28 de julio 2022
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El respaldo del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el hondureño Dante Mossi, a la dictadura y Daniel Ortega y a los cómplices del régimen que han recibido sanciones internacionales, generó la crítica hacia el funcionario -así como demostraciones de solidaridad con el pueblo de Nicaragua- de parte de cuatro centroamericanos consultados por CONFIDENCIAL.
En entrevista con el Canal 12 de televisión, el titular del Banco señaló que “hay un régimen de sanciones que es injusto, porque se acusa y se juzga a una persona sin el debido proceso, pero son las reglas del juego internacional”, admitiendo a continuación que el BCIE busca “mecanismos de protección”, para poder seguir “proveyendo este financiamiento, sin violentar disposiciones internacionales”.
Las declaraciones del presidente ejecutivo de la entidad constituyen “un error”, según el criterio del catedrático y exrepresentante de Costa Rica ante ese banco regional, Ottón Solís, mientras el economista nicaragüense Julio Ricardo Hernández, recomendó “no seguir enfrentando las falacias de Mossi, con la natural indignación o el bochorno que nos provocan”, sino tratando de ver qué es lo que hay más allá de sus palabras.
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif, equivalente al Cosep), Hermann Girón, recordó que el sector empresarial guatemalteco “se ha pronunciado en repetidas oportunidades desde junio de 2021, contra los atropellos que se han cometido contra la libertad de expresión, y por las detenciones ilegales de líderes empresariales, sociales y académicos en Nicaragua”.
Esa política de intolerancia y menoscabo de las libertades de los nicaragüenses, se ha saldado, hasta ahora, con la sanción de unos sesenta funcionarios del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Inglaterra, Suiza… lo que incluye a la propia Murillo, varios de sus hijos y sus más cercanos colaboradores.
Al politólogo salvadoreño, Napoleón Campos, le llama la atención “la ignorancia” del presidente del BCIE, o la falta de asesoría, pese a ocupar tan alto cargo regional, “en materia de Derecho Internacional, pues tanto el decreto del Congreso de EE. UU. conocido como ‘Lista Engel’ y la ‘Ley Global Magnitsky’, no son instrumentos extraterritoriales”, detalló.
De ambos instrumentos jurídicos, aprobados por sendas mayorías bipartidistas, el primero permite al Departamento de Estado decidir sobre el ingreso o no a territorio estadounidense de individuos cuya trayectoria esté marcada por actos antidemocráticos y de corrupción, mientras el segundo “sanciona financieramente a individuos con semejantes perfiles, pero extiende su abanico a individuos y entidades violadoras de los Derechos Humanos o cómplices de dichas violaciones, y a narcopolíticos”, precisó.
El salvadoreño Campos advirtió que “el Sr. Mossi debería identificar con precisión -y hacerlo público a toda la región- si fondos generados en EE. UU. que arribaron al BCIE han sido transferidos vía préstamos o recursos no reembolsables, a la dictadura de Daniel Ortega. Eventualmente, de certificar el Departamento del Tesoro un curso así de flujo de recursos, podría establecer sanciones contra el propio BCIE”, alertó.
BCIE: garrote y zanahoria a la vez
En una entrevista en el programa Esta Noche, Ottón Solís calificó como “un serio error” que desde su cargo, Mossi se inmiscuya en temas de política interna, mientras que nunca ha abogado por los presos políticos, por ejemplo.
“Eso es lo que sorprende. Ante la evidencia contundente que hace que aun regímenes de izquierda en América Latina y políticos de izquierda condenen las acciones dictatoriales y antidemocráticas de Daniel Ortega, el presidente del BCIE, desde el cargo que tiene, nos informe que para él Nicaragua no tiene ningún problema de violación de derechos humanos ni derechos políticos, y que cuestione lo que han hecho otros regímenes para tratar de parar lo que está ocurriendo en Nicaragua”, cuestionó.
En contraste, el presidente del Cacif reiteró que “nos unimos a los llamados de cientos de personas e instituciones que han expresado su apoyo para estas personas perseguidas y apresadas de forma ilegítima en Nicaragua”.
Consultado sobre la posibilidad de que el BCIE condicione los préstamos que se ofrecen al régimen, a una obligación de respeto por la democracia y los derechos humanos, el costarricense Solís recordó que “desde Amartya Sen, el tema de la libertad es fundamental en la definición de desarrollo”.
“Un objetivo primerísimo del BCIE es promover el desarrollo, así que Dante Mossi, en lugar de defender al régimen, debería observar que se incumplen cláusulas del Convenio Constitutivo cuando se canalizan recursos en esa dirección, dado que se incumple ese componente de la definición de desarrollo”, reiteró.
Castrando la valía del sector privado
“El BCIE ha tenido en Nicaragua a un país con un Ministerio de Hacienda muy bien estructurado; realmente un ejemplo en la región”, dijo Mossi en la entrevista, destacando la ejecución de proyectos de electrificación, construcción de hospitales y carreteras; el programa de reactivación de la pequeña y mediana empresa, y otro de apoyo a los productores que están en el Corredor Seco.
El economista Hernández admitió que “la participación de la empresa privada en el desarrollo de la infraestructura, la provisión de energía y comunicaciones, la inclusión financiera y otras políticas públicas para el desarrollo, ha sido una estrategia exitosa en muchos países del tercer mundo, la que sólo rechazan los gobiernos centralistas que pretenden mantener un alto control de la economía en manos del sector público”.
Irónicamente, “ese no es el caso de Ortega. Él la abraza porque la participación de la empresa privada le sirve para controlar a esta empresa. No le importa para hacer de ella un factor de desarrollo: le importa para amarrarla”, sentenció.
Añadió que hay precondiciones básicas, “para que la empresa privada asuma un papel activo en las políticas públicas como factor de desarrollo”, entre ellas, la seguridad jurídica sobre la propiedad, un sistema judicial independiente, un ambiente económico de competitividad, libre acceso a la información pública, mercados transparentes y adecuadamente regulados, con consumidores bien informados. Nada de eso hay en Nicaragua, ni Ortega lo permitiría”, mostró.
“Sin esas precondiciones, esto se vuelve una demagogia, aparentemente liberal y progresista, que esconde una maniobra de férreo control estatal sobre el sector privado. Es la búsqueda de una transición de ‘la empresa privada’, a ‘la empresa domada’, y el BCIE se muestra ‘encantado’ de servir a ello”, concluyó.
Ortega anuló el “debido proceso”
Solís también cuestionó que Ortega reclame el debido proceso para los funcionarios de su Gobierno que han sido sancionados, sin antes revisar su decisión de crear leyes específicas para asegurarse que todo contendor a la presidencia de la República, “esté encarcelado, haya tenido que salir del país forzadamente, o tenga casa por cárcel”, señaló.
“Ahí, el ‘debido proceso’, fue montar en la Asamblea Legislativa con la mayoría que tiene, una normativa que le permita evitar que haya competencia electoral y eso no es debido proceso. Eso se llama ‘legislación singular’. Es hacer una legislación específica para condenar a rivales políticos, y eso no tiene nada que ver con el debido proceso”, insistió.
Basado en su conocimiento de cómo funciona el banco multilateral, el costarricense opina que, si la Asamblea de Gobernadores ni los países dueños del Banco se pronuncian ante las declaraciones de Mossi, es porque este habría hilvanado un sistema que le permite controlar lo que hacen los representantes de los países.
“Lo que veo es el silencio. Él tiene las herramientas para… proteger a los directores”, dijo en referencia a los altos salarios que devengan, o sus privilegios de viajes. “A los países también tiene cómo cooptarlos, porque dispone de toda la cartera de préstamos, y los países probablemente temen que si lo cuestionan, él podría no continuar los créditos a ese país. Es un conflicto de interés terrible, que revela que la gobernanza del BCIE no está bien”, resumió.
Aunque reconoce que la Asamblea de Gobernadores puede determinar el fin -o el condicionamiento- de los préstamos a la dictadura, reitera su certeza de que si un país asume una posición como esa, “el flujo de crédito, o el de desembolsos o las cooperaciones técnicas no reembolsables o apoyos en casos de emergencia”, se van a reducir. “Erradamente, los presidentes no reaccionan como debían reaccionar y menos los Gobiernos ajenos a Centroamérica que tienen… un cargo en el directorio”.
“Nicaragua, como los otros países centroamericanos, tiene un peso enorme en las votaciones que se hagan en el BCIE, y lo que él busca al hacerse de la vista gorda en relación con los temas de Nicaragua, la situación política, la violación a los derechos políticos y los derechos humanos, es evitar que Nicaragua se una a [cualquier votación en su contra, como] cuando yo estaba en el BCIE, y clamaba porque se incrementara la transparencia, la ética, y se pusiesen límites a una serie de abusos que hay en el BCIE”, recordó.
El principal programa de Dante Mossi es “la reelección el año entrante, y en búsqueda de esa reelección, él hace a un lado cualquier otra consideración a la hora de impulsar decisiones”, complementó.
