las funcionarias y los funcionarios públicos no estamos de acuerdo y nos sentimos rehenes, porque nos vemos obligadas a participar de estas actividades. De manera voluntaria, nosotras vamos a las actividades, nos tomamos fotos para que nos vean, las subimos a los grupos (redes sociales) que hay que subirla o la mandamos a donde hay que mandarla. Nos anotamos en lista y solo cumplimos y nos vamos. Eso denota que no hay un compromiso real, que somos rehenes de este sistema.
Vos trabajas en el nivel superior de una institución del Estado ¿Pueden los altos funcionarios públicos viajar fuera del país en libertad?
No. En los últimos tiempos se está poniendo peor. Ya no es solo a nivel de funcionarios de alto nivel que tienen restricciones para viajar, también personas de nivel medio, de nivel técnico inclusive, y no solo los funcionarios, también las familias de los funcionarios estamos sufriendo restricciones para viajar.
Me he dado cuenta de personas a las que se les han negado los pasaportes, se les han negado documentos para viajar. Han tratado de salir por puestos fronterizos o por el aeropuerto, les retienen, los devuelven y en algunos casos hasta los despiden. Todo eso se maneja internamente porque se vive en el día a día. Hay personas que han logrado salir por puntos ciegos. Algunas ni renuncian para no exponerse a que se sepa y sufrir las eventuales represalias, sino que huyen y dejan tirada su liquidación, porque creen que es un mal menor.
Miembros de la Juventud Sandinistas desanimados durante un discurso de una hora y 18 minutos que ofreció Ortega. Carlos Herrera/Confidencial
Si existe este malestar que estás describiendo ¿Por qué la mayoría de los altos funcionarios públicos siguen en sus cargos? Algunos, incluso se retiran y son repuestos en sus cargos. El último caso de ruptura con el régimen fue el del exembajador ante la OEA, Arturo McFields, pero son muy pocos los casos que se conocen.
Salir de una organización como el Frente Sandinista es muy difícil. Es mejor que ellos te corran, porque si no, uno se expone a represalias y hay mucho temor, porque las represalias no sólo van para una, sino también para la familia.
Hay demasiado temor de lo que puede imaginar. Si solo fuera perder el trabajo, eso no sería el mayor problema. Es que una puede exponerse a que la echen presa o incluso, hasta que pierda la vida. Mire lo que pasó con el alcalde de Diriamba. Todos los que podíamos comentar vimos claramente que eso no fue un suicidio. Era un mensaje claro del que se quisiera salir, podría afrontar esas consecuencias. Entonces, una no quiere exponerse a eso. Arturo McFields tuvo la valentía de renunciar, pero él estaba fuera del país con su familia. Entonces, las consecuencias son mucho menores y las personas que estamos aquí, difícilmente vamos a poder hacer algo como él.
¿Qué peso tiene la estabilidad económica que otorga el Gobierno a los funcionarios públicos para permanecer en el trabajo? ¿Hay algún conflicto ético para mantenerse en el sector público viendo todo lo que está ocurriendo en el país?
La mayoría de los funcionarios tenemos que trabajar, tenemos que darle de comer a nuestras hijas, a nuestros hijos y necesitamos el trabajo. No podemos salir del país, peor es si renunciamos, porque luego en la empresa privada no tienen la capacidad de absorbernos. Y también cargamos con el estigma de haber sido funcionarios públicos. No fácilmente vamos a conseguir un empleo.
Por otro lado, claro que hay un conflicto ético, pero lo que muchas hemos tratado de hacer es hacer nuestro trabajo lo más técnicamente correcto y participar en lo estrictamente necesario y obligatorio en las actividades políticas.
Pero nos resulta difícil renunciar y quedarnos. No tanto por perder el trabajo, porque uno de alguna manera busca cómo emprender o cualquier cosa, sino por las otras consecuencias que eso podría representar. Podrían ir desde prisión hasta la muerte, en dependencia de la información que ellos consideren que uno maneja.
En los últimos meses en los medios de comunicación independientes se han publicado muchas denuncias sobre actos de corrupción en el Gobierno, en la Dirección General de Ingresos, en la Dirección de Aduanas, en la Policía, en el Registro Público, en las alcaldías. ¿Quién está detrás de esta corrupción?
Por desgracia ya es un cáncer sistémico, está en todos los órganos y si la cabeza está mal, todos los órganos están mal. Si la corrupción viene desde arriba, se promueve el cobro de impuestos
injustos a la población, las arbitrariedades, la burocracia excesiva y el costo de la vida cada vez mayor y una serie de situaciones que están dificultando la situación económica.
Eso va permeando. Va haciendo un caldo de cultivo para la corrupción y está generalizado todos los niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo. La gente se queja, me refiero a la población, de que se le ponen trabas excesivas, precisamente, para poderles cobrar coimas, para poderles pedir algo a cambio de obtener un servicio que es público y que debería ser asequible.
Sin embargo, muchas personas se amparan en que tienen un resguardo político, se aprovechan de eso para también obtener un lucro económico. No somos todas las funcionarias, no son todos los funcionarios, pero sí hay una gran cantidad de cuadros que están valiéndose de sus cargos para enriquecerse injustamente.
"Alicia" asegura que los empleados públicos son obligados a asistir a marchas en apoyo al régimen orteguista. No se pueden negar por temor a represalias.
Foto: Presidencia
¿Cómo funciona la vigilancia política hacia los funcionarios públicos en tiempos de elecciones? Por ejemplo, en las votaciones del 7 de noviembre del año pasado.
Se nos instruye de que cuando vayamos a nuestro centro de votaciones, solo vamos a votar, que mandemos fotos de que estamos presentes en el centro de votación, que estamos ejerciendo el derecho al voto.
Hay algunas UVE que llegan al extremo de pedir que tomen fotos cuando están en la urna, pero son casos extremadamente fanáticos. Sin embargo, cuando menos te piden pruebas de que llegaste a votar. Además, si una llega al día siguiente de las elecciones sin el dedo manchado, la quedan viendo mal y no digamos los rumores que han corrido de que marcan las boletas y de alguna manera se pueden enterar de cuál fue la intención del voto que una depositó.
Hay mecanismos de control que ellos han establecido, levantan listas y si uno no ha ejercido el voto a determinada hora, te están llamando. Te están escribiendo, diciendo “mire, vaya, mire haga esto”. Te están dando seguimiento en todo el transcurso del día para garantizar que una se presentó y ejerció el voto. En las elecciones de noviembre pasado hubo casos de gente que sufrió consecuencias por no haber ido a votar, gente que fue despedida.
Algunos militantes sandinistas que protestaron contra el dedazo para estas elecciones municipales, en Jalapa y en otras partes, ahora están presos, ¿Qué impacto tiene esto entre los sandinistas, y entre los empleados públicos?
Es peor el impacto para quienes disienten dentro del mismo sandinismo, porque una estructura de origen militar como el Frente Sandinista siente eso como traición y la traición se paga con cárcel y muerte. Por eso le decía al inicio que las empleadas públicas, los empleados públicos, asumimos peores consecuencias porque ellos se sienten traicionados. Me refiero a los Ortega-Murillo y sus estructuras y te lo hacen pagar caro.
Entonces, obviamente cuando militantes sandinistas se rebelan ante las injusticias, ante las cosas que no están bien, asumen consecuencias graves y lo hacen de manera ejemplificante para que el resto de nosotras no se nos ocurra hacer algo como lo que ellos han hecho. Eso es lo que ha pasado con personas como el Chino Enoc.
Parte del grupo de militantes del Frente Sandinista que protestaron en Jalapa por la dedazo en las candidaturas a alcaldes. 21 de estos militantes están encarcelados.
Foto: Confidencial | Cortesía.
¿Qué dicen en el sector público sobre la campaña de persecución contra la Iglesia católica, el encarcelamiento de los sacerdotes, la prohibición de las procesiones? ¿Hay gente que respalda el discurso de Daniel Ortega?
Por supuesto que no. La mayoría de los funcionarios públicos son católicos o cuando menos cristianos. Creemos en Dios y por supuesto que no hay respaldo para estas cosas. Entre dientes una puede medio comentar con alguna compañera, con la que tal vez tiene el mismo tiempo de conocerse en el Estado. Cuando estas cosas ocurren, nos lamentamos y quisiéramos que cambiaran, quisiéramos que las cosas no fueran así.
Nos duele porque hiere nuestra fe, hiere nuestra identidad religiosa, y sabemos que son injusticias graves que se cometen y que van a tener consecuencias, pero no podemos hacer nada. Incluso hay algunas personas que han considerado irse retirando poco a poco de ir a sus iglesias porque creen que hasta eso podría acarrearles consecuencias.
Estamos en una situación de mayor cooptación de nuestras libertades, de nuestra conciencia y eso en algún momento, puede generar una reacción y a eso es precisamente a lo que temen, a que a esa reacción desde adentro les cueste más controlarla, igual que en 2018. Los sectores que se levantaron con más contundencia contra el régimen, provenían del sandinismo y por eso los han atacado con mayor contundencia.
Seguramente escuchaste los discursos de Daniel Ortega esta semana atacando a los Gobiernos de Chile, la Unión Europea, Holanda, Estados Unidos. ¿Cómo se lee en el sector público esta escalada de Daniel Ortega frente a la comunidad internacional?
Obviamente nos preocupa, porque no sabemos en el futuro qué medidas podrían tomar otros países en contra de Nicaragua que lleguen afectar a la población, a la economía, pero estamos claras de que es el mismo Daniel y la misma Rosario quienes están provocando que estas situaciones se den.
El problema es que quienes vamos a asumir las consecuencias somos las que vivimos aquí y no solo los funcionarios públicos, el pueblo en general y eso es lo que nos preocupa. Sin embargo, no tenemos la fuerza para detenerlos y decirles no lo hagan. Nos duele más cuando atacan a la Iglesia, nos duele más cuando hablan del papa, cuando atacan a los obispos, a los sacerdotes en la forma que lo hizo recientemente Daniel Ortega.
¿Cómo ves el futuro del país con la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo que se autoeligieron en noviembre del año pasado por un periodo de cinco años?
Incierto. Ellos creen en este momento tenerlas todas porque creen que el mundo entero está ocupado en otras cosas, pero puede llegar un momento en que aquí mismo la gente se canse, haya una reacción y la comunidad internacional apoye cualquier reacción que se dé aquí. O, simplemente, la misma comunidad internacional se canse de todos los atropellos que estos señores cometen contra sus representantes, sus embajadores y venga un declive económico al país. Tal vez en este momento no se siente tanto, pero tan es así que eso explica la fuga de tanto funcionario hacia otros países, hacia Estados Unidos, Costa Rica, que se están yendo precisamente porque ven el panorama sombrío.
En este momento el poder en Nicaragua está compartido entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Existe alguna expectativa de que esto pudiera cambiar, con una sucesión del poder de Ortega a su esposa o alguno de sus hijos?
Mejor definitivamente no, peor sí. Lo que mucha gente opina es que una vez que Daniel Ortega muera, va a haber un conflicto de sucesión porque aparentemente no solo Rosario Murillo quiere llegar al poder, sino también los hijos y por el estilo de mando de Rosario Murillo, podría generarse una serie de fricciones, no sólo hacia afuera, sino a lo interno del sandinismo, con los combatientes históricos.
Sin embargo, si el Ejército y la Policía cierran filas alrededor de ella o de quien suceda a Ortega, va a ser difícil, porque el pueblo no tiene con qué atacarlos. En cambio, ellos tienen los grupos armados de su lado y cualquiera que sea la dinámica de sucesión, va a representar una situación de crisis, que también la vamos a asumir todos los nicaragüenses, tanto los que estamos en el Estado, como los que están afuera.
¿Cómo se ve desde el sector público a la oposición democrática de Nicaragua, que hoy están sus líderes presos en la cárcel, en el exilio o bajo persecución?
Antes de que fueran encarcelados todos los candidatos, sí había alguna esperanza, porque había algunos candidatos que tenían un discurso conciliador, un discurso con propuestas con inteligencia y capacidades, pero en la medida que los encarcelaron, pues esas expectativas se hicieron humo.
Sin embargo, hoy por hoy, además de que no vemos del lado de la oposición un liderazgo claro con propuestas que pueda aglutinar a los diferentes sectores, también preocupa a los funcionarios públicos que vemos en algunos sectores ataques gratuitos a una solo por ser funcionaria pública, cuando, tal vez, una no ha cometido ningún crimen, no ha robado, no ha matado, no ha hecho nada malo y de pronto uno se preocupa, porque puede asumir consecuencias cuando se dé un cambio y no solo nos pueden despedir, si no nos puedan también echar presas.
Entre más dividida está la oposición y menos propuestas positivas hagan para aglutinar a quienes hoy estamos en el Estado o incluso a los mismos militantes sandinistas, más difícil va a ser debilitar y botar al régimen.
¿Como funcionaria pública, vos tendrías la aspiración de poder trabajar en el Estado después de la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
Yo llegué al Estado antes de que llegaran al poder Daniel Ortega, Rosario Murillo y me mantuve ahí, sirviendo al pueblo de Nicaragua. Como yo, muchos tendríamos la aspiración de continuar sirviendo al país después de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Yo creo que si llegara gente con sensatez y con visión de país, podrían hacer evaluaciones al desempeño para determinar quiénes tienen las capacidades técnicas profesionales y morales para seguir trabajando, quiénes no cometieron delitos, quiénes no atentaron contra el pueblo y puedan continuar trabajando. Que asuman sus consecuencias realmente aquellas personas que se han enriquecido ilícitamente, que realmente hayan cometidos actos de corrupción o que hayan participado activamente en los actos de represión, en contra de los funcionarios públicos y en contra de la población en general.
