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Trabajadores del Estado rechazan la violencia contra la Iglesia católica

Tienen mucho miedo, pero siguen atentos el asedio policial a la parroquia en Sébaco. “No sabemos hasta dónde van a llegar”, lamentan

Los empleados del sector público en Nicaragua viven con indignación, estupor, incertidumbre, pero también con mucho miedo, el asedio policial contra el sacerdote Uriel Vallejos y seis feligreses que se refugian desde el lunes 1 de agosto en la casa cural de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Sébaco, Matagalpa, al norte del país.

“Juan” se desempeña como funcionario en el área de economía desde hace ocho años. Está pendiente de las transmisiones en vivo desde las redes de la parroquia, y opina que se trata de un acto de brutalidad, que tiene como objetivo infundir temor entre la ciudadanía e incertidumbre, porque “si son capaces de hacerle eso a la Iglesia católica, ¿qué no harán con nosotros?”.

En los últimos cuatro meses, el régimen Ortega-Murillo incrementó la persecución contra la Iglesia, a quienes acusa de participar en un supuesto golpe de Estado en 2018. En mayo se registró el asedio al obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, hicieron lo mismo con el padre Harving Padilla en Masaya, en junio encarcelaron al sacerdote Manuel García y en julio a monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez valiéndose de procesos carentes del debido proceso, según abogados consultados.

Este trabajador estatal agregó que fue testigo—siguiendo las redes sociales—cuando violentamente las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) ingresaron a la parroquia de Sébaco, intentando apropiarse de los equipos de la Radio Católica, una de las siete emisoras de la Diócesis de Matagalpa ilegalizadas por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR).

Aunque fallaron en su intento de llevarse los dispositivos, porque los mismos fueron sacados por los feligreses antes, según la información de  la parroquia, la Policía se hizo con el control a la fuerza de la capilla, la sacristía, la cocina y el colegio San Luis y mantenía asediado al sacerdote. 

“Juan” añadió que lo más lamentable es que “no se sabe hasta dónde van a llegar” las autoridades de la Policía de la dictadura, ni los líderes del partido gobernante. Además de las agresiones mencionadas, la Asamblea Nacional canceló también la personería jurídica a las Misioneras de la Caridad de la Orden de Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron expulsadas de Nicaragua el seis de julio pasado en otro “ataque inexplicable”.

Rabia, tristeza y dolor

“Carmen” labora para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Se identifica como católica y dice que recibió estas agresiones con “dolor”, “rabia” y “tristeza”. Para ella, es un intento fracasado por acallar a la Iglesia católica, que ha apoyado a la población demandando el respeto a los derechos humanos.

La situación de Nicaragua es una de las más graves en materia de respeto a los derechos civiles desde hace cuatro años. En abril de 2018, ante protestas multitudinarias demandando la renuncia de Daniel Ortega, el dictador sandinista aceptó un diálogo nacional para ganar tiempo y aplastó, mientras tanto, las protestas.

En un primer momento, paramilitares y policías atacaron a civiles desarmados. La cantidad de víctimas, en el contexto de aquellas manifestaciones, fue de 355, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero, además, el Poder Judicial bajo control del Ejecutivo mantiene en la cárcel a 190 presos políticos, basado en procesos calificados como anómalos por expertos independientes.

“Ya es demasiada tanta opresión. No les basta los cierres a los diarios, la persecución a los periodistas y ahora lo hacen con la Iglesia. Le declararon la guerra. Los están tratando como que fueran delincuentes”, condenó “Carmen”.

“Alberto”, trabajador en el área administrativa del Estado, consideró que está mal lo ejecutado por la Administración Ortega Murillo y obedece a la sinrazón de demostrar que ellos “pueden hacer más, porque están en el poder”. “Aunque yo trabaje en el Gobierno, no vamos a engañarnos y decir que no han hecho cosas malas. Si nadie dice nada, es por miedo”, confesó.

Dos oficinistas del Poder Judicial, también consultados bajo condición de anonimato para esta nota, fueron breves, pero coincidieron en sus respuestas por separado. “Aquí nadie habla por miedo, ni se menciona nada de lo que está pasando”, coincidieron. Uno de ellos dijo que están orando para que cambien las cosas, pero ya no quiso seguir la conversación.

“Javier”, entre indiferente y crítico a religiosos

“Javier”, otro funcionario de Gobierno, prometió ser “neutro” con su posición. Comentó inicialmente que no le ha dado seguimiento a lo que ocurre con la Iglesia católica y afirmó que está más pendiente de lo que sucede con China, Rusia y Afganistán.

Sin embargo, sobre el acoso a los religiosos, “Javier” dijo que no comparte que la Iglesia tenga “inclinaciones políticas”. Para él, eso trae consecuencias desastrosas para la población y afirmó que la institución religiosa debe ser neutral y seguir sus propios preceptos cristianos.

“Cuando la Iglesia arremete contra un Gobierno–cualquiera que sea, actúa reconociendo como enemigo a este– se les ataca. En la historia esto ya ha sucedido en otros países también, encontrando a las Iglesias envueltas en organizaciones activistas antigubernamentales”, justificó.

El régimen Ortega-Murillo es cuestionado a nivel internacional, no solo por conculcar las libertades de los ciudadanos en Nicaragua para prolongarse en el poder, sino también por el irrespeto en específico a la libertad religiosa, expresado a través de persecuciones, campañas sucias y amenazas a sacerdotes. 

En 2019, el Papa Francisco recomendó la salida al exilio del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, objeto de ataques de parte de fanáticos sandinistas. Un estudio de la abogada Martha Patricia Molina, publicado en junio pasado, reveló que se registraron 190 ataques contra la Iglesia católica en los últimos cuatro años.

En realidad, la dictadura de Ortega, basada en la tesis del supuesto “golpe” de Estado impuso un sistema en que ha coartado las libertades civiles; impide las marchas opositoras desde septiembre de 2018, y ha fomentado la desesperanza en los más jóvenes y la sociedad en general. Más de 100 000 nicaragüenses migraron entre 2020 y lo que va de 2022 para resguardar su seguridad, o buscando una mejoría económica.


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