12 de febrero 2022
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El grupo de 15 fiscales y jueces responsables de acusar y condenar a los presos políticos, bajo el régimen de Daniel Ortega, “son actores de los crímenes que aquí se están cometiendo" y tendrán que ser juzgados, advirtió la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, quien consideró más represivos los juicios actuales que los consejos militares instaurados en la dictadura somocista.
“Ellos son actores necesarios, conscientes de los crímenes que a través de la administración de justicia se están cometiendo en Nicaragua...En Nicaragua hay suficientes indicios y suficientes elementos para que, de Daniel Ortega para abajo, sean juzgados por los crímenes que han cometido y que están cometiendo ante tribunales internacionales”, sostuvo Núñez el viernes en una entrevista en Confidencial Radio.
El sistema de justicia del régimen reactivó los juicios políticos contra 17 personas desde el primero de febrero de 2022. Ellos son parte de más de una treintena de opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021 bajo cargos falsos durante la escalada represiva con la que Ortega eliminó la competencia política para asegurarse un cuarto mandato consecutivo.
Las audiencias han sido a puerta cerrada en las celdas de Auxilio Judicial conocido como "El Chipote" y únicamente ha contado con la presencia de un familiar, luego de la protesta de parientes de Ana Margarita Vijil -condenada a diez años de prisión- para que los dejaran ingresar.
Los abogados defensores son revisados de forma exhaustiva, quedan incomunicados porque los despojan de sus celulares. La comunicación que les permiten con sus clientes es mínima. En otros casos, el bloqueo a la defensa ha sido más frontal, como ocurrió en el juicio del líder estudiantil Lesther Alemán; cuyo defensor fue interrumpido constantemente y obligado a guardar silencio.
“No hay punto de comparación en cuanto a la publicidad y a la forma de tramitar los juicios”, cuestiona la defensora Núñez al comparar las audiencias herméticas que se desarrollan en la cárcel "el Chipote" con los consejos de guerra--de carácter militar--, en los que ella participó como defensora, testigo y presa política.
La dictadura somocista juzgaba a miembros del Frente Sandinista. Los juicios eran orales y públicos, se realizaban dentro de un complejo militar, a diferencia de cómo es en la actualidad.
Según Núñez, esas audiencias no eran secretas y se podía ejercer el derecho a la defensa abiertamente. Los familiares de los reos políticos de la dictadura somocista asistían, e igual se lo permitían a la prensa y a los mismos simpatizantes del Frente Sandinista, que con pancartas en mano demandaban justicia.
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Con Ortega no hay otra sentencia que la culpabilidad
Dos semanas después de la reactivación de los casos, los jueces afines al régimen han declarado culpables a 17 reos políticos y condenados a siete con penas de ocho a 13 años de prisión por el delito de “Menoscabo a la integridad nacional”, pese a que las pruebas presentadas por la Fiscalía no demuestran la comisión del delito, confirmó CONFIDENCIAL.
Los jueces orteguistas son Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua; Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, del Juzgado Segundo del Distrito Penal de Juicio; Ángel Jeancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto; Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Quinto Distrito Penal de Juicio; Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo, y Ulisa Yahoska Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero.
En las audiencias, según la defensora de derechos humanos, Núñez, se siguen violando todas las normas legales, "no dejan hablar a los procesados e incluso los jueces no son los que mandan en la sala, ellos hacen lo que la Policía les dice".
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Destacó que en las condiciones actuales, “no hay posibilidad de esperar una sentencia absolutoria” de un preso político, como sí ocurrió en un consejo de guerra. La actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, fue juzgada y Núñez fungió como su testigo. La defensa de Ramos demostró que ella no se encontraba en el país cuando ocurrieron los hechos que le imputaban. “Fue la única persona que salió absuelta en ese consejo de guerra y sino, que me desmienta”, aseveró Núñez.
La defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, ha denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega. Foto/Archivo Confidencial
“¿Creen ustedes que es posible que esperemos que los 40 o 30 que faltan por ser juzgados va haber alguna absolución?, ¡definitivamente no! Ya solo estamos esperando condena en esos simulacros de juicios”, expresó Núñez. En su propia experiencia como presa política de la dictadura somocista, la defensora de DD.HH. fue declarada culpable, luego vino la apelación y después revocaron su sentencia y se ordenó su liberación. Eso demuestra, que aún en ese sistema autoritario, dictatorial, había “un mínimo de institucionalidad”.
“Daniel Ortega, específicamente, ha superado en destrucción de la institucionalidad, en brutalidad, y en todo lo que alguna vez muchos apostamos por destruir para siempre en Nicaragua, como fueron las dictaduras de Somoza”, señaló Núñez.
Desde su perspectiva, los actuales jueces están “actuando contra ley expresa”. “Están actuando conscientemente. Ellos son actores, repito, son actores de los crímenes que aquí se están cometiendo, y actúan de acuerdo a lo que se les ocurre en ese momento o de acuerdo a como amaneció el pensamiento y la mente de Rosario Murillo, que desde El Carmen está orientando”, expresó.
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Juicio de siete reos de conciencia
El próximo martes 15 de febrero, están programados los juicios a los precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais, Arturo Cruz y José Adán Aguerri en una sola causa por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Según Núñez, la Fiscalía intentará probar una participación coludida de varias personas, aunque fueron capturados en diferentes circunstancias y momentos.
También considera que es una forma de martirizar y torturar a los presos políticos y sus familiares debido a que el juicio puede convertirse en una jornada maratónica, superando el promedio de siete a ocho horas, en los que se han desarrollado los anteriores.
La defensora agregó que todo lo que el régimen está cometiendo dentro del "Chipote" y del resto de cárceles de la dictadura, "son crímenes de lesa humanidad", además, de los 355 asesinatos cometidos en el contexto de las protestas.
