15 de junio 2022
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La resolución del Parlamento Europeo (PE), demandando sanciones a la Unión Europea contra tres magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), puso los reflectores sobre una de las instancias judiciales que participa de manera activa en la represión contra los presos políticos en Nicaragua.
La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización que ha llevado la defensa de centenares de reos de conciencia, informó el 26 de mayo pasado que se había confirmado la sentencia contra siete reos de conciencia: Tamara Dávila, Violeta Granera, José Pallais, José Adán Aguerri y los exprecandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro.
Los autores de la resolución fueron los magistrados de Apelaciones, Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, de la Sala Penal 1 del TAM, los mismos funcionarios judiciales para quienes los eurodiputados pidieron un castigo “financiero y personal”.
Javier Nart, uno de los legisladores europeos que firmó la propuesta, explicó el 8 de junio en el programa televisivo Esta Noche —horas antes de la resolución del PE, aprobada con 524 votos, 17 en contra y 29 abstenciones — que se percibe que hay más impunidad en Nicaragua, mientras calificó a 14 jueces y los tres magistrados de Apelaciones que integran la maquinaria judicial del Orteguismo como “obscenos represores”.
“La represión es un sistema, y el sistema no es el autócrata dictatorial Daniel Ortega y su santísima señora (Rosario Murillo, vicepresidenta), sino que es un sistema que empieza en el presidente, que da órdenes al Ministerio del Interior para que la Policía actúe; la Policía es quien detiene y tortura, y después se lo pasa a los jueces, que son los que condenan. Esto es lo que hacía el régimen franquista, y también lo hacía Stalin”, explicó Nart.
“Voluntad política de criminalizar”
Para Alexandra Salazar, una de las integrantes de la UDJ, en los casos contra los reos de conciencia ha existido una “deliberada voluntad de criminalizar” el ejercicio de derechos de la ciudadanía como la libertad de expresión, asociación y reunión, atendiendo una voluntad política que borra las garantías del debido proceso para quien sea enjuiciado en el país.
Según el marco jurídico nacional, el TAM resuelve sobre recursos relacionados con la detención ilegal (o llamados técnicamente de exhibición personal), autos donde las defensas consideran se han violado los derechos de los procesados—los que suelen engavetar—, pero de manera rápida han ratificado en las últimas semanas las sentencias de primera instancia contra los opositores de la dictadura.
Tres abogados consultados, que pidieron el anonimato por temor a represalias, indicaron que los magistrados de Apelaciones son corresponsables de los delitos de torturas y prevaricato, los mismos en que habrían incurrido policías, fiscales y jueces al cometer abusos contra los reos políticos, según una serie de CONFIDENCIAL sobre cómo opera la maquinaria judicial.
“Ellos (magistrados de apelaciones) están conociendo de los recursos (a favor de los reos), al menos tienen que leer lo que las defensas están presentando. En ninguno de los casos se ha probado el delito que les imputan”, dijo una de las fuentes consultadas.
Lo que hace el régimen con las sentencias de apelaciones es un intento por “legalizar” las graves violaciones de derechos humanos, cometidos en la primera instancia y, como es de esperarse, seguirá un mismo compromiso con Ortega en el más alto nivel: La Corte Suprema de Justicia (CSJ), adonde llegan los recursos de casación, dijo la fuente.
Leer: Los 15 jueces que ejecutan las órdenes contra los presos políticos
Salazar lamentó la tragedia que han vivido las víctimas del sistema. “No hay una víctima mayor o menor. Todas lo han sido de un sistema de justicia parcializado. Hay torturas, no es un tema de cuál (caso) es peor. Hace falta independencia judicial”, lamentó.
La jurista explicó que las capturas de los presos políticos, ejecutadas desde hace cuatro años, pueden ser consideradas arbitrarias, porque fueron ejecutadas sin orden de detención ni de allanamiento, agravándose en los casos de los departamentos lejanos de la capital cuando los detenidos fueron sustraídos de su juez “natural” para ser enviados a Managua.
Represión judicial: 1614 detenidos en dos años
Aunque la cantidad de los reos de conciencia —citada por el Mecanismo de Seguimiento de la situación de los mismos— es de 182, la represión judicial se ha cebado con miles de ciudadanos en los últimos cuatro años.
Al menos 1614 personas fueron encarceladas, entre abril de 2018 y el cinco de octubre de 2020, según un informe sobre “Los Privados de Libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los capturados en ese período fueron enviados tanto a la cárcel policial El Chipote —denunciada como un centro de torturas por organismos de derechos humanos—, y también a dependencias del Sistema Penitenciario Nacional.
La CIDH citó en su informe cómo funcionó la justicia en el TAM en 2018, mencionando casos en los cuales la Policía se negó a cumplir un recurso a favor de uno de los reos, un mecanismo que luego cambió.
Para ejemplificar, el organismo de derechos humanos adscrito a la OEA citó el recurso de apelación, aprobado por la Sala Penal 2 del TAM —también manejado por el FSLN— del ocho de junio de ese año a favor del promotor de derechos humanos Reinaldo Antonio Lira. El mismo no pudo ser ejecutado por un juez, porque la Policía del Régimen se negó a recibirlo.
La UDJ ha introducido centenares de recursos de exhibición personal, según datos cortados hasta 2020. Fueron entonces 262, de los cuales 104 correspondieron a la Sala Penal 1, 110 en la Sala Penal 2 en Managua y el resto en los departamentos. Con esa experiencia acumulada, Salazar explica que lo que ocurría en su mayoría en 2018 es que se nombraban jueces ejecutores a personas que no podían ejercer y agentes paraestatales, lo que obligaba a las defensas a solicitar un cambio del mismo, mientras la Policía se negaba a dar una respuesta a la denuncia. Finalmente, todo quedaba con el envío de un “suplicatorio a la Corte Suprema de Justicia”.
“A partir de los cambios en la criminalización, ni siquiera nombran a los jueces ejecutores, mandaban instrucciones a la Policía y esta institución respondía que (los arrestados) estaban bajo investigación, a pesar de que la detención es arbitraria y debería ordenarse la libertad”, agregó Salazar.
Desde 2021, la UDJ introdujo también 16 recursos de apelación a las sentencias contra los reos de conciencia. Estos detenidos corresponden a los capturados durante la escalada represiva, con la que la dictadura eliminó la competencia electoral para garantizar la reelección de Ortega y Murillo, sembrando el miedo entre la ciudadanía.
El Estado tampoco colaboró en ese sentido. Generalmente, las defensas de los presos políticos tienen un plazo de seis días para la apelación a las sentencias, pero al tratarse de investigaciones “de tramitación compleja” el tiempo se duplica. Entonces la burocracia partidaria juega en contra de los derechos humanos. Lo mismo pasa con los que están en casación, donde el plazo para apelar es de diez días; veinte, en casos complejos.
La jurista denunció que en los TAM ni siquiera les brindan las fotocopias de las sentencias. “Te dicen que están en reunión; que (el expediente) no está autorizado, debería garantizarse (a la defensa) que tenga acceso a las sentencias. O que se envíe copia junto con la notificación o debería garantizarse el préstamo del expediente para que se tenga acceso”, sugirió Salazar.
Estas trabas en los procesos judiciales del orteguismo, o la celeridad para confirmar las sentencias de culpabilidad vistas recientemente, se explican en que los magistrados de Apelaciones subordinan sus decisiones a la voluntad del partido de Gobierno.
Otro abogado lamentó la obediencia de los funcionarios judiciales a Ortega. “Si los magistrados de Apelaciones tuvieran independencia, ellos deberían de analizar cada uno de todas las irregularidades que se realizan durante el proceso. Entonces revocarían las sentencias tan llenas de nulidades, pero ellos las están ratificando. Eso solo es explicable en un país con la situación de deterioro institucional de Nicaragua”, agregó.
La vida partidaria de los magistrados de la Sala 1
Según una revisión hemerográfica, el magistrado Octavio Rothschuh Andino es un militante del FSLN. En 2019, participó en el aniversario de la revolución sandinista, acompañando al entonces presidente del TAM, Gerardo Rodríguez, destituido dos años después por tramitar un recurso del partido Ciudadanos por la Libertad. En la foto también estaba el magistrado Edgar Altamirano.
No es el único caso de identificación plena con el FSLN en la estructura judicial. En diciembre de 2021, la colega de Rothschuh, Ángela Dávila Navarrete, cumplió 40 años de laborar en el Poder Judicial.
“Después del triunfo de la revolución no quedaron jueces en Managua, supe de unas becas para ser jueces técnicos y me metí a estudiar. Entonces me dijeron que se abrirían nuevas plazas para jueces en Managua, hice mis pasantías y al final fui seleccionada”, dijo Dávila Navarrete al sitio oficial de la CSJ.
Los magistrados de Apelaciones, Rosa Argentina Solís y Octavio Rothschuh, celebrando los 40 en el Poder Judicial de su colega sandinista Ángela Dávila Navarrete/ Foto/Poder Judicial
Según la fuente judicial, Dávila Navarrete es cercana al partido de Gobierno, lo que explica su permanencia en Apelaciones, dado el control total que tiene el Régimen en todos los niveles del aparato judicial, lo que impide cualquier tipo de oposición interna.
La magistrada de Apelaciones Rosa Argentina Solís fue identificada en el diario La Prensa como integrante del Consejo Departamental del FSLN en Managua y como secretaria política del partido oficialista en la colonia 9 de junio.
Solís es hija de la colaboradora histórica, Aura Donatila Dávila, quien murió en octubre de 2019, lo que motivó un pronunciamiento de la vicepresidenta Rosario Murillo, en sus alocuciones de mediodía.“Doña Aura Dávila, fue casa de seguridad del Frente Sandinista en los años 60 y es hermana del héroe Róger Núñez Dávila, que cayó combatiendo junto a Leonel Rugama allá por el Cementerio Oriental”, afirmó Murillo al expresar sus condolencias a la magistrada.
El dominio del FSLN en la Sala 2 del TAM se repite, aunque siguieron otro camino para el control en este caso.
La Sala Penal 2: Una exliberal se unió a sandinistas
De acuerdo con los registros oficiales, los tres magistrados de esta dependencia de Apelaciones son Martha Quezada, Ingrid Lazo y Noel Pereira Morice.
La funcionaria más conocida de los tres mencionados es la magistrada de Martha Quezada, quien es recordada por ser la jueza que archivó el caso de Zoilamérica Narváez, quien denunció en 1998 a su padrastro Ortega por abuso sexual.
Tanto Lazo como Pereira Morice provienen de las filas liberales ligadas al expresidente Arnoldo Alemán, socio político de Ortega desde el año 2000. Sin embargo, fue la magistrada Lazo la que se pasó a respaldar abiertamente las decisiones del FSLN.
“La doctora Lazo entró como supuestamente arnoldista. Hubo una vacante y la nombraron juez de distrito. Después murió el magistrado Denis Maltez, allegado de Alemán, y la ascendieron. Con todo esto (del control del FSLN en la justicia) se pliega a ellos”, explica el jurista recordando su trayectoria.
Lazo es esposa del humorista sandinista José Ramón Quintanilla, conocido como JR. Por su parte, Pereira Morice es hijo del abogado arnoldista, Noel Pereira Majano, fallecido en 2011.
