Política

Primera sentencia de justicia orteguista: Diez años de cárcel para Ana Margarita Vijil

Es condenada por su labor de defensa de los derechos humanos, señala su familia y el Cenidh. Le confirman la sentencia en breve audiencia

La justicia orteguista condenó este siete de febrero a la presa política y expresidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), Ana Margarita Vijil, a diez años de prisión -que había solicitado la Fiscalía-; convirtiéndose en la primera rea de conciencia de más de una treintena de opositores encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el “nuevo Chipote”, en ser sentenciada, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La audiencia se realizó a puerta cerrada este lunes en las instalaciones carcelarias del “nuevo Chipote”. Vijil fue la tercera opositora declarada culpable por la justicia del régimen Ortega-Murillo, por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, el miércoles 2 de febrero.

El martes primero de febrero, Yader Parajón y Yaser Vado fueron los primeros reos políticos con un fallo de culpabilidad por el mismo delito. Vado también fue encontrado culpable por “propagación de noticias falsas”, como resultado de juicios que especialistas en derecho han calificado de “ilegales”. Sin embargo, a ambos no les han dictado sentencia.

Un extenso juicio

La semana pasada, María Josefina Gurdián, conocida como “Pinita”, en una transmisión en vivo, aseguró que, el régimen condenó a Vijil por “delitos que no ha cometido y que le imputan ilegalmente”. “El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia”, expresó tras la finalización del juicio que duró unas ocho horas y se realizó en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el “nuevo Chipote”.

Relató que al final del juicio, Vijil se declaró “defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida”. Al firmar el acta de condena se identificó como una presa política.

La audiencia de Vijil realizada el dos de febrero fue calificada como “una nueva sesión de tortura”, por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que denunció que las abogadas defensoras de la líder opositora permanecieron incomunicadas, despojadas de sus teléfonos.

Contrario a lo que ocurrió en el juicio de Parajón y Vado, que la Policía prohibió la entrada a sus familiares, tras la protesta de parientes de Vijil, permitió el ingreso de una persona al “nuevo Chipote”, donde se están realizando todos los juicios políticos, que Daniel Ortega reactivó el 24 de enero, que fueron “congelados” desde octubre de 2021, previo a las votaciones presidenciales, en las que se reeligió sin competencia política para un cuarto período consecutivo.

El Cenidh también aseguró a través de su cuenta de Twitter que la Policía solamente permitió el ingreso de comida para las abogadas y rechazaron la de Vijil. La líder opositora cumplió 239 días de encierro, en los que ha sufrido pérdida de peso, aislamiento y constantes interrogatorios, que son calificados como tortura psicológica por abogados y defensores de derechos humanos.

Vijil fue detenida con violencia junto a la exguerrillera, historiadora y líder de Unamos, Dora María Téllez, el 13 de junio de 2021, durante la cacería política contra los líderes de Unamos, que incluyó la detención del general de brigada en retiro y comandante guerrillero, Hugo Torres; el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y la presidenta de Unamos, Suyen Barahona.

Vijil ha dedicado 16 años de sus 44 años de vida al activismo político. Es la menor de seis hermanos y desde 2018 acompañó a las familias de las víctimas de la represión orteguista en su demanda de justicia. Fue detenida junto a otra treintena de opositores, incluida Barahona y Tamara Dávila, integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el 14 de octubre de 2018, mientras participaban en una manifestación pacífica, que fue brutalmente reprimida por antimotines, en el sector de Camino de Oriente, en carretera hacia Masaya. La detención duró unas horas y después, todos fueron dejados en libertad.

Justicia sin impunidad

Desde su encierro, Vijil protestó contra las pretensiones de Daniel Ortega, quien tras prometer en el acto de autoinvestidura, el pasado 10 de enero pasado, que el país retornaría al crecimiento económico que llevaba antes de las protestas de 2018, aseguró que harían “borrón y cuenta nueva” en alusión a la matanza ocurrida en la rebelión cívica, que reprimió a sangre y fuego.

Al salir de la quinta visita en el “nuevo Chipote”, la madre de Vijil, María Josefina, conocida como “Pinita” Gurdián, publicó el mensaje de la opositora, señalando que en Nicaragua “no puede haber ‘borrón y cuenta nueva’”, que nunca olvidarán a los asesinados, y que “cuenta nueva habrá hasta que haya justicia sin impunidad”.

Pinita mantiene la lucha por la libertad de Vijil y el resto de presos políticos. En una carta abierta, publicada en diciembre, compartió que su hija estaba angustiada por su estado de salud, debido a dos cirugías y una intubación a las que se sometió para tratar el cáncer que padece. “Tengo metástasis causada por un cáncer de ovario y pronto comenzaré una nueva tanda de quimioterapias. No me quiero morir y menos en estas circunstancias. Quiero tenerla conmigo- a Vijil-, estoy haciendo todo lo posible para vivir, para liberarla”, expresó Pinita en la carta publicada en CONFIDENCIAL.

Juicios en “el nuevo Chipote” violan la ley

Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “el nuevo Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.

Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.

Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.

Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.

Se viola el derecho a la defensa

Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.

También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su ítem 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.

Fiscalía llama “criminales y delincuentes” a presos políticos que aún no han sido juzgados

Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.

“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.

Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.

Demandan liberación de presos políticos

El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.

Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.

Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.

Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.

El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.

También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.
Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.


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