29 de enero 2022
AA
Cada noche en los últimos dos años, cuando la expresentadora de televisión Berta Valle escucha llorar a su hija de ocho años, le muestra los videos que Félix Maradiaga, su esposo, grabó para la niña. “Hola amor mío, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Ya sabés que estoy en Nicaragua, con ganas de verte pronto, de darte un abrazote, no se va poder ahorita, vamos a estar hablando y es importante que nunca se te olvide que sos mi número uno”.
- COSEP pide a Ortega diálogo “sin precondiciones”
- Régimen orteguista reactiva más juicios políticos contra opositores
La voz de Maradiaga se escucha desde el teléfono inteligente que Valle tiene en sus manos, mientras ella recuerda los días duros de separación, que se agudizaron cuando él fue apresado el ocho de junio de 2021 por la Policía, luego de presentarse a una cita en la Fiscalía.
Valle llora durante algunos momentos de la entrevista. Acaba de firmar este viernes 28 de enero una carta con al menos 46 familiares de presos políticos, que demandan la liberación inmediata de al menos 170 personas que se encuentran encarceladas por razones políticas en Nicaragua, y la anulación de los juicios políticos. Al menos una cuarta parte de ellos fueron arrestados en los meses previos a las votaciones presidenciales con las cuales Ortega se aseguró un cuarto mandato consecutivo.
La esposa de Félix Maradiaga, Berta Valle, enseña el video que suele mostrar a su hija, en el cual el joven político le dice a la niña que es su número uno. Foto/Confidencial.
Siete de esos últimos detenidos fueron precandidatos presidenciales como Maradiaga, pero también hay líderes sociales, políticos opositores, líderes empresariales, con los cuales el régimen impuso el silencio a base de terror y eliminó cualquier posibilidad de competencia en el proceso caracterizado por sus irregularidades, el control en las estructuras electorales del partido de gobierno. El resultado de aquel Frankenstein político —la reelección de Ortega— fue considerado ilegítimo por al menos 25 países del continente americano agrupados en la OEA y 27 naciones reunidas en la Unión Europea.
“Somos víctimas, queremos a nuestros familiares libres”, clama Valle, que rechaza el intento de dividir a los parientes de los presos políticos que, a pesar de no compartir ideologías en algunos casos, sí están de acuerdo en que la libertad inmediata y sin condiciones de los mismos es urgente, porque fueron acusados injustamente, pero también porque han sufrido un deterioro de sus condiciones por el encierro.
Valle explicó que el comunicado del pasado 25 de enero, suscrito inicialmente por 27 parientes de reos de conciencia—al que se han ido adhiriendo más firmas hasta sumar 72 y en el que expresentadora de televisión no participó — no se usa la palabra “diálogo”, sino que es un llamado a que distintos actores de la sociedad se coordinen para la liberación de los presos políticos.
En ese punto de la demanda de libertad coinciden con las otras familias de presos que pidieron la excarcelación inmediata, la anulación de los juicios y el restablecimiento de las libertades de los ciudadanos.
Respaldando la petición del primer grupo de familiares, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pidió un diálogo a Ortega sin “precondiciones”, sin embargo, un directivo gremial aceptó que hasta ahora no hay ningún acercamiento con el régimen y que lo que hay es una intención en la que pretenden la liberación de los detenidos—entre ellos varios dirigentes del sector privado— y que los dejen “trabajar en paz”.
“Nosotros pedimos por todos los presos políticos. Es una negociación asimétrica a todas luces. Lo que verdaderamente nos chima los zapatos son los presos políticos y sus condiciones. Somos claros en lo que priorizamos”, dijo el directivo empresarial.
Estados Unidos tampoco observa alguna señal de Ortega para abocarse a supuestas pláticas. Este viernes, al mediodía, la vocera y vicepresidenta Rosario Murillo no se refirió en ninguna parte de su monólogo a la posibilidad de conversaciones. Días atrás habló de lo que realmente les interesaba.
El 19 de enero, Murillo invitó a encuentros del gabinete con actores locales, que serían programados la próxima semana y en los cuales conversarán sobre el modelo económico nacional, ignorando la petición de la liberación de los arrestados, así como poner fin al estado policial impuesto desde septiembre de 2018.
Murillo informó que este fin de semana se realizarán 5000 actividades promovidas por la dictadura y la firma de un acuerdo con la República Popular de China, con la que recientemente restablecieron relaciones, para la construcción de viviendas. Sin embargo, no dio detalles del proyecto.
Una fuente vinculada al gabinete dirigido por Ortega y Murillo confió que al menos en esas instancias, no se ha escuchado o discutido sobre la reactivación de un diálogo. “Ese es un tema que se maneja al más alto nivel y por lo menos en las cosas de gobierno, no se ha hablado de eso”, dijo brevemente.
En los dos diálogos anteriores, instalados tras la crisis de abril de 2018 en distintos momentos, Ortega no cumplió sus promesas y continuó la represión para acumular más poder, en tanto acallaba a los críticos.
La desesperación de los familiares de los reos
Karen es hermana de Eduard Lacayo, conocido como la “loba feroz”, detenido desde hace casi tres años bajo acusaciones falsas de narcotráfico, porque participó en las protestas antigubernamentales en su ciudad Masaya. Ella se encuentra en el exilio y se dice desesperada por la situación en la que pueda estar su familiar, quien padece de diabetes y como otros presos ha perdido peso.
“Respaldamos el diálogo, porque es una estrategia que tenemos que hacer para que liberen a nuestros presos políticos. Aquí la única manera que los saquen es hablando con este asesino. Nosotros lo hemos pensado. No hay nada más, ya ves que las sanciones no le hacen nada. No han liberado a nuestros presos y los únicos que están aguantando son nuestros hermanos y nosotros los familiares. No hallamos qué hacer, estamos angustiados de que les vaya a pasar algo”, explica Lacayo.
Valle coincide también en la preocupación por la situación de salud de los presos políticos. Ella misma asegura que su esposo Maradiaga ha perdido 50 libras. “Estamos ante una situación de crisis donde hay que salvar y resguardar la vida de las personas”, afirmó.
Desde que el régimen intensificó la represión en junio pasado, los familiares han denunciado las condiciones de aislamiento a las que fueron sometidos los presos políticos por el régimen, las torturas que han sido objeto, igual que la negación del derecho a la defensa, porque a una mayoría de ellos no les han permitido reunirse con sus abogados y a estos tampoco acceder a los expedientes.
En las circunstancias actuales, en las que el régimen ha incrementado la represión contra los opositores, varios familiares de presos políticos consultados por CONFIDENCIAL prefirieron no hablar sobre sus respectivas historias por temor a represalias. “Cada vez que hablamos pueden ser objeto de agresiones en la cárcel, les puede pasar algo”, dijeron.
