14 de noviembre 2022
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Una cadena de escándalos de corrupción en las ciudades sureñas de Rivas y Diriamba, principalmente vinculados a litigios y apropiaciones de valiosas propiedades, ha sacudido a las estructuras intermedias del Frente Sandinista y ha dejado como estela: la caída de una magistrada del Poder Judicial; la renuncia forzada de un alcalde y el suicidio de otro; el despido de un secretario político; y la remoción y encarcelamiento parcial de funcionarios y operadores políticos rojinegros.
Fiel a su estilo autoritario, el partido de Gobierno ha manejado estos casos sin transparencia, aplicando sanciones y remociones decididas desde la secretaría política del FSLN, a cargo del poderoso asesor de seguridad de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau.
Las instituciones que por ley deberían de ver estos asuntos, han guardado silencio o solamente han sido meros ejecutores de las órdenes devenidas desde El Carmen. La Policía Nacional no ha emitido una sola nota de prensa sobre estos incidentes, ni tampoco la Contraloría General de la República (CGR).
Fuentes vinculadas al partido oficialista comentaron a CONFIDENCIAL que el tema es manejado directamente por la cúpula del orteguismo, y que solo ha trascendido que la “purga” es orquestada directamente por Moncada Lau, y está relacionada con la disputa de valiosas propiedades costeras en las zonas de Carazo y Rivas.
El alcalde de Rivas, Wilfredo López Hernández, y la vicealcaldesa Esperanza Núñez , durante una actividad en octubre de 2020. Fueron removidos en una sesión de menos de 30 minutos por disposición de la dictadura.
Foto: Confidencial | Archivo.
Otras versiones añaden que en medio del conflicto por las propiedades, también está una pugna interna entre Daniel Ortega y Rosario Murillo por el poder en el Frente Sandinista, una tercia que por el momento se ha inclinado a favor de la esposa del dictador.
La última cabeza que ha “rodado” por esta pugna es la de la exmagistrada Ileana Pérez, quien era presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema y estaba a cargo de la circunscripción sur, correspondiente a Rivas y Granada, y en la que se ventilaban procesos legales sobre valiosas propiedades costeras y casos vinculados al narcotráfico.
La exmagistrada Pérez era considerada una incondicional de Ortega. Fuentes que conocen sobre su situación indicaron a CONFIDENCIAL que, durante sus últimos días como magistrada, Pérez se abocó a “limpiar rastros” en los registros públicos sobre “movimientos” en su beneficio y su entorno. También aseguraron que aparecieron “páginas arrancadas de los libros” de los registros relacionados a este tema.
Escándalo inició con la propiedad de un narcotraficante
El hilo de corrupción comenzó con una situación que involucró directamente a la exmagistrada. En agosto de 2021, Pérez ordenó la remoción del entonces registrador público de la propiedad de Rivas, Pedro Muñoz Carranza.
La razón: la negativa de Muñoz Carranza a inscribir una valiosa propiedad, valorada en más de 200 000 dólares, a favor de Emilio Chang López, juez de lo Civil en Rivas, y hermano de Pérez.
La propiedad había sido decomisada por la Policía al narcotraficante Luis Medina Amoretti, asesinado por sicarios en Costa Rica en 2014. La exmagistrada sustituyó al registrador con Jeiner Alexander Herrera Condega, quien meses después, procedió a inscribir la propiedad a nombre de Chang López.
Intervienen alcaldía de Rivas
El escándalo se destapó en febrero de 2022. Ese mes, el Frente Sandinista intervino la Alcaldía de Rivas por medio de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional y el Instituto de Fomento Municipal (Inifom).
El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, un dirigente local que apoyó con entusiasmo el proyecto del fallido canal interoceánico en 2014, fue suspendido de su cargo.
También forzaron a renunciar a funcionarios claves de la alcaldía: el gerente de proyectos, Doyler Balmaceda; la jefa de planificación, Martha Hernández; el director de proyectos, Ernesto Barrios; y el asesor legal de la municipalidad, Carlos Molina.
Ese mismo mes, la exmagistrada fue llevada a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, conocida como El Chipote, para ser interrogada sobre la inscripción de la propiedad a favor de su hermano. Tanto la casa de Pérez como la del juez Chang fueron allanadas por la Policía Económica.
Sin embargo, el incidente no pasó a más. Pérez fue dejada en libertad y su hermano fue reasignado como juez de Distrito Penal de Juicio en Somoto, Madriz. Ni la Policía, ni la Corte Suprema de Justicia informaron sobre estos operativos y movimientos.
Un alcalde detenido y otro obligado a renunciar
Las investigaciones internas del Frente Sandinista continuaron, siempre bajo sigilo y secretismo. El exdiputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y exalcalde de San Juan del Sur, Gerardo Miranda Obregón, estuvo detenido ocho días en abril de 2022 en la cárcel de El Chipote, señalado de estar supuestamente involucrado en “por varias actividades de extorsión y tráfico de personas” en la zona de Tola, Rivas, y por “conspirar con el sandinismo histórico” en contra de Murillo.
La Alcaldía de Rivas se mantuvo acéfala e intervenida por el Inifom hasta el pasado 11 de julio, cuando López Hernández fue forzado a renunciar por presiones del Frente Sandinista.
La renuncia se llevó a cabo durante una sesión extraordinaria, convocada ese mismo día y que duró tan solo 30 minutos. El Concejo Municipal aceptó también la dimisión de la vicealcaldesa Esperanza Núñez.
Secretario político investigado por delitos contra la propiedad
El coletazo de esta sacudida alcanzó a Carazo, principalmente la ciudad de Diriamba. El 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una circular en la que informó que Osman Alexander Cardoza Bello era investigado por “delitos contra la propiedad”. Este ciudadano fungió como secretario político del FSLN en los departamentos de Rivas, Carazo, Granada y Masaya.
En la circular también se reporta que a Cardoza se le retiraron sus privilegios como abogado y notario público. Esa misma semana, se conoció que el Inifom intervino la Alcaldía de Diriamba y suspendieron de sus labores al entonces alcalde sandinista de la ciudad, Fernando Baltodano. También fueron despedidos tres de sus colaboradores más cercanos.
Fuentes cercanas al caso informaron que la investigación estaba vinculada a supuestos actos de corrupción ocurridos en las alcaldías de Rivas y Diriamba. En el caso de López Hernández era por presunta malversación de fondos asignados al proyecto de viviendas Bismarck Martínez. Mientras que el alcalde Baltodano estaba suspendido por irregularidades en la emisión de unos cheques.
Sin embargo, en medio de estos supuestos malos manejos de recursos públicos, estaría de trasfondo el tema de las propiedades costeras en Rivas y Carazo, que es por lo que se investigaba al secretario político Cardoza Bello.
Fuentes del FSLN en Carazo confirmaron a CONFIDENCIAL que Cardoza Bello estuvo detenido por varios días, hasta que fue liberado y removido de su cargo partidario.
“Hasta hace un tiempo era considerado el hombre fuerte del partido sandinista en estos departamentos y él se encargaba de medirle las costillas a todos los alcaldes de la zona”, indicó una fuente del partido en Rivas.
La circular firmada por Rubén Montenegro, secretario de la CSJ, gira un oficio a la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios, para que deje sin efecto el número de registro 32565, correspondiente a Cardoza Bello. Además, solicita se inhabilite cualquier trámite que tenga pendiente y se retire su nombre de la base de datos del Poder Judicial.
El alcalde Fernando Baltodano Velásquez durante una actividad de la comuna diriambina, en diciembre pasado. Foto: Tomada del 19 Digital
Alcalde Fernando Baltodano se “suicida”
El hilo de corrupción tomó un cariz más sombrío en el caso del alcalde Baltodano. El 27 de agosto, se conoció el hallazgo de su cadáver dentro de su camioneta, en un punto del tramo de carretera Diriamba-La Boquita. El funcionario tenía un impacto de bala en la cabeza.
En redes sociales circuló una fotografía del cadáver, en la que el alcalde aparece sentado frente al timón de su vehículo y agarrando una pistola con ambas manos. La imagen desató una ola de especulaciones entre los pobladores de Diriamba, quienes consideran que Baltodano fue asesinado.
La Policía Nacional no dijo nada del incidente hasta dos días después del hallazgo del cadáver. Lo hizo después de que Murillo —en sus monólogos de mediodía— se pronunció sobre el caso e insinuó que el alcalde sandinista se “suicidó”, ya que este supuestamente padecía problemas de “depresión”, que lo llevaron a tomar “una decisión trágica y dolorosa”.
“Le venían aquejando dolencias. Todos sabemos lo difícil que es lidiar con ánimos disminuidos, con depresión. Esa depresión lo llevó a tomar esa decisión fatal”, dijo Murillo. Posteriormente, la Policía ratificó la información de Murillo y señaló el incidente como un suicidio, dando el caso por cerrado.
El 8 de julio de 2018, Baltodano fue señalado por pobladores de Diriamba de ser uno de los organizadores —junto al alcalde Mariano Madrigal, de Jinotepe— de la “Operación Limpieza” en Carazo, donde más de 20 ciudadanos fueron asesinados a manos de policías y paramilitares en el contexto de las protestas que exigían la salida del poder de Ortega y Murillo.
También fue acusado de coordinar, el 9 de julio de 2018, el ataque de turbas orteguistas y paramilitares contra el cardenal Leopoldo Brenes; el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez; y el entonces nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, cuando llegaron a la Basílica Menor de San Sebastián, en Diriamba, para liberar a un grupo de jóvenes que se encontraban refugiados en el templo, rodeados por paramilitares del régimen orteguista.
Quince días después de la muerte de Baltodano, el Frente Sandinista impuso de dedo como candidato a alcalde de Diriamba a su hijo, Harold Antonio Baltodano Cruz, en fórmula con la actual vicealcaldesa, Mayling Figueroa Argüello, quien fue ascendida a ese cargo tras la extraña muerte del alcalde sandinista. Ambos fueron “electos” este 6 de noviembre, en la secuela de la farsa electoral con la que el FSLN se adjudicó todas las 153 alcaldías del país.
La exmagistrada Ileana Pérez, forzada a renunciar por los escándalos de corrupción que comenzaron en Rivas.
Foto: Confidencial | Archivo.
La “´purga” orteguista en Rivas llega a Managua
Las purgas a lo interno del Frente Sandinista no pararon con la muerte del alcalde Baltodano y la caída del secretario político de Rivas y Carazo, y llegaron hasta Managua, más precisamente al corazón del Poder Judicial.
Una cacería interna desatada por el Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia implicó la renuncia forzada por “órdenes superiores” de Katia Jaentschke Acevedo y Ruth Tapia Roa, directora de Relaciones Internacionales y Protocolo, respectivamente, del Poder Judicial y el encarcelamiento del vocero del Poder Judicial, Roberto Larios. Días más tarde, la magistrada Ileana Pérez volvió a quedar en medio de la pugna de poder a lo interno del partido rojinegro.
Pese a haber sorteado una investigación e interrogatorios en El Chipote en febrero pasado, los coletazos de lo ocurrido en Rivas y Carazo finalmente golpearon a la magistrada leal al dictador Daniel Ortega.
El 20 de octubre, se conoció que la magistrada Ileana Pérez, fue democionada por “órdenes superiores” de la Secretaría del FSLN. Tenía custodia policial en casa y ya no ejercía ninguna autoridad en el Poder Judicial.
Tres días después de publicado este reporte por CONFIDENCIAL, los medios de la propaganda del régimen divulgaron la carta de renuncia de Pérez, aduciendo razones de salud.
La exmagistrada no respondió las llamadas de CONFIDENCIAL para abordar su situación actual. Ni la protección de Néstor Moncada Lau, como el magistrado sandinista del Poder Judicial, Marvin Aguilar, la pudieron salvar de su caída en desgracia, en medio de aparentes pugnas de poder entre Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Yader Morazán, exfuncionario judicial de Nicaragua, dijo que el círculo cercano de Pérez fue llevado a El Chipote—como se conoce a las cárceles de la DAJ— para ser objeto de interrogatorio. “En todo lo que tiene que ver con esa asignación administrativa (la de la circunscripción sur) había un rol político: dar informes, actividades y decisiones políticas. Ahora ha cambiado la naturaleza, ponerse de acuerdo con los secretarios políticos de esa circunscripción para hacer el trabajo”, explicó Morazán.
La carta de renuncia está fechada el viernes 21 de octubre. Fue dirigida a la primera secretaría de la Asamblea Nacional y en la misma Pérez argumentó “motivos de salud” para dimitir a un cargo que asumió en 2014 con el respaldo del régimen de Daniel Ortega, tras el fallecimiento entonces de la magistrada sandinista Ligia Molina.
“Me dirijo a ustedes a fin de presentar mi renuncia al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia por motivos de salud y que requiere de atenciones, poniendo a su disposición el cargo”, escribió Pérez.
El martes 25 de octubre, la Asamblea Nacional –controlada por el Frente Sandinista y sus colaboracionistas políticos–, dio curso a la renuncia presentada por Pérez. No hubo debate entre los diputados. A diferencia de la renuncia presentada por el exmagistrado Rafael Solís, la carta de la exmagistrada Pérez si fue leída en el hemiciclo legislativo.
Posteriormente, los parlamentarios procedieron solícitamente a apretar el botón para aprobar la renuncia. El hilo de corrupción que comenzó en Rivas con la democión de un registrador público, fue cortado de tajo en Managua, al menos por ahora.
Línea de tiempo
El hilo de corrupción que derribó varias “cabezas” en el FSLN
Tras la caída de varios funcionarios y operadores del gobernante Frente Sandinista, hay un hilo de corrupción que conecta varias piezas en Rivas, Carazo y Managua. Estos son los principales hechos ocurridos en un poco más de año, que han terminado sacudiendo las entrañas del partido rojinegro.
2021
15 de agosto
El registrador de la propiedad de Rivas, Pedro Muñoz Carranza, es destituido por negarse a inscribir a nombre del juez de lo Civil de Rivas, Emilio Chang López –hermano de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ileana Pérez– una propiedad del narcotraficante Luis Medina Amoretti, asesinado por sicarios en Costa Rica en 2014.
2022
4 de febrero
La magistrada Ileana Pérez es interrogada en El Chipote por ordenar la destitución del registrador Pedro Muñoz Carranza, y colocar en el cargo a Jeiner Alexander Herrera Condega.
10 de febrero
El alcalde del FSLN de Rivas, Wilfredo López Hernández, es suspendido de su cargo. También obligan a renunciar funcionarios claves de su administración, como el gerente de proyectos, Doyler Balmaceda; la jefa de planificación, Martha Hernández; el director de proyectos, Ernesto Barrios, y el asesor legal de la comuna, Carlos Molina.
8 de abril
El exdiputado del FSLN y exalcalde de San Juan del Sur, Gerardo Miranda Obregón, es detenido por ocho días en El Chipote, señalado de estar involucrado en “actividades de extorsión y tráfico de personas” en la zona de Tola y “conspirar con el sandinismo histórico” en contra de Rosario Murillo.
27 de junio
El Instituto de Fomento Municipal (Inifom) mantiene intervenida la acéfala Alcaldía de Rivas, mientras el aún alcalde Wilfredo López sigue suspendido del cargo, investigado por presuntos actos de corrupción en la municipalidad, con fondos del proyecto de viviendas Bismarck Martínez.
11 de julio
El alcalde de Rivas, Wilfredo López Hernández, “renuncia” a su cargo por presiones del FSLN, en una sesión extraordinaria y exprés de 30 minutos. El Concejo Municipal también acepta la dimisión de la vicealcaldesa Esperanza Núñez, y nombra alcaldesa a la secretaria general Vilma Casanova.
18 de agosto
Intervienen la Alcaldía de Diriamba, y el secretario político del FSLN en Rivas y Carazo, Osman Alexander Cardoza Bello, es señalado de coordinar “actos de corrupción en ambas alcaldías” y es removido de su cargo partidario. Una circular de la CSJ informa que Cardoza fue investigado por delitos contra la propiedad. También investigan al alcalde de Diriamba, Fernando Baltodano.
22 de agosto
El alcalde del FSLN en Diriamba, Fernando Baltodano Velásquez, es encontrado muerto con un impacto de bala en la cabeza en el interior de su camioneta, estacionada en un predio baldío en la carretera entre Diriamba y el balneario La Boquita. En redes sociales, circula una fotografía de Baltodano –sentado frente al timón de su vehículo, con la pistola sobre ambas manos– que desata especulaciones sobre un posible asesinato. La Policía asegura suicidio.
13 de septiembre
El FSLN designa por dedazo como candidato a alcalde de Diriamba a Harold Antonio Baltodano, hijo del alcalde fallecido, y continúan las especulaciones sobre su muerte y el supuesto tráfico de propiedades investigado por el FSLN.
20 de octubre
Por “órdenes superiores” de la Secretaría del FSLN, la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de Familia de la CSJ, es democionada de la circunscripción sur, que comprende los departamentos de Rivas y Granada, donde el sistema de justicia administra litigios de valiosas propiedades costeras y casos vinculados al narcotráfico.
23 de octubre
La magistrada Ileana Pérez, renuncia al cargo por supuestos “motivos de salud” en medio de una pugna de poder entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el coletazo de la corrupción en Rivas. Previo a su salida, otras dos funcionarias fueron despedidas y también fue encarcelado el vocero de la CSJ, Roberto Larios, aunque con esto no hay un vínculo aparente con la magistrada.
6 de noviembre
Harold Antonio Baltodano, hijo del alcalde fallecido Fernando Baltodano, es designado como nuevo alcalde de Diriamba por el FSLN, que se adjudicó todas las alcaldías de los 153 municipios de Nicaragua en una secuela de la farsa electoral de 2021, con la que se reeligieron Daniel Ortega y Rosario Murillo.
