Política

Juicio político contra siete líderes opositores se extiende hasta la próxima semana

Cuarta audiencia inició con cinco horas de retraso sin que juez explicara razones y reanudarán el juicio el próximo lunes

El proceso judicial orquestado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los siete reos políticos: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Violeta Granera, José Pallais, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri, se prolongará a una quinta audiencia, el próximo lunes 21 febrero, por disposición del juez orteguista Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La audiencia realizada este viernes, que estaba prevista para las 8:30 a. m.,  inició con cinco horas de retraso, señalaron fuentes cercanas a los familiares. Fue hasta la 1:00 p. m. que el juicio fue retomado sin que el juez del caso explicara las razones.

Los defensores han calificado el alargamiento del juicio político como “otra modalidad de tortura” del régimen orteguista contra los siete reos de conciencia, sus familiares y abogados de la defensa.

Desde la segunda audiencia, realizada el 16 de febrero, quedó en evidencia el grave deterioro físico y mental que sufren los siete acusados, que permanecen encarcelados desde mediados de 2021.

El juicio contra los siete reos políticos inició el martes 15 de febrero, en audiencias a puertas cerradas en las que quedó en evidencia el grave deterioro físico y mental que sufren los acusados.

Familiares de algunos de los reos de conciencia denunciaron, en entrevista con CONFIDENCIAL, que el estado de los siete presos políticos es “alarmante”, destacando que incluso durante el juicio, realizado a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, el preso político José Pallais se desmayó y tuvo que ser retirado del proceso para recibir atención médica.

Señalan que todos muestran una grave pérdida de peso, al punto que se le notan los huesos; debilidad para caminar y levantarse de las sillas donde los ubican; e inseguridad y temor a la hora de hablar.

Resaltaron que uno de los casos más preocupantes es el del Arturo Cruz, que lograron notar que, además de seguir perdiendo peso y tener problema visual en uno de sus ojos, “muestra signos o síntomas asociados a la enfermedad de parkinson”.

La supuesta conspiración

Los siete presos políticos que incluyen a tres precandidatos a la presidencia, dos activistas e integrantes de organizaciones políticas, un exdiputado y un empresario, son señalados por la Fiscalía orteguista de supuesta “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional”, bajo Ley 1055 o “Ley de Soberanía”. En dicha causa se incluye al politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, aunque en su caso la acusación se da en “ausencia”, ya que reside en Estados Unidos y la justicia orteguista no logró ejecutar la orden de captura que giró en agosto de 2021.

Orozco ha rechazado cualquier imputación en su contra y calificó la causa impulsada por el orteguismo como “totalmente política”, según una entrevista que concedió al  programa Esta Semana, transmitido en Facebook y YouTube debido a la censura televisiva impuesta por la dictadura Ortega-Murillo. 

El politólogo argumentó que la causa en su contra “no tiene base jurídica o legal en su acusación, porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con una amenaza contra el Estado”.  

Prevén fallo condenatorio contra líderes opositores

Familiares de los reos de conciencia enjuiciados este martes consideraron que, al igual que ocurrió con los primeros 19 juicios, realizados en las últimas dos semanas, el fallo del juez orteguista a cargo del caso será condenatorio, pese a que la Fiscalía no logre probar ninguno de los delitos que han fabricado. 

Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, resaltó que los juicios son una “farsa”, porque muchos -como su esposo- ni siquiera conocen a sus defensores porque no se les permite una audiencia privada.

Además denunció que la condena contra su esposo “es fija”, no porque haya cometido alguno de los delitos fabricados por la justicia orteguista, sino porque esta ha sido la práctica en los últimos juicios en los que se ha condenado a reos de conciencia con pruebas que han sido calificadas por abogados y juristas como “ridículas” y “sin validez probatoria”.

En un reporte publicado por CONFIDENCIAL, abogados y especialistas en Derecho Penal calificaron como una “burla” los juicios que se han realizado contra los presos políticos por las múltiples violaciones a las garantías y derechos de los acusados, pero también por la “calidad” de las pruebas “que rozan la parodia”.

“Han condenado a los presos políticos con unas pruebas ridículas que no comprueban nada, más que la sed de venganza del régimen hacía ellos. Son pruebas que en cualquier juicio real se caerían en dos segundos, lo que están haciendo roza la parodia”, afirmó una defensora, que por seguridad no fue citada en el análisis divulgado por CONFIDENCIAL.

Boanerges Fornos, exfiscal departamental del Ministerio Público y director del organismo Acción Penal, también señaló que la Fiscalía está utilizando a “oficiales de la Policía que dicen lo que el régimen quiere que diga” y presenta en los juicios “montajes, infamias”  a las que “ni siquiera se le pueden llamar pruebas” porque “no entran en esa categoría”.

Fallan con ocho años de cárcel contra Suyen Barahona 

La justicia orteguista dictó este martes una sentencia de ocho años de prisión, más la inhabilitación de ejercer cargos públicos, contra la presa política Suyen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

En la audiencia contra Suyen, en la que se le condenó por supuestamente cometer “menoscabo a la integridad nacional” en perjuicio del Estado de Nicaragua, bajo la “Ley de Soberanía” y la Fiscalía orteguista solicitó 15 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos, pese a que no logró probar el delito fabricado contra la rea de conciencia.

Familiares de la presidenta de Unamos han rechazado el fallo condenatorio y demandan la nulidad del proceso y su inmediata liberación, porque consideran que todo ha sido “ilegal” y “arbitrario”, iniciando porque Barahona llegó a su audiencia -realizada el 7 de febrero pasado- aun desconociendo que sería juzgada y sin tener ningún tipo de contacto con su defensa.

“Lo único que Suyen ha hecho es atreverse a imaginar una Nicaragua, donde niños como su hijo y la juventud nicaragüense puedan vivir en alegría y libertad (…)”, se lee en un comunicado, emitido por sus familiares tras el juicio político.

César Dubois, esposo de Barahona, reiteró, en entrevista con el programa Esta Noche,  que su pareja “no ha cometido ningún delito” y que “no es ningún delito expresar su opinión, no es ningún delito pensar, no es ningún delito tratar de buscar una solución que al fin de cuentas ayude a construir un mejor país, una mejor sociedad donde podamos coexistir todos, sin tener que ser reprimidos, exiliados o apresados”.

Juicios en El Chipote violan la ley

Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de El Chipote, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.

Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.

Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.

Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en El Chipote, indicó el abogado.

Se viola el derecho a la defensa

Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.

Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.

También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su numeral 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.

Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.

“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado de 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.

Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.

Demandan liberación de presos políticos

El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en El Chipote, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.

Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.

Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.

Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.

El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.

También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.

Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.

Con información de EFE


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