7 de noviembre 2022
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La maquinaria del fraude hizo exactamente lo que se esperaba de ella: controlar a los trabajadores estatales para que fueran a votar; azuzar a los suyos para que se animaran a participar de un proceso en el que nadie cree, e impedir que los pocos opositores que sí querían ejercer su derecho, llegaran hasta la Junta Receptora de Voto (JRV) que le correspondía.
Este domingo 6 de noviembre, el Frente Sandinista terminó la puesta en escena de su proceso de ‘elecciones’ municipales, en el que, supuestamente, los ciudadanos elegirían a más de 6000 personas para ocupar los cargos de alcaldes, vicealcaldes, y concejales.
La certeza de que, en realidad, no se estaba eligiendo a nadie, porque la decisión fue tomada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde hace varias semanas, se tradujo en calles, centros de votación y JRV vacías, lo que obligó a la maquinaria electoral a redoblar esfuerzos para conseguir aunque sea la foto que permitiera asegurar que habían tenido alta participación.
“Desde tempranas horas de la mañana, el FSLN inició su labor de coacción contra trabajadores del Estado para obligarlos a asistir a las urnas para votar y hacer cumplir las orientaciones partidarias. Al sector público se le indicó asistir desde tempranas horas, y enviar fotos con el dedo manchado tras la votación. Esta medida no solo aplica para los y las funcionarias, en esta ocasión fue extendida a sus familiares mayores de 16 años”, dijo Ligia Gómez, investigadora de Urnas Abiertas, leyendo el primer corte de esa entidad, sobre la farsa municipal.
Ese observatorio electoral dijo que “se recibieron denuncias que indican que los trabajadores del Estado se vieron obligados a permanecer por un período más extendido de tiempo en los CV para simular participación, así como hacer labores para el traslado de votantes”, después de enviar “evidencias del voto”, a los secretarios políticos y jefes de áreas de las instituciones para las que trabajan.
La existencia de esas indicaciones no implicaba que todos fueran bienvenidos.
No dejaron votar a opositores
La directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, dijo que algunas personas que no son reconocidas como militantes del Frente Sandinista, fueron hostigados por policías electorales que les tomaban fotos al llegar a su centro de votación, o les impidieron ingresar. “Hay casos de personas que estando dentro de la JRV son señaladas de “tranqueras” y luego expulsadas”, aseguró.
En algunos municipios del norte del país, donde simpatizantes e integrantes de otros partidos políticos se preparaban para defender el voto, hubo hostigamiento por parte de afiliados al FSLN, que amenazaban a la población para que no saliera a votar, pues podrían ser detenidos o sus vehículos quemados.
Valle también dijo que pudieron verificar la detención de 17 personas en el contexto electoral, en los departamentos de Rivas, Río San Juan, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Managua, desde el uno de noviembre, hasta las 4:00 PM de la tarde del domingo seis.
Finalmente, se indicó que, además del proselitismo observado dentro y en los alrededores de los centros de votación, con simpatizantes del Frente Sandinistas vistiendo prendas con los colores que usa esa organización, y el tipo de música testimonial con la que normalmente se les asocia, también se observó vehículos de una veintena de instituciones públicas, que se estaban usando para trasladar votantes.
Las denuncias recibidas, indican que esos vehículos están asignados al Minsa, alcaldías, EPN, Mined, Policía, bomberos, Ejército, Inafor, INSS, IPSA, INTA, Magfor, Mifamilia, Marena, Migob, Mefcca, Uraccan, Sistema Penitenciario, y Poder Judicial. También se conoció de camionetas, camiones, microbuses, mototaxis del transporte público y otros vehículos civiles, que habrían sido pagados por el Gobierno para ejecutar esa misma labor.
